Múltiples factores inciden en que el proceso electoral en curso sea distinto de los anteriores, tenemos una nueva ley de régimen electoral y la tan esperada ley de partidos, las cuales a pesar de sus deficiencias someten el proceso a una mayor regulación, el presidente no pudo reelegirse y no es lo mismo enfrentar a este que a su alter ego, la pugna entre los dos líderes del partido oficial eleva las denuncias y los niveles de alerta, la incidencia de las redes sociales y la utilización de los celulares para grabaciones de videos, rompen barreras y dificultan mantener secretos.
Esas nuevas circunstancias a su vez hacen que se reclame con mayor vigor el cumplimiento de disposiciones legales, como es el caso del artículo 80 numeral 13 de la Ley 41-08 de Función Pública que dispone que a los servidores públicos les está prohibido: “Servir intereses de partidos en el ejercicio de sus funciones, y en consecuencia, organizar o dirigir demostraciones, pronunciar discursos partidistas, distribuir propaganda de carácter político, o solicitar fondos para los mismos fines, así como utilizar con este objetivo los bienes y fondos de la institución.”
Aunque nuestra Constitución no consigna expresamente prohibiciones de participación en actividades proselitistas para los funcionarios o de realizar aportes a partidos o candidatos o de inducir a otros a que lo hagan, como es el caso en otros países, la misma dispone en su artículo 135 que “Los ministros y viceministros no pueden ejercer ninguna actividad profesional o mercantil que pudiere generar conflictos de intereses.”
Por más que lo intenten no es posible convencernos de que sea legítimo, conveniente y adecuado que prácticamente todo el equipo de gobierno se integre a la campaña de candidatos
Participar en actividades proselitistas puede generar un conflicto de interés a los funcionarios, pues sus acciones y decisiones podrían estar indebidamente influidas por los intereses del candidato de cuyo equipo forma parte.
Por más que el Ministro de Administración Pública intente justificar que no habría violación a dicha ley porque la misma no prohíbe a los servidores públicos realizar proselitismo político después de la jornada laboral, es prácticamente imposible separar a la persona de su función pública, pues ser ministro, superintendente o director general va mucho más allá de un horario; como también lo es separar el ejercicio de la función de la actividad de campaña, pues aunque asista a actividades fuera del horario laboral, nada puede controlar que durante ese horario piense y actúe como activista.
En efecto esa es una de las cargas más pesadas para los funcionarios públicos, a quienes es muy difícil despojarse de su condición, inclusive en actividades sociales, y les resulta imposible en un país pequeño como el nuestro, asistir a un lugar de esparcimiento sin ser abordados como tales.
Con mayor razón será imposible que en una actividad proselitista o en la solicitud de una contribución o invitación a un acto se visualice a la persona y no al cargo que ostenta, y el accionar de ese funcionario directa o indirectamente incidirá en el de los empleados de su dependencia. La inclusión de funcionarios en comandos de campañas tiene precisamente como objetivo sumar adhesiones derivadas de sus cargos, pues de lo contrario candidatos que gastan millones en asesores y publicidad integrarían los mismos con colaboradores a tiempo completo y no con funcionarios.
Por eso por más que lo intenten no es posible convencernos de que sea legítimo, conveniente y adecuado que prácticamente todo el equipo de gobierno se integre a la campaña de candidatos, pues no solo es casi imposible que puedan separar el cargo de su labor proselitista, sino que les será más difícil aun no desviar la debida concentración en sus funciones ante la efervescencia, el apasionamiento y el enorme trabajo que significa una campaña. Sumando al candidato, restarán al interés general y al país.