La sociedad dominicana tiene por delante una serie de retos que implican una alianza para la gobernanza. Este principio de pacto, una vez enunciado por Jean Jacques Rousseau en su obra Contrato social, en momentos en que emergía la burguesía, acompañada de su negación, la clase obrera y los conflictos que ya se reflejaban en ese promisorio paradigma social de progreso y democracia, era una forma de sostenibilidad al equilibrio de gobernanza social.

Con el olfato de un agudo pensador social comprometido en ese momento con la estabilidad del proyecto societal burgués, propuso un modelo de pacto entre las partes sociales para construir lo que hoy llamamos gobernanza, antes conocido como gobernabilidad.

La dominicana es una sociedad con una agenda social atrasada por más de 50 años de incumplimiento, pero lo más lamentablemente faltante son las necesidades esenciales del desarrollo como agua potable, electricidad, transporte, salud eficiente, vivienda, educación y alimentación.

Igual carece de rigor la base de sustentación de toda sociedad moderna y democrática como son las debilidades y desvanecimientos de las instituciones públicas y la eficiencia del estado, la inoperancia de sus acciones como institución responsable ante las limitaciones sociales de grandes sectores poblacionales y por supuesto, la centralización y atadura de sus ejecutorias a la abigarrada nómina pública.

Este cuadro se completa con dos elementos fundamentales para producir los saltos necesarios para lograr un avance social: por un lado, el fortalecimiento de un estado derecho oponible a las viejas prácticas autoritarias y caudillistas, y por el otro, la necesidad de un sistema de justicia eficiente, imparcial y justo.

¿Por qué la justicia es el centro de los retos de este escrito? Porque sin marco legal que norme las acciones institucionales, de la clase política y los ciudadanos en general, a partir del principio de independencia y transparencia de sus ejecutorias, no es posible construir, ni un estado de derecho igual para todos, ni una aplicación sin privilegios e impunidad, de la justicia.

Po lo tanto, entre los retos, lo primero que hay que ordenar es el marco legal sobre el cual se cimenta el resto de la normativa social. Asimismo, de esa regulación del sistema judicial, dependerá la equidad en el modelo de desarrollo que regule la vida pública, las actividades económicas y sus agentes.

También de ese ese marco legal claro y transparente dependerá las acciones ante la clase política que norme su práctica, beneficios y alcances ante la sociedad para evitar que lo político abrace toda la vida del país y aplaste a los ciudadanos, pues este equilibrio solo se hace posible en un péndulo en que se muevan la sociedad política y la sociedad civil sin inflexiones posibles.

La educación debe reorientar su inversión que, además de la construcción de locales escolares necesarios, la reparación de los ya existentes, debe tener otro eje que se encamine hacia la fortalecimiento de la formación docente atacando las debilidades de nuestro sistema educativo atacando debilidades estructurales de nuestros profesores, erradicando la politización del mismo y privilegiando lo técnico y profesionalización de sus cuadros dirigenciales, con niveles salariales y de ventajas adicionales, que motiven a las nuevas generaciones a su inclinación vocacional por la educación recibiendo las ventajas motivantes para complementar y atraer lo mejor de nuestros profesionales y fortalecer nuestra competitividad a través de la educación formal y no formal, dedicando los recursos bien racionalizados y colocados en los puntos más urgentes de esta necesidad nacional.

El sistema laboral agravado por la pandemia debe tenerse como un centro de prioridad para la reorientación del país sin afectar a los sectores envueltos: empresarios y trabajadores. El estado debe dejar su constante interés en ser el centro de la empleomanía, reorientándose hacia el impulso de iniciativas individuales y el emprendimiento, pero con apoyo verdadero a la pequeña y mediana industria.

Por supuesto, en todo esto es la pandemia y las decisiones tomadas en este momento, la principal atención del gobierno despolitizando la acción pública como práctica de las nuevas políticas estatales, pues la acción del estado es parte de lo que las leyes le tienen reservado al gobierno y sus acciones no son apriorísticas, sino parte de sus funciones ejecutivas, y la politización desnaturaliza su imagen y función institucional.

Otro de los retos es despolitizar al estado y las ejecutorias gubernamentales para fortalecer la institucionalidad del país. Es difícil en un país caudillista, autoritario, clientelar y sin institucionalidad, hablar de despolitizar, porque aquí todo se politiza, hasta la pelota.

Pero el esfuerzo se convierte en un reto y un buen ejercicio de ciudadanía y democracia que nos hace bien a todos, ensayarlo nos reta al cambio de modelos relacionables entre ciudadanía, instituciones y clase política y como parte del oxígeno social que esta sociedad necesita en momentos en que los políticos lo dañan todo, el reto es un buen ejercicio de saneamiento democrático.

Los cuerpos castrenses deben ser reorientados, educados en vida democrática y destrujillizados, debido a que su relación con los ciudadanos es verticalista, autoritaria y muchas veces, violatorias de derechos civiles y ciudadanos. Despolitizarla es parte de un nuevo esquema social que debe procurar profundizar los males para sanar al paciente, y uno de sus males, son esas prácticas autoritarias y desinstitucionales de los cuerpos militares y policiales que deben ser apolíticos, democráticos y constitucionales en su accionar.

Finalmente no puedo terminar este escrito sin mencionar el relajado manejo de la prensa, publicidad y propaganda del sector público donde se dilapidan millones de pesos para crear imágenes, distorsionar realidades, y mentir usando los fondos públicos para estas artimañas de percepción ya demostradas invalidez y deficientes, pues la realidad es una sola, la percepción, aunque dure un tiempo, termina vencida por los hechos; por tanto, es un gasto que mueve a la corrupción y no es una práctica democrática transparente y racional del presupuesto y uso de los fondos públicos, no más programas intencionalmente conducidos, y personeros que vociferen lo bueno por paga, todo lo contrario, sin prensa libre y crítica, no se construye democracia sana, sobre todo, usando los fondos públicos, cuando tenemos tantas necesidades en lista de espera.