«Un millón de mujeres abortan cada año en Francia.
Ellas lo hacen en condiciones peligrosas debido a la clandestinidad a la que son condenadas cuando esta operación, practicada bajo control médico, es una de las más simples.
Se sume en el silencio a estos millones de mujeres.
Yo declaro que soy una de ellas. Declaro haber abortado.
Al igual que reclamamos el libre acceso a los medios anticonceptivos, reclamamos el aborto libre.» (Manifiesto de las 343)
En 1971, 343 artistas, intelectuales y profesionales francesas revelaban en este texto haber abortado cuando el aborto era prohibido en Francia. El escrito, llamado el Manifiesto de las 343 Sinvergüenzas provocó un gran revuelo en el país. Fue seguido en 1973 por un manifiesto de 331 médicos que se declaraban a favor de la libertad para abortar. Estos antecedentes contribuyeron a la ratificación -entre diciembre de 1974 y enero de 1975– de la ley Veil, que despenalizaba la interrupción voluntaria del embarazo durante las diez primeras semanas de gestación, un plazo que se amplió posteriormente a doce semanas, y desde 1975 a catorce semanas.
Esta situación fue contraria a lo que pretenden establecer los expertos argentinos, el politólogo Agustín Laje y el abogado Nicolás Márquez, traídos al país, en días pasados, por la jerarquía católica para dictar conferencias y visitar los medios de comunicación. No fue un gobierno de izquierda, sino un gobierno presidido por un conservador, Valery Giscard d’Estaing, y su ministra de salud quienes defendieron una ley que cambió las vidas de millones de mujeres, las más pobres de Francia, las que no podían darse el lujo de ir a abortar en otros países europeos.
Como en todas partes del mundo son las mujeres más pobres, las menos educadas y las más jóvenes, las que llegan con complicaciones a los hospitales públicos aumentando las estadísticas de muertes maternas, de muertes neonatales. Lo que les ocurre le importa muy poco a los que tienen el poder político y a los legisladores cuyas esposas (o amantes) tendrán acceso a un aborto seguro si llegaran a necesitarlo, con independencia de lo que diga la ley.
En la situación calamitosa de muertes maternas que exhibe nuestro país, la manera de evitar estas muertes no es castigando las mujeres que abortan. Ha sido comprobado en otros países que un mayor acceso al aborto tendría un efecto inmediato de reducción de la mortalidad materna. Además, se ha demostrado igualmente que contrariamente a lo que dicen las personas que están en contra de la despenalización de la interrupción del embarazo, su número no aumenta con la despenalización.
Promover leyes más liberales no nos hace estar “a favor del aborto”. Este es un malentendido fundamental. Nadie es compelido a abortar. Es un acto íntimo, siempre doloroso, que responde o no responde a un credo; siempre es el último recurso y el más difícil de asumir. Los que defienden la liberalización del aborto, siempre con una condición de tiempo, están a favor de una ley más justa que proteja la salud de la mujer, respete sus derechos y su libre albedrio.
Poco a poco las mujeres de Argentina, por encima de diferencias políticas, sociales o religiosas, están empezando a respaldar la interrupción del embarazo en un movimiento semejante al movimiento francés del 1971. Gracias al debate la forma de pensar de la gente está cambiando. Según el periódico El País del 26 de abril pasado, hace un año apenas el 27% de los argentinos creía que había que permitir el aborto en todos los casos. Esta cifra ha alcanzado ahora al 40% y quienes promueven el castigo penal ha descendido al 7%.
En nuestro país existe una tremenda hipocresía sobre todos los temas que tocan a la vida sexual, por lo que hablar a favor del aborto es un tema tabú, aun si se trata de una agenda mínima y de la despenalización por las 3 causales como lo permiten hasta las teocracias de Arabia Saudita y de Irán que no garantizan los derechos básicos de la mujer.
Además, se ha demostrado en otros países de América Latina que las trabas legales, judiciales y administrativas han hecho la despenalización poco efectiva visto la complejidad de esos tramites en las escasas semanas en que se puede interrumpir un embarazo. A pesar de estas consideraciones, aquí, defender esta agenda mínima es ir a contracorriente de las iglesias, de ciertos sectores de poder, de los conformistas y lambones.
La falta de educación sexual en las escuelas, de educación en ciudadanía y en derechos, el escaso nivel de desarrollo humano de un gran sector de la población, la falta de tradición de reivindicación de derechos por encima de las diferencias políticas, impide un verdadero debate nacional que permita a la población entender que una ley que despenaliza el aborto es uno acto un acto de solidaridad con las personas más vulnerables, un acto que respeta la libertad individual de todas las mujeres y sus derechos fundamentales.