Una nueva celebración del día de la Constitución debería servir para que más allá de los discursos formales o declaraciones recordando la trascendencia de la aprobación de la primera Carta Magna que instituyó nuestra República o la importancia de la Constitución, se produzca un espacio de reflexión sobre las debilidades de nuestra historia constitucional y sus consecuencias.
La fortaleza de un Estado de Derecho depende precisamente del respeto a la Constitución, lo que conlleva múltiples aspectos desde la estabilidad en el tiempo de sus disposiciones, el riguroso cumplimiento de sus mandatos y el compromiso firme con el espíritu de sus principios fundamentales, evidenciado en los hechos, no en la simple existencia de instituciones.
Todos conocemos las grandes falencias que tenemos en materia de cumplimiento de la Constitución y la ley, pero no existe una real conciencia de que este incumplimiento es la causa primigenia de una gran cantidad de los problemas fundamentales de nuestro país, sino es que de todos.
Esta falta de conciencia de los efectos fatales de la cultura de ilegalidad ha permitido que distintos gobiernos y autoridades no solo violenten la ley, sino que hasta lo justifiquen, y que nos hayan acostumbrado a que algunos de los postulados de la Constitución estén sometidos a un vergonzoso vaivén dependiendo de los intereses de la mayoría de turno, acompañada de quienes por conveniencia han estado dispuestos a ser parte del coro, como ha sido el caso de la posibilidad de repostularse a la presidencia de la república.
Lo primero que deberíamos preguntarnos es porqué esto sucede sin consecuencias, distinto a lo que acontece en otras sólidas democracias, y una razón primordial es que en nuestro país el control y el balance entre los poderes ha sido históricamente débil porque la separación e independencia de los mismos, principio fundamental de nuestra República no es una realidad cabal, y sigue siendo una aspiración para muchos y un elemento de temor para los gobernantes, quienes se han acostumbrado a la cómoda hegemonía, y rechazan los odiosos pero muy necesarios controles.
También sucede porque para muchos la institucionalidad y el cumplimiento de la ley son temas ajenos, ignorados o poco comprendidos, ya que entienden que sus principales necesidades son económicas y que mientras quien esté gobernando le convenga a sus bolsillos están dispuestos a cerrar los ojos. Lo peor es que esa corta visión se da en todos los niveles de la sociedad, desde los más altos a los más bajos, aunque la responsabilidad sea mayor para los que por tener mejores conocimientos y oportunidades deberían estar más comprometidos con la transformación del país y la superación de históricos yerros.
Y ya no se trata solamente de que las autoridades deciden que quieren cumplir, o de que el Congreso sea cada vez menos contrapeso luego de que se eliminara la separación de las elecciones congresuales y presidenciales, sino de que su rol se vea cada vez más desnaturalizado, como evidencia la inclusión en la ley de presupuesto de autorizaciones al ejecutivo para que cada año pueda violentar leyes vigentes, lo que como fue tolerado provocó que ahora se quiera ir más allá pretendiendo incluir en dicha ley una autorización previa para enajenar bienes del Estado que reduce al Congreso a receptor de información.
Para celebrar la Constitución se necesita mucho más que un simple feriado, se requiere de cumplimiento diario por parte de las autoridades y de una ciudadanía presta a exigirlo y a demostrar su intolerancia a la recurrente mala práctica de irrespetarla banalizando la modificación de sus preceptos, como si se tratara de cortar y pegar simples trozos de papel.