Dentro del marco de la Asamblea General de la OEA, la ONG Save the Children organizó un interesante panel informativo para tratar sobre la importancia de la Inversión en Niñez y Adolescencia en América Latina y el Caribe intitulado: "Una Prioridad de los Estados en la búsqueda del Fortalecimiento Institucional para el Desarrollo”.
Gracias a la calidad de los exponentes, Dr. Jorge Cardona, miembro del Comité de los Derechos del Niño de NNUU; Rosa María Ortiz, relatora sobre derechos de la niñez de la CIDH, y Pedro Hurtado Vega, experto en gobernabilidad sobre derechos de la niñez de Save the Children, el público presente pudo tener una visión sintética y clara del impacto cada vez mayor de la cuestión de los derechos de la niñez y de la adolescencia a nivel del continente y su traducción en un incremento de las asignaciones para la niñez en los presupuestos de los estados. Invertir en la niñez es un indicador del giro efectuado por los gobiernos en el abordaje de los temas que envuelven a la niñez y a la adolescencia y de la importancia que éstos dan a este grupo de población y el cumplimiento de sus derechos.
Este enfoque fue reforzado por los últimos instrumentos internacionales, principalmente en la 3ra Conferencia para la Financiación del Desarrollo que tuvo lugar en junio de 2015 en Addis Abeba (Etiopía). También a través de la Resolución A/HRC/L.28 “Hacia una mejor inversión en los DDNN”, del Consejo de DDHH de la ONU- Marzo 2015; de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU- Septiembre 2015 (11 de 17, directamente), y la Observación General No. 19 (2016) “Presupuestos públicos para realizar los DDNN” del Comité de DDNN, Junio 2016.
El punto de partida de esta nueva perspectiva fue la Convención sobre los Derechos del Niño aprobada por las Naciones Unidas en 1979 que implicaba aceptar que los niños y niñas son sujetos plenos de derechos y que los estados y las sociedades deben cambiar su forma de ver y actuar en relación a la infancia y adolescencia, creando nuevas legislaciones en conformidad con la Convención. República Dominicana ratificó la Convención el 11 de junio del año 1991. Desde entonces, el país ha desarrollado una legislación nacional más acorde con este acuerdo, específicamente el Código para el Sistema Nacional de Protección y los Derechos Fundamentales de Niños, Niñas y Adolescentes, o sea la Ley 136-03. Ahora bien, para garantizar “los derechos fundamentales de supervivencia, desarrollo, participación y protección especial de los niños, niñas y adolescentes” se precisa del aumento de las asignaciones presupuestarias.
En el panel al que hago referencia los ponentes constataron que, en la región, las asignaciones presupuestarias en el área social en general y particularmente en niñez y adolescencia están en aumento progresivo, lo que permite medir el grado de materialización de derechos y la priorización en la temática por parte de los estados.
Nos recordaron que República Dominicana figura junto a Argentina, Colombia, Ecuador, Egipto, El Salvador, Honduras, India, México, Perú, Uganda o Yemen como ejemplo de países que han podido medir la inversión en la infancia con un enfoque multisectorial. Otro punto positivo que se expuso es que el crecimiento económico y el índice de desarrollo humano evidencian un aumento en la República Dominicana, lo que deja entender que nuestro país forma parte de los países que ya disponen de recursos suficientes para destinar fondos a la inversión en favor de la niñez y la adolescencia.
La expositora representante del Plan Quisqueya Empieza Contigo hizo una disertación sobre los logros del Gobierno en tratar de cumplir con sus obligaciones en materia de niñez y adolescencia, que se materializan en los esfuerzos y frutos alcanzados por el país en materia de atención integral a la primera infancia dentro del marco del 4% para la educación.
En esta misma línea, la semana pasada el Ministro de Educación -en una entrevista al periódico el Caribe- hizo algunos comentarios sobre los progresos del Ministerio en materia de educación pública vinculados al 4% y a las metas relativas a mejorar el sistema educativo tales como inversión en la formación de maestros, contratación de maestros extranjeros de alto nivel para elevar la profesionalidad de los docentes e introducción de la educación sexual a partir de agosto 2016 en el plan des estudios de las escuelas publicas.
Sin embargo, mucho queda por hacer. La voluntad de los gobiernos de invertir en niñez y adolescencia debe estar expresada de manera explícita en presupuestos de corto, mediano y largo plazo para que las políticas, planes, programas e instrumentos con los que el país cuenta se hagan efectivos y se camine hacia la materialización de los derechos de niños, niñas y adolescentes.
Esto debe realizarse, además, dando participación a la niñez y la adolescencia, principio fundamental de la Convención de los Derechos del Niño. Deben ser partes actoras, activas y veedoras, y no simples beneficiarias pasivas de la inversión.
Uno no se puede ocultar que queda un largo camino por recorrer. Un estudio realizado por Aldeas Infantiles S0S, que salió a la luz pública en días recientes, apunta que el número de niños, niñas y adolescentes que viven con sus padres en la República Dominicana disminuyó progresivamente entre los años 2007 y 2013, pasando del 56 al 48.3%. En el grupo de menor ingreso se registra el más alto nivel de menores que no viven con sus padres, un 16.3%.
Por otro lado, el último informe de Desarrollo Humano del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) llama la atención sobre la volatilidad de ciertos éxitos. Reconoce los avances que se han registrado en el país pero advierte que el 45.7% de la población se encuentra en situación de alta vulnerabilidad, o sea, que podría volver a caer en situación de pobreza.