Esto se escribe con tristeza. Se escribe con desazón. También con indignación, muy legítima, por cierto. Creíamos que habíamos observado la inexistencia en nuestra sociedad de un Estado de Derecho en el uso indebido de los recursos del Estado por el Plan Social de la Presidencia que moviliza la preferencia electoral de la población por medio de la entrega de dádivas marcadas por relaciones clientelares.
Sí, es un mecanismo natural que favorece la subsistencia, tanto del hombre como de los demás seres vivos, en determinadas circunstancias, hacerse pasar por lo que no es, o no somos, pero no siempre podemos y debemos hacer creer, o pretender que somos lo que en realidad no somos. Y es que eso es lo que se pretende, hacer creer que somos, sin realmente serlo, un “ESTADO SOCIAL Y DEMOCRATICO DE DERECHO”.
El Capítulo II de nuestra Constitución, en sus artículos 7 y 8 son una verdadera falacia, una vil mentira que es hora ya de desenmascarar. Puesto que así rezan, el artículo 7: “Estado Social y Democrático de Derecho. La República Dominicana es un Estado Social y Democrático de Derecho, organizado en forma de República unitaria, fundado en el respeto de la dignidad humana, los derechos fundamentales, el trabajo, la soberanía popular y la separación e independencia de los poderes públicos”. Y el artículo 8: “Función esencial del Estado. Es función esencial del Estado, la protección efectiva de los derechos de la persona, el respeto de su dignidad y la obtención de los medios que le permitan perfeccionarse de forma igualitaria, equitativa y progresiva, dentro de un marco de libertad individual y de justicia social, compatibles con el orden público, el bienestar general y los derechos de todos y todas”.
Por qué afirmo que estos artículos de la Constitución son una vil mentira? Porque se escribe de todo en los papeles, y a partir de esos papeles se conforma un funcionamiento de las instituciones que NO RESPONDE a eso que quieren decir, sino que al momento de que la institucionalidad debe funcionar, se dispara el mecanismo del anclaje histórico cultural, para que las leyes sean interpretadas de acuerdo a la conveniencia de los actores involucrados, de tal manera que el respeto a los derechos y la justicia señalados en los citados artículos sea poco menos que letra muerta. Tan solo es necesario leer ese paupérrimo artículo 8 para darnos cuenta de que decir que nuestro país se organiza como un SUPUESTO “Estado de Derecho”, es una completa falacia.
Pero de dónde proviene la insistencia en hacernos creer estas viles mentiras? De dónde proviene la idea de hacer considerar que nuestra deficiente democracia puede ser considerada un “Estado de Derecho”?
Resulta que ha sido todo un plan urdido desde las instancias internacionales. La Organización de las Naciones Unidas (ONU) desde la Declaración de los Derechos Humanos en 1948 “da al estado de derecho un lugar central afirmando que es esencial que los derechos humanos sean protegidos por un régimen de derecho, a fin de que el hombre no se vea compelido al supremo recurso de la rebelión contra la tiranía y la opresión…”
Desde esos tiempos de postguerra, la ONU promueve que el Estado de Derecho pueda definirse como “un principio de gobernanza en el que todas las personas, instituciones y entidades, públicas y privadas, incluido el propio Estado, estén sometidas a leyes que se promulgan públicamente, se hacen cumplir por igual y se aplican con independencia, además de ser compatibles con las normas y los principios internacionales de derechos humanos. Asimismo, exige que se adopten medidas para garantizar el respeto de los principios de primacía de la ley, igualdad ante la ley, separación de poderes, participación en la adopción de decisiones, legalidad, no arbitrariedad, y transparencia procesal y legal”.
Como un intento de normar la conducta de los Estados de todos los países del planeta, las Naciones Unidas promueven estas condiciones de funcionamiento institucional, político, jurídico y social, con miras al mantenimiento de la paz social, el buen desenvolvimiento del desarrollo económico de las sociedades en todos sus niveles y para todos sus ciudadanos. En septiembre de 2012, la ONU emitió una Resolución de Declaración de Reunión de alto nivel de la Asamblea General sobre el Estado de Derecho en los planos nacional e internacional. Cuando lees esta Declaración y los principios que promueve, podemos ver que se pretende dictar disposiciones generales a ser modelo en los países para regir un funcionamiento institucional que al menos trate, o intente, mínimamente, respetar los derechos humanos. Claro que no podemos decir que esto se logra para Palestina, para Siria u otros países en conflictos de diversa índole, incluyendo la violencia de la guerra. Todos sabemos que esto es poco más que una carta de buenas intenciones, e instrucciones, para que, como antes hemos dicho, hagamos como que hacemos, pero sin hacer.
Es lo que nos ocurre hoy cuando hacemos creer que vivimos en una democracia, sin que eso sea cierto. Debemos concretizar de manera efectiva el tipo de sociedad que tenemos, donde NO se respetan los derechos de los ciudadanos porque ellos no se han enterado, NI SIQUIERA, de que existe eso. El hecho de que se dispendien los dineros del Estado que todos pagamos para la promoción del candidato del gobierno, crea y mantiene un círculo vicioso de oportunismo sobre las condiciones de exclusión social y falta de cumplimiento de las ofertas básicas que propone la ONU para que un país se considere que cumple con las condiciones de ser un REAL Estado de Derecho.
Otro ejemplo de la inexistencia del Estado de Derecho es el sabotaje de las elecciones municipales del domingo por parte del gobierno, que pretende a toda costa mantener un sistema que de por sí, por sus características de control de los poderes del Estado y las diversas instituciones, como el organismo comicial, ya se manifiesta su naturaleza dictatorial.
La sociedad dominicana necesita evolucionar, aprovechando estos tipos de tropiezos, hacia formas de entendimiento de su funcionamiento cultural. Que las relaciones clientelares y la dependencia social de las organizaciones políticas, supuestas representantes de las grandes mayorías, dejen de ser el impedimento para que los ciudadanos se reconozcan como sujetos de derecho. Que no se organicen estos grupos con el “llevar gente a votar por mí”, para a cambio de eso conseguirles el favor, o resolverles una necesidad inmediata. Mañana habrá otras necesidades qué resolver, pero no hay elecciones semanalmente. Mientras los ciudadanos seamos objetos de favores, no podremos ser SUJETOS DE DERECHOS, y sin ser ésto último, no tendremos más que un mamotreto de Estado de Derecho.