En las últimas semanas los partidos políticos han pasado a ser noticia importante, o por menos frecuente,  de la agenda nacional. Se han expuesto a la mirada del país con sus vicios y sus virtudes, observándose señales claras de que sus intereses agradan y desagradan a muchos ciudadanos.

Dando la impresión de que trabajan como entidades aisladas con agendas desconocidas por los ciudadanos, los partidos no sólo habrán de luchar por una ley que les permita sobrevivir con la decencia que impone la democracia, sino que tendrán que muestras de sintonía con las necesidades de los ciudadanos, lo cual los obligará a revisarse, repensarse, evaluarse y diafanizar sus programas, sus finanzas y su gobernanza. 

Les toca combatir la “partidofobia” que ellos mismos han creado con sus ambigüedades, falta de identidad propia, de democracia interna y de rendición de cuentas.

Todos, sin excepción, viejos y nuevos, grandes y pequeños, necesitan presentar un nuevo rostro, una nueva imagen y un nuevo proyecto de nación, más allá del “secretismo” y los trucos políticos  que los hace aparecer como entidades sordas y mudas cuando se trata de asuntos de la sociedad que están más allá de los suyos propios.

La nueva Ley de Partidos debe reflejar un compromiso para la “renovación” de los partidos político y de sus estrategias para responder a la nueva realidad política y social” por encima de  los  intereses de grupos y facciones con una visión sesgada de lo político.

Tal como expresa  el documento: “El papel de los partidos políticos en el fortalecimiento de la institucionalidad democrática”,  para contribuir al fortalecimiento de la democracia, los partidos y movimientos políticos deben recuperar su capacidad de elaborar estrategias de desarrollo económico y social. Para este efecto, deben promover la reflexión sustentada en debates abiertos con amplia participación más allá de su membresía.

Si los partidos políticos pretenden contribuir al fortalecimiento de la democracia, primero habrán de reformarse y fortalecerse a sí mismos. El mismo documento citado anteriormente proporciona la siguiente carta de ruta que bien pudiera ser “escuchadas y leída” por la Comisión que revisa la Ley de Partidos a fin de crear un instrumento capaz de dotar a los partidos políticos de normas que aseguren:

i. “El compromiso de los partidos con la institucionalidad democrática, eviten la fragmentación excesiva, así como el anquilosamiento de los partidos, y que incentiven la participación electoral”.

ii. “Autonomía de los partidos políticos respecto "a los intereses económicos nacionales y trasnacionales, mediante normas que promuevan la equidad en las contiendas electorales, a través del financiamiento público  de la actividad política, la regulación del financiamiento privado y el acceso equitativo a los medios de comunicación.”

iii. “Transparencia financiera de los partidos (rendición de cuentas, difusión de sus fuentes nominales de financiamiento y auditorías obligatorias de oficio, así como mecanismos de control, sanciones e incentivos), condición fundamental de la ética pública y de la lucha contra la corrupción”.

iv. “Desarrollo de sistemas políticos inclusivos y no excluyentes, mediante la disminución de los costos de la acción política, lo cual abarca los costos de la competencia electoral y, en algunas circunstancias, los costos que implica votar”.

v. “Democracia interna en la selección de dirigentes y candidatos a puestos de elección popular, así como en todos los ámbitos de la vida partidaria”.

vi. “Promoción de la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres y superación de toda forma de discriminación”.

vii. “Garantías para todos los partidos, incluyendo los de oposición, en materia de derechos de información, derecho de réplica y uso de los medios oficiales de comunicación”.

viii. “El fomento programas de formación política, particularmente para mujeres, jóvenes y población marginada. Estos programas deben inscribirse en el marco de un impulso de la educación democrática en todos los niveles de la vida social”.

El país tiene en la mira a los partidos políticos. Ojalá que la Ley de Partidos sea aprovechada para generar una  nueva imagen partidaria que inspire credibilidad y decoro  para bien de la democracia dominicana.