Si viviésemos en un país institucionalizado, con una oposición política efectiva, y entre ciudadanos educados, el PLD no habría sobrevivido la sucesión de escándalos que acumulan sus gobiernos. En cualquier democracia establecida, tanto Leonel Fernández como Danilo Medina habrían renunciado y respondido ante los tribunales. Pero en este “Estado de derecho“, no, aquí son aplaudidos, cortejados por opositores y posibles candidatos presidenciales.
Los planteamientos del Manifiesto Ciudadano lll resultan irrebatibles, permean esa indignación que embarga a todo aquel que rechaza el desastre político actual. Pero sus drásticas exigencias han servido para que el gobierno, conservadores, pesimistas, indiferentes, y quienes siguen creyendo que esto es democracia, las consideren desestabilizadoras; suponen que un poco más de doscientos intelectuales y profesionales pueden alterar el orden público. Insisten en que sus promotores son gente políticamente frustrada, pescadores de ríos revueltos, que conspiran para alzarse con el poder. Mucha imaginación se requiere para sacar esas conclusiones acerca de un grupo al que siempre han ninguneado.
Los autores del manifiesto conocen perfectamente la realidad socio-política dominicana, saben lo difícil que es cambiarla; sopesan las debilidades y el pasado de las organizaciones políticas, y el dormitar de las masas arrulladas entre dadivas y limosnas. Los firmantes están conscientes de que sus exigencias son simbólicas, pues la intención fundamental del manifiesto es conmover, llamar bruscamente la atención, advirtiendo sobre lo que pudiera suceder si seguimos sometidos a tanta agresión, ilegalidad y saqueo.
Alguien tenía que gritar, irse al extremo, pedir revoluciones y constituyentes, tratando de que se entienda la gravedad de lo que acontece.
El Manifiesto es una propuesta sin cortapisas, un cornetazo al oído, un susto para la reflexión. Sin embargo, produjo espanto entre los conmilitones del poder. Dramáticamente, evocaron a Venezuela, Cuba, y la revolución francesa. El manifiesto ni conspira ni promueve anarquía: es una exposición viva del extremo al que podríamos llegar si el PLD sigue gobernando. Paradójicamente, serán ellos y la clase gobernante – no los firmantes ni la Marcha Verde – quienes llevarán a este país a la desestabilización y al desorden.
Quienes critican el manifiesto, acogiéndose a la constitución y al “Estado de derecho”, se escandalizan leyendo lo de “Asamblea Constituyente”, burlándose del “Estado de excepción”, ateniéndose a una estricta ortodoxia jurídica, inexistente en esta media isla. Detallan “el peligro” y el “desfase” del documento, ignorando que se puede pensar y concluir sobre esta realidad sin detallar la constitución (Por cierto, proclive a variar artículos y acápites por “órdenes superiores”). Entonces, “analizando fuera del cajón”, he llegado a mis propias conclusiones.
Pensando sin jurisprudencia, concluyo que un “Estado de excepción” existe cuando los gobernantes violan la ley, modifican la constitución, roban al Estado, interfieren con el debido proceso de la ley, y manipulan las instituciones a su conveniencia. ¿No es acaso una situación excepcional en cualquier democracia constatar que el poder legislativo y el judicial son sirvientes del ejecutivo? Aquí sí hay un estado de excepción, aunque no lo indique nuestra endeble Carta Magna. Y eso es lo que sienten propios y ajenos al despertarse en las mañanas y al acostarse por las noches.
También afirmo que, desde hace mucho, el poder legislativo es una Asamblea Constituyente impopular. ¿Qué es, si no, una mayoría legislativa al servicio de un partido y de un presidente, capaz de apandillarse para endeudar irresponsablemente al país, llevándolo a una irremediable crisis económica que nos dejará hipotecados e intervenidos económicamente? Es solamente en una asamblea constituyente impopular donde se permite que delincuentes de toda laya se sienten en sus curules, y donde las manos se alzan al impulso de las papeletas. No se tiene que ser bolivariano a lo Maduro para dar al traste con un estado de derecho.
Si aquí existiesen gobernantes serios, oposición responsable, legisladores incorruptibles, cortes despolitizadas y procuraduría independiente, el Manifiesto lll no tendría razón de ser. Si Leonel, Danilo, y muchos otros estuviesen bajo investigación, tampoco estaríamos anunciando el Armagedón, ni augurando desgracias.