Siendo que los partidos políticos son indispensables para la democracia, recae, principalmente, sobre las finanzas públicas el hacer posible su existencia y desarrollo para que puedan competir en los procesos electorales en igualdad de condiciones. La democracia cuesta pero los beneficios derivados de ésta justifican invertir lo necesario para hacer posible su fortalecimiento, así como las condiciones de libertad, justicia y equidad que garantiza a todos los ciudadanos.
Hasta el año 2011 el Estado Dominicano había obsequiado generosamente unos 6,000 millones de pesos a los Partidos Políticos desde que en 1997 entrara en vigencia la Ley Electoral No. 275-97 que contempla un subsidio a los partidos políticos. Para el 2005 solamente, la donación ha sido de unos 805 millones de pesos. Los tres partidos mayoritarios, PLD, PRSC y PRD se llevan el 80% y el 20% restante se reparte entre más de 20 partidos reconocidos. El dato aleja de la “igualdad de condiciones”, aunque lo diga la ley.
El financiamiento los partidos políticos no es un problema presupuestario, sino que es, ante todo, un problema político. Si la utilización de esos recursos no se regula o se regula mal, el dinero puede amenazar la legitimidad de los procesos y las prácticas democráticas. De ahí, que para garantizar la legalidad, la distribución equitativa y la claridad del financiamiento político, es necesario que el mismo esté sujeto a normas y mecanismos de fiscalización, transparencia y rendición de cuentas. El pueblo necesita saber en qué y cómo se gasta su dinero, al tiempo que se resiste a financiar un sistema parasitario de “becas políticas” para activistas y dirigentes.
La garantía de la inversión en la democracia requiere, a su vez, otra garantía: la de una fiscalización y control que permita que los recursos que se proveen sean invertidos correctamente. En esta vigilancia se considera indispensable la participación de la sociedad civil y otras instancias de la administración pública. Sin embargo, para todos es conocido que los partidos políticos del país muestran cierta resistencia a controles y fiscalizaciones.
Pero mientras no haya una respuesta satisfactoria en este sentido, la demanda ciudadana de fiscalizar más enérgicamente los fondos destinados a los partidos políticos y sus campañas se convertirá en un reclamo nacional que deberá ser atendido rigurosamente. El país no vive tiempos para derroches, la prudencia que se impone en el financiamiento de otros sectores también deberá observarse en lo referente al financiamiento de los partidos políticos, la austeridad debe ser para todos.
La permanente discrepancia entre los recursos que reciben los partidos reciben y lo que realmente hacen por la ciudadanía es una muestra palpable de que el tema debe ser revisado. En cuanto a evitar el financiamiento de fuentes ilícitas sólo podrá lograrse parcialmente siempre y cuando los aportes privados deban ser sincerizados y auditados. Por tanto, la fiscalización, la transparencia y rendición de cuentas no sólo se refiere a los aportes del sector público, sino que deberá incluir también el financiamiento privado, para evitar dinero proveniente de fuentes ilícitas que pueden contaminar la reputación de los políticos, de los partidos y hasta de la misma democracia.
El financiamiento de los partidos políticos constituye un reto para la democracia dominicana. Y si bien es cierto que el dinero no puede erradicarse totalmente de la política, no es menos cierto que el mismo debe obtenerse y usarse de una manera ética y responsable. Esto abarca también a los votantes, ya que estos pueden no poner resistencia a los métodos de financiamiento porque a la larga se benefician del clientelismo político que se traduce en donativos, jolgorios y compra de votos por parte de los candidatos.
Los mecanismos de transparencia fiscalización y control del financiamiento político público conducen a la formación y consolidación de una cultura de transparencia y rendición de cuentas que fortalece la democracia y que al mismo tiempo pone de manifiesto que cada vez más los ciudadanos reconocen la importancia de estar bien informados al momento de ejercer el derecho a votar. Y si “las cuentas se han manejado bien”, entonces no hay por qué resistirse a darlas a conocer. Las cuentas claras conservan amistades (y votantes). ¡Y también conservan el prestigio!