El Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) ha iniciado las entrevistas de los 46 candidatos que aspiran a ser miembros del Tribunal Constitucional, en una apresurada agenda de tres días que no permitirá evaluar con la profundidad requerida a los candidatos ni conocer sus líneas de pensamiento, en adición a que el breve tiempo concedido para cada entrevista tampoco será aprovechado de la mejor manera por la vaguedad de las preguntas a los entrevistados.
Lo ideal hubiese sido que luego de una primera selección y ronda de entrevistas, se hiciese una segunda selección de una lista corta de candidatos cuyo número debería guardar relación con las vacancias a suplir, y que los que formaran parte de esa lista fuesen sometidos a una segunda ronda de entrevistas, lo que hubiera permitido una mejor evaluación y mayor conocimiento de los candidatos; pero penosamente estas sugerencias de modificación al Reglamento No.1 del CNM no fueron acogidas.
Y es importante que se insista en esto, porque es la única forma de garantizar un proceso con mayores niveles de transparencia, puesto que mientras más insulsas sean las entrevistas y mayor el número de los entrevistados, menos la sociedad podrá conocer los méritos o desméritos de éstos y la escogencia podrá ser más discrecional; mientras que por el contrario, si el número de entrevistados se reduce y se da oportunidad de conocer al público quienes son los mejores, será más difícil dejar fuera de la selección a los que el sentir general entienda como los más calificados.
En manos de los 8 miembros del CNM y particularmente de la mayoría que tiene el presidente de la República y de dicho consejo, está la decisión de seleccionar cuatro jueces que reúnan el perfil requerido, lo que de tenerse el deseo es posible lograrlo puesto que entre los preseleccionados hay alrededor de una decena de excelentes candidatos; pero de no existir esa voluntad, lamentablemente hay también muy malos candidatos y otros que representan un alto nivel de peligrosidad quienes de ser escogidos infringirían un severo daño al Tribunal Constitucional y a nuestro débil sistema judicial.
Penosamente al no haberse aceptado tampoco que las objeciones sean anónimas, en un país pequeño donde el amiguismo prima y en el cual, por la debilidad institucional las consecuencias de hacer reparos públicos pueden ser muy gravosas, pocos harán uso del mecanismo y este no servirá de nada como ha quedado demostrado.
Aunque para muchos la selección ya está hecha y hasta se realizan apuestas sobre quienes serán los agraciados, a lo que debemos apostar todos es a que de este proceso salga fortalecido y no debilitado el Tribunal Constitucional.
La sociedad tiene la responsabilidad de darle la debida importancia a este proceso, estando atenta a sus avances y haciendo sentir a las autoridades el peso de su decisión, pues el mismo es la antesala de uno aun mayor de evaluación y eventual ratificación o sustitución de 11 jueces de la Suprema Corte, y el resultado de ambos podría mejorar o debilitar aún más nuestra justicia.
Afortunadamente algunos excelentes juristas y jueces de carrera aceptaron someterse al proceso, pero no podemos permitir que se siga erosionando la confianza ciudadana en los procesos democráticos haciendo una selección alejada de criterios objetivos que deje fuera candidatos marcadamente mejores que el resto, lo que no solo frustraría aún más a la sociedad y disminuiría la vocación de participación de buenos candidatos sino que nos haría perder la oportunidad de elegir personas con las competencias y las experiencias necesarias, y sobre todo con las cualidades de integridad, independencia y responsabilidad indispensables para ejercer el rol de control de los poderes públicos.