Hace unas semanas, como de costumbre, abrí una pestaña para leer el periódico y enterarme sobre los acontecimientos del día. Cuando leí el titular sobre Estela de Carlotto, la abuela de las madres de mayo que encontró a su nieto tras 36 años de lucha, me emocioné.
Al leer el artículo sentí admiración por esas personas que luchan por los derechos humanos y se preocupan porque éstos se traduzcan en realidad, es decir que no queden en meras promesas de papel. Y no pude evitar relacionar ese evento ocurrido en Argentina con nuestra propia historia.
En nuestro país también se han tomado medidas para frenar el olvido, para tener presente nuestra memoria histórica. Los descendientes de las víctimas son los que se han encargado de que recordemos a los que se enfrentaron a las injusticias de las tiranías. Han protegido el legado de sus padres y abuelos, buscando mantener vivo el recuerdo de lo que realmente pasó en esa época. Así, Minou Tavárez Mirabal apoderó a la justicia dominicana para que se esclarezcan los hechos de la muerte de su padre, y se condene a los culpables.
En cuanto a medidas institucionales, por un lado tenemos la creación del Museo Memorial de la Resistencia Dominicana que nos muestra la trayectoria de los disidentes, mayormente en la dictadura de Trujillo. A pesar de que fue creado mediante Decreto No. 287-07, es importante aclarar que en este caso, como suele ocurrir, la medida institucional tiene su origen en el esfuerzo de las víctimas, sus familiares, y de las fundaciones patrióticas.
Por igual, el Estado ha dado reconocimiento a las víctimas a través de diversos actos, como por ejemplo, los que ha organizado la Cámara de Diputados en homenaje a sobrevivientes de la tiranía represiva de Trujillo.
Sin embargo algo queda claro, la memoria histórica en nuestro país ha fijado su objetivo, de manera principal, en los crímenes cometidos en la dictadura de Trujillo. Es cierto que en 30 años de régimen autoritario bajo el trujillato se cometieron las atrocidades más inverosímiles, llevándose consigo miles de víctimas.
Es preciso indicar que cada medida que busca conservar la memoria histórica de las violaciones cometidas en cualquier período, nos acerca más como nación a la concreción de los derechos de las víctimas, el derecho a la justicia, al esclarecimiento de la verdad y a la memoria histórica.
De todos modos, como bien dijo Guillermo Cifuentes en su artículo “Dale con los Derechos Humanos (2 de 2)”, no existe en la doctrina ni en la práctica de la defensa de los derechos, antecedente alguno que pueda sustentar eso de que “primero éstos para después seguir con aquellos”.
¿Por qué hago esa referencia? Es que esa idea aplica a cualquier discusión sobre derechos humanos. Toda persona a quien se le ha vulnerado sus derechos humanos, debe ser resarcida por esa violación, tanto la víctima como sus familiares. Y en el caso del derecho a la verdad y a la memoria histórica, como sociedad somos titulares de esos derechos.
Es decir, tenemos derecho a conocer qué pasó durante los gobiernos autoritarios que ha sufrido nuestro país.
Todo esto debe tenerse en cuenta para analizar objetivamente los crímenes cometidos durante los gobiernos de Joaquín Balaguer, y las razones que han llevado a que estas violaciones a los derechos humanos sean, en gran medida, cubiertas por el manto del olvido.