El 11 de noviembre pasado, tomaron posesión los nuevos miembros de la Junta Central Electoral (JCE), Román Andrés Jáquez Liranzo, Presidente de la JCE, y demás integrantes Rafael Armando Vallejo Santelises, Dolores Altagracia Fernández Sánchez, Patricia Lorenzo Paniagua y Samir Chami Isa, escogidos luego de un proceso transparente, ampliamente publicitado y con los correspondientes consensos políticos necesarios para seleccionar personas con perfiles no partidistas, al menos públicamente, y con notoria experiencia y estudios en temas electorales.
Al margen del discurso aséptico y antipolítico, que desconoce la naturaleza política y constitucional de la JCE, por la calidad, estudios y experiencias de sus nuevos integrantes, hay altas expectativas de la población frente a los futuros retos que tiene la JCE.
Aparentemente, durante los primeros dos años y medio de esta gestión el panorama político-electoral no será tan turbulento como la anterior. Esto, en principio, permite a la JCE promover cambios en la gestión administrativa, preparar el escenario electoral aprendiendo de los errores garrafales de la pasada gestión y promover una actualización legislativa.
Esta nueva JCE tiene como principal reto recuperar la confianza de la población y de los principales actores de nuestro sistema democrático, es decir, los partidos políticos. La JCE debe ser un espacio de concertación político-electoral que permita propiciar procesos más transparentes y eficientes que garanticen aún más la voluntad popular para cualquier tipo de elección que tenga a su cargo este órgano constitucional.
Resolver y determinar definitivamente el tema del conteo manual y los equipos electrónicos permitidos para asistir en esto, así como el método de designación de escaños, amerita una revisión de la legislación electoral y una discusión abierta que en estos años la sociedad puede darse para un consenso político duradero
De ahí que es preciso abandonar el carácter autoritario de las pasadas gestiones, así como la idea de que la JCE debe quedar bien con todo el mundo, nota característica de la anterior administración que desembocó en el triste, vergonzoso e inédito episodio de la suspensión de las elecciones municipales de febrero de este año.
Recuperar la confianza ciudadana implica firmeza de la JCE en la aplicación de la Constitución y la ley, sin que esto raye en un abuso de autoridad o un desmerito de las posiciones contrarias de los partidos políticos y demás actores del sistema electoral.
Por igual, se hace preciso que esta JCE impulse un proceso serio de desburocratización para agilizar los trámites ordinarios, teniendo como norte la digitalización de la mayoría de los servicios del estado civil. Hoy día no hace sentido acudir a una oficialía del estado civil para obtener un acta, cuando puede ser expedida digitalmente, lo cual ahorra costos, contribuye a desarticular las mafias de buscones y contribuye con el fortalecimiento de la administración electrónica.
En estos tiempos de calma es una tarea de primer orden de esta JCE, impulsar la actualización legislativa que permita enmendar los entuertos de las leyes de partido y electoral, para promover mayor transparencia en los partidos y garantizar aún más la democracia interna de estos e incentivar la participación política plural de los grupos vulnerabilizados e históricamente discriminados.
Una reforma a las leyes de partidos políticos y electoral es imperativa para enmendar los errores de los procesos electorales de estos años partiendo de los aprendizajes adquiridos, sancionar ejemplarmente el transfuguismo que hoy ya vemos como corroe al sistema de partidos, tener mayor control de los fondos y su destino por parte de los partidos, así como garantizar la participación política de agrupaciones y movimientos minoritarios en procesos electorales mucho más equilibrados.
Resolver y determinar definitivamente el tema del conteo manual y los equipos electrónicos permitidos para asistir en esto, así como el método de designación de escaños, amerita una revisión de la legislación electoral y una discusión abierta que en estos años la sociedad puede darse para un consenso político duradero.
Esta JCE tiene grandes desafíos por delante, pero que esperamos pueda sortear con presteza y firmeza en beneficio de la institucionalidad democrática.