El quinto de los grandes retos fiscales es el de la seguridad social. Hablamos de retos, porque asumimos la premisa de que el próximo gobierno querrá enfrentar los problemas ancestrales de la sociedad dominicana; porque si la intención es dejar todo como está, entonces lo único que tiene es que cuidar que los déficits no se conviertan en crisis.
A pesar de que la sociedad dominicana se resiste a entenderlo, en todo el mundo la seguridad social es un asunto fiscal: los aportes para la SS constituyen una parte considerable de los ingresos públicos, y los gastos en pensiones absorben una porción muy grande de los gastos.
De hecho, los países de la OCDE destinan como promedio el 30% de sus gastos primarios al pago de prestaciones de seguridad social, es decir, pensiones por vejez, supervivencia, beneficios por desempleo, inhabilidad o enfermedad. Esto a su vez equivale al 12.2% del PIB,
Eso es el promedio, pero hay países que destinan a pensiones en torno al 20% de su PIB, entre ellos Francia, Italia, Austria; es decir, gastan solo en seguridad social más que todo el gasto público dominicano. Esto sin incluir la atención médica, porque eso se computa como gasto en salud.
En febrero del 2014, hace justamente seis años, publiqué un artículo del cual copio el párrafo siguiente: “Sería fantástico, como dice una canción de Serrat, que todo el mundo pudiera jubilarse a los 50 años, percibiendo una pensión similar al sueldo que ganaba. Y para aquellos que no trabajaban que el Estado les pague una pensión, al menos similar al salario mínimo. Sería fantástico que eso mismo aplique para los que trabajaban informal y no pudieron aportar al fondo. Y para aquellos que, aun siendo formales, ya estaban bastante maduros cuando se aprobó la ley y no alcanzaron a capitalizar un monto suficiente para un retiro digno. O sencillamente ganaban muy poco. Sería fantástico que el Estado también les garantice una pensión a las madres solteras y a todos los discapacitados, ciegos, sordos, etc.”
Pero hay lujos que no podemos darnos. Los sistemas de seguridad social en Europa y Sudamérica fueron creados en épocas en que el tiempo de cotización era muy largo y el de jubilación muy corto, pues la gente comenzaba a trabajar a los 18 años, cotizaba hasta los 60, se jubilaba y moría pocos años después. Por eso los aportes alcanzaban para jugosas pensiones. Eso ha cambiado y ahora los países procuran elevar la edad de jubilación, incrementar las tasas de cotización o bajar la pensión.
Piénsese que actualmente en la República Dominicana a los 60 años la esperanza de vida es unos 21 años más para los hombres y 24 años para las mujeres. ¿se imaginan cuánto dinero se necesitaría tener acumulados para mantener una buena pensión por 24 años? Peor aún es que existan grupos que se autoasignan pensiones escandalosas a costa del dinero público, sin el más mínimo criterio de viabilidad fiscal.
Muchos de los problemas de altos costos de la seguridad social ya se veían cuando se aprobó la ley dominicana, y aun así, se pretendió adoptar patrones que ya se están descontinuando en otras partes. Extrañamente en nuestro caso, no solo se insiste en jubilación a los 60 años, sino se llegó al extremo de establecer que algunos segmentos privilegiados pudieran tener derecho antes de los 50.
También se dispuso que la pensión mínima del Régimen Contributivo equivaldría al 100% del salario mínimo y, si no alcanza, el Estado aportará la diferencia. Todo eso con salarios bajos y cotizaciones todavía más bajas. Y una informalidad laboral que provoca que en 2018 apenas el 40% de la población económicamente activa esté afiliada.
Todo ello induce a pensar, de aplicarse la ley al pie de la letra, no solo que al fisco le tocaría pagar la mitad de la pensión de aquellos que la alcancen, sino que en un sistema justo también tendría que pagar la pensión completa de más de la mitad de la población. No hay dinero para eso, pero algo hay que hacer, para evitar que el deplorable espectáculo que tienen montado los llamados cañeros desde hace tiempo frente al Palacio Nacional, se extienda hasta nuestros nietos, desnudando las injusticias del sistema.
Uno de los mayores desafíos es una reforma para hacerlo, no solo más justo y racional, sino macroeconómicamente factible.
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