La actitud asumida por Miguel Vargas y su grupúsculo, luego de ser derrotados en la última Convención del PRD, fue la de desplegar todas sus energías para provocar la derrota del candidato de su propio partido, Hipólito Mejía. Sabían que esa derrota era su única oportunidad para seguir obteniendo prebendas y recursos de un PLD obsesionado por su viejo proyecto de destrucción del PRD. En esencia, el grotesco incidente del pasado domingo es consecuencia de esa aberrante conjugación de intereses.

Contribuyó también a que se produjese tan horrible incidente, la actitud de Mejía, quien quizás mal aconsejado, no tomó la determinación de expulsar a Vargas durante la campaña electoral. Creyéndose seguro ganador, pensó que una vez obtenido su triunfo podría expulsarlo sin ninguna consecuencia. No haber producido la crisis en el momento en que mejor se encontraba, permitió que la labor de zapa de Vargas se potenciara con el triunfo de Medina y por las urgencias de Leonel de destruir al PRD y con el, toda oposición  a su proyecto de poder.

Tampoco actuaron con alto sentido de responsabilidad, los principales dirigentes que una vez estuvieron con Vargas y que se separaron de este por la actitud arriba aludida. Algunos no se dieron cuenta, o no quisieron, de que a él no le interesaba ni le interesa un PRD con capacidad de enseñar sus dientes en determinadas coyunturas, que por eso se ha negado a toda mediación o negociación.

El PRD ha sido reiterativo en escenificar cruentas luchas fratricidas, pero estas siempre se desarrollaron sin que, como ahora, de manera  determinante interviniesen fuerzas externas. Ese peligroso papel lo ha jugado un PLD, que se fundó con la clara intención ideológica de destruirlo. Ahora, son razones políticas las que impulsan esa vieja intención, porque necesitan destruir el único partido con capacidad de oponerse con éxito, al proyecto de retorno de Leonel y a la perpetuación del PLD en el poder.

El cinismo, la corrupción que impera en determinados medios y en los hacedores de opinión, hacen posible que sin pudor alguno, muchos minimicen, ignoren o insistan en borrar de la memoria política del país, los hechos que en esencia han sido determinantes del incidente del domingo, el cual es esencialmente parte de una serie de acciones que se concatenan. La mezquindad o la ceguera política de otros contribuyen a que su análisis del problema se limite al aspecto fenomenal, aparente, del referido incidente.

Minimizan el hecho de que Miguel Vargas y su cáfila violentaron esenciales procedimientos éticos e institucionales para mantener su proyecto. Que desconoció la lista de elegidos en la Convención, suprimiendo de ella a más de seiscientos elegidos, sustituyéndolos por novecientos "miembros", entre los que se cuentan muchos sin militancia alguna y otros inscritos en los padrones del PLD y del PRSC.

Pocos dicen que esa lista fue deposita por Vargas y recibida, aparentemente conforme, por la Junta Central Electoral y esta no ha tenido el pudor de aclarar esa circunstancia. Tampoco, que el TSE se ha inmiscuido en el conflicto de manera afrentosamente parcializada, reconociendo como legítimo la integración de un Tribunal Disciplinario partidario, sin que este lo aprobara el CEN, organismo que no se ha convocado en más de un año.

Esos atropellos a la institucionalidad partidaria, esas expresiones de convivencia del grupo Vargas con el partido/Estado para desnaturalizar el PRD, constituye una forma de violencia, que han provocado la indignación de esa mayoría perredeista que apeló a la  fuerza como último recurso para recuperar SU casa, sus memorias y sus símbolos. Desafortunadamente, la recuperación de SU casa fue efímera, pues sin que hasta ahora sin que conozcan públicas las reales razones, la alta dirección del PRD real pactó para entregársela a la Policía.

El problema se ha ido complicando y hasta ahora no se vislumbra una salida de esta crisis. La misma no sólo concierne al PRD, sino que los entresijos de la misma obligan a que diversos sectores honestos de la vida nacional exijan que esta sea resuelta en el marco del respeto de la institucionalidad democrática que debe primar en las instituciones políticas, independientemente de los colores que esta puedan tener.

Los verdaderos responsables de esta crisis deben ser señalados sin vacilación, sin pusilanimidad. Es una forma de involucrarse en los asuntos públicos, que es el deber de todo ciudadano.