Al parecer llegaremos a las elecciones municipales extraordinarias sin conocer los resultados de la auditoría sobre las fallidas elecciones del pasado 16 de febrero estableciendo las causas y los responsables del colapso del sistema automatizado que obligó a la Junta Central Electoral (JCE) a cancelarlas.

El fracasado proceso evidenció que no solo falló el sistema de voto automatizado, sino la organización, logística, comunicación y control de calidad, y que en los distintos colegios se produjeron situaciones indeseadas que deben ser corregidas como la falta de protocolos precisos y completos para que los funcionarios de cada colegio electoral supieran qué hacer ante cada una de las situaciones que podían presentarse.

Lo primero que debió haber hecho la JCE fue pedir a los miembros de los colegios electorales completar un formulario en el que plasmaran sus impresiones sobre el abortado proceso y dieran sus recomendaciones de aspectos a ser tomados en cuenta o que debían mejorar. Tanto la JCE como los propios partidos parecen partir del criterio de que todos los problemas radicaron exclusivamente en el fallo  del sistema automatizado y que bastaba con suplantarlo por el voto manual, y no es así.

Es evidente que parte del problema  fue que la JCE no pudo realizar el debido control de calidad previo a la celebración de las elecciones fallidas, y esa falta de control de calidad podría presentarse igualmente en las elecciones extraordinarias, pues no se trata solo de sustituir el voto automatizado por el manual, sino de corregir todas las fallas y asegurarse de que cada uno de los puntos del proceso a seguir esté perfectamente coordinado, planificado, instrumentado por escrito y explicado, así como deben estar descritos los distintos posibles escenarios de dificultades con las propuestas de soluciones a seguir, lo que no luce ser el caso.

Llama a preocupación que personas que participaron como miembros de colegios electorales y que lo harán nuevamente, a la fecha no hayan recibido ninguna instrucción de la JCE sobré cómo operará el proceso ni tampoco nuevo entrenamiento sobre el voto manual.

Por eso es tan lamentable que en víspera de las elecciones la JCE haya rechazado la solicitud de los principales partidos de oposición de posponer la fecha de presentación de candidaturas para después de celebradas las elecciones extraordinarias, pues no se trataba de darle más tiempo a estos para presentarlas y de que el partido oficial alegara que este si estaba preparado para hacerlo y se opusiera, sino de que esta y las distintas juntas electorales no tuvieran que dedicar parte de su tiempo en recibir dichos expedientes, revisarlos y tomar las decisiones sobre su admisión en el breve plazo de 5 días.

Eso demuestra nuevamente un exceso de seguridad por parte de nuestras autoridades electorales que luego del fracaso de las pasadas elecciones debió dar paso a un humilde reconocimiento de los errores cometidos y a un riguroso afán de hacer todo lo posible por evitarlos. Y por otra parte los representantes de los principales partidos actúan como si las elecciones no estuvieran a la vuelta de la esquina y siguen empantanados en un diálogo promovido por la sociedad civil para ponerse de acuerdo en algo tan obvio como cumplir el mandato de ley de elegir al procurador especializado de delitos electorales y de garantizar su independencia.

Haciendo una analogía con la memorable advertencia de un vidente al emperador romano Julio César del grave peligro que corría en los idus de marzo desestimada  por este alegando que ya habían llegado, a lo que este le contestó “sí, pero aún no han acabado”, precisamente este 15 de marzo recordamos al presidente Julio César Castaños y demás miembros de la JCE que es su deber escuchar toda advertencia y cuidar al máximo el proceso de estas elecciones para asegurar su éxito, y  tener muy presente que pasados los idus de marzo, llegarán los de mayo, los cuales requerirán aún más celo y esmero.

 

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