República Dominicana se prepara para llevar a cabo el próximo 5 de julio uno de sus procesos constitucionales de mayor envergadura: celebrar la elección de un nuevo presidente y vicepresidente del país, y renovar a sus representantes legislativos en un congreso bicameral.
Con este derecho constitucional, los dominicanos decidirán hacia dónde quieren que el país se encamine durante los próximos cuatro años.
Tendrán la oportunidad de decidir si debe continuar en el poder el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), que lleva 16 años continuos gobernando, o darles la oportunidad a otros dirigentes políticos concentrados en una alianza opositora que ha convertido al Partido Revolucionario Moderno (PRM) como la opción mayoritaria.
En medio de una pandemia mundial, letal y extremadamente contagiosa como los es el Covid-19, los dominicanos se preparan para ir a votar cumpliendo con las medidas sanitarias de protección recomendadas y bajo el arbitraje de la Junta Central Electoral (JCE).
Recientemente, el presidente Danilo Medina habló al país para tratar los tres temas que los dominicanos querían escuchar: flexibilización de las medidas de cuarentena aplicadas contra la expansión de la pandemia; las regulaciones que limitan las actividades económicas y sociales, y la celebración de las elecciones el 5 de Julio.
El mandatario dominicano garantizó la celebración de los comicios en la fecha establecida, independientemente de los problemas que enfrenta el país caribeño con la pandemia del Coronavirus.
Modificó ligeramente las medidas de cuarentena y ordenó reapertura paulatina de empresas, negocios y servicios públicos.
Aseguró tener un compromiso con la democracia, con los plazos y procesos establecidos por la Constitución, y que el proceso electoral se celebre con la participación masiva de todos los ciudadanos hábiles para ejercer del sufragio.
Pero en todo su discurso, el primer mandatario no se refirió al tema del voto de los dominicanos en el exterior, dejando en la incertidumbre a los dominicanos residentes en el extranjero interesados en participar en dicha contienda.
El presidente Medina y el Pleno de la JCE saben que la Constitución y las leyes establecen ese derecho a la diáspora dominicana, brindándoles la oportunidad de elegir, además del presidente y vicepresidente, a sus representantes “Diputados de Ultramar”.
Los directivos de la JCE, ni siquiera se han empeñado en completar la juramentación de los miembros de la Coordinación de la Logística Electoral del Exterior (OCLEE), responsables de administrar y organizar el proceso electoral en el exterior cuando faltan unos 30 días hábiles para las elecciones.
Sin la OCLEE, no habrá elecciones en el extranjero. Son muchos los recursos económicos y de logística operativa que hay que movilizar para lograr en tan poco tiempo el montaje de ese evento fuera del país.
El estado de Nueva York, el principal centro de propagación de la pandemia del Coronavirus, está en emergencia con cierre de escuelas públicas y privadas, iglesias, empresas y negocios no esenciales, en prevención de la propagación de la pandemia.
Los dominicanos sanos residentes en Nueva York están refugiados en sus hogares, o asistiendo por necesidad a sus lugares de trabajo y supermercados. Muchos de ellos padeciendo el contagio del coronavirus y oros cientos han muerto por la misa enfermedad.
Las seccionales de los partidos políticos y organizaciones comunitarias locales están inactivas por las restricciones ordenadas por las autoridades, lo que no garantiza una participación masiva de votantes.
Los dirigentes políticos están imposibilitados de convocar marchas o reuniones proselitistas para motivar a sus compatriotas salir a votar. Sus opiniones en defensa del voto en el exterior lo hacen vía telefónica a los medios de comunicación.
El gobernador del estado de Nueva York Andrew Cuomo, el alcalde de la ciudad Bill de Blasio y el congresista federal de origen dominicano Adriano Espaillat, apoyan y autorizan la realización del certamen electoral en esta urbe. Aún falta el gobierno federal quien tiene la última palabra.
Para el evento electoral de 2016, se utilizaron a nivel estatal unos 75 recintos electorales en la circunscripción #1, en su mayoría escuelas públicas habilitadas para los colegios electorales.
Las autoridades dominicanas tuvieron que pagar a cada local escolar un seguro de protección que oscilaba entre $4,000 y $5,000 dólares por uso de esos espacios.
La JCE anunció haber recibido la suma de $1,800 millones de pesos (unos $32 millones de dólares) para la celebración de las elecciones extraordinarias en República Dominicana.
Se desconoce si dentro de su presupuesto de gastos presentados estaba incluida la organización del sufragio en el exterior.
Falta por conocer si otros países que han suspendido sus propias elecciones internas este año por culpa del Covid-19 autorizarían una actividad similar en su territorio, para complacer a un país extranjero.
La alternativa del voto ausente vía correo regular tampoco es viable, ya que es otro complejo proceso que implica planificación con suficiente tiempo de antelación antes de su ejecución.
De no realizarse las elecciones en el exterior, el Congreso dominicano perdería siete diputados, debido a la ausencia forzada de casi 600 mil compatriotas empadronados que se verían imposibilitados de ejercer su derecho al voto en sus respectivas 3 circunscripciones, como lo ordena la Constitución de su país.