El proceso de globalización creó lazos productivos entre las economías del mundo. El crecimiento de los países más desarrollados, a través de su demanda externa, provocó derramamiento de la demanda de bienes y de tecnología que promovieron el crecimiento colectivo de todos los países que participan en ese proceso.

De esa manera la globalización beneficia a la economía mundial expandiendo el intercambio comercial y mayormente el financiero, pero también se enfrentan algunos riesgos. Cuando los países desarrollados se estancan, se contrae su demanda de importaciones y esto afecta la dinámica de los países exportadores con los que se relaciona. Por simple contabilidad nacional se sabe que la reducción de las exportaciones tiene, ceteris paribus, un impacto negativo sobre el tamaño del producto interno. Por lo cual la recesión de los países desarrollados tendría efectos recesivos en las economías emergentes, particularmente sobre las exportaciones de bienes y servicios (demanda de servicios de turismo), inversión extranjera directa, así como la contracción de las remesas de los residentes extranjeros.

Por consiguiente, la recuperación de los niveles de crecimiento económico necesariamente implica la recuperación de todas las economías desarrolladas, emergentes y subdesarrolladas. Es decir, que a cualquier economía le será muy difícil por sí sola conseguir reanudar el crecimiento económico si no cuenta con el crecimiento de sus socios comerciales.

Las estimaciones del crecimiento económico realizadas por organismos internacionales indican que se producirá una rápida recuperación económica global post-pandemia, pero que existe incertidumbre en torno a la magnitud de la recuperación. El Fondo Monetario Internacional (FMI) proyecta, en su Panorama Económico Mundial (WEO por sus siglas en inglés) un crecimiento negativo de 8% para las economías avanzadas en el 2020 y se espera que se produzca una aceleración del ritmo de crecimiento para el 2021, que alcanzará un crecimiento de 4.8%. Sin embargo, el FMI advierte que el COVID-19 ha tenido impacto recesivo mayor a lo esperado durante la primera mitad del 2020 y que, por tanto, la proyección de la recuperación global de la economía sea más lenta.

Esta tendencia se confirma a través del déficit presupuestario de los Estados Unidos, Canadá, España e Italia, que registrarán déficits de 14%, 9.3%, 10% y 12% como proporción del PIB, respectivamente, cortado al 11 de junio del 2020 (The Economist, 13-6-2020). Por lo cual se esperan medidas fiscales para reordenar las cuentas presupuestarias, las que presumiblemente, tendrán efectos contraproducentes con la recuperación económica por cuando se contrae la demanda y la inversión pública.   

En promedio, la tasa de inflación de los países desarrollados se mantiene por debajo del 1% (y en algunos casos se contrajo), revelando que el nivel de actividad continúa deprimido (Datos Económicos, Materias Primas y Mercados de la revista The Economist, 13 de junio, 2020). Esta tendencia se confirma también con la tasa de desempleo de los países desarrollados, particularmente los casos de Estados Unidos y Canadá que a mayo del año en curso tenían tasas de desempleo de 13.3% y 13.7%, respectivamente. En condiciones más o menos similares se encuentra España que registró una tasa de desempleo de 14.8%.

Por lo que, en los países emergentes y subdesarrollados, la recuperación económica depende en buena medida de la gestión macroeconómica de la demanda interna (política fiscal, política monetaria), de la fortaleza de la oferta y demanda inter-sectoriales y en menor medida, de la recuperación de la dinámica de la economía global.

La recuperación de la economía global enfrenta otros riesgos asociados con la continuación de la actual administración republicana de la presidencia de los Estados Unidos. Se espera que se mantengan las políticas nacionalistas y anti-globalización, las cuales podrían retardar el proceso de recuperación en la medida en que se desintegre la actual organización de la globalización comercial y financiera.

En el orden interno, esta desarticulación de la globalización plantearía otro paradigma y nuevos retos para re-articular la economía dominicana al nuevo orden comercial internacional que impongan los nacionalistas de los países desarrollados. Si estas tendencias persisten no cabe duda de que la recuperación económica de los países emergentes y subdesarrollados dependerá fundamentalmente de las políticas económicas domésticas.

En este contexto internacional, el crecimiento económico de República Dominicana en lo que resta de este año y el próximo descansa esencialmente en el paquete de políticas fiscal y monetaria que pongan en marcha las nuevas autoridades. En este sentido, la única propuesta partidaria que se ha ofrecido al escrutinio público ha sido ensamblada por el Partido Revolucionario Moderno (PRM) y su candidato presidencial Luis Abinader.

La propuesta del PRM constituye un plan nacional de desarrollo de largo plazo y que, obviamente rebasa, los cuatro años de un probable gobierno de ese partido. Ese plan debiera incluir el costo del financiamiento para integrarlo al presupuesto anual, así como las proyecciones macroeconómicas de su implementación que permita medir global y sectorialmente el impacto de cada una de las medidas que se proponen. 

La recuperación de la estabilidad y la reanudación del crecimiento económico se relacionan más estrechamente con las políticas de corto plazo. La contracción de la economía plantea desafíos inmediatos al nuevo gobierno y la respuesta que se espera es un conjunto de políticas que envíen señales inequívocas de que se han seleccionado instrumentos de política fiscal y monetaria eficaces y capaces de enfrentar exitosamente las exigencias del momento. El PRM propone implementar una regla fiscal y la implementación de un pacto fiscal, en un período de recesión económica; en este contexto estas medidas resultan inaplicables. La experiencia internacional señala que en los países donde se ha tratado de implementar una regla fiscal con crisis fiscal han sido intentos fallidos.

De manera pues, que resulta aconsejable que el nuevo gobierno se centre en discutir el reajuste del presupuesto anual con el objetivo de saber a cuánto ascenderá el déficit fiscal al final de este ejercicio, definir el monto del endeudamiento público sin las patrañas propias de la administración peledeísta de publicar el déficit del sector público no financiero, dejando de lado el déficit cuasi-fiscal de todas las empresas públicas, los ayuntamientos y las instituciones descentralizadas y autónomas del sector público.

Asimismo, debe plantearse una estrategia para hacer frente al servicio de la deuda pública de los próximos años; adecuar la estructura del gasto público en el presupuesto anual, transparentar los subsidios a las empresas públicas (incluyendo las financieras), reorganizar las empresas públicas y reestructurar las compras del gobierno, privilegiando a las empresas locales, pero condicionándolas a aspectos relativos a la calidad, precio y cumplimiento.

El PRM debe rechazar la política monetaria y cambiaria que ha implementado el BC durante los últimos dieciséis años. Esta ha sido muy costosa, ha beneficiado a muy pocos y ha perjudicado a la gran mayoría de los dominicanos durante las administraciones sucesivas del expresidente Fernández y el presidente Medina.

En fin, el nuevo gobierno debe establecer prioridades en la definición de su política económica de corto plazo, porque si esas dificultades no se resuelven, entonces será muy difícil construir una democracia participativa e inclusiva.