Este año 2015 se está cumpliendo el período que se dieron en el año 2000, en New York, los países de las Naciones Unidas para el logro de los llamados Objetivos del Milenio. Dichos objetivos están relacionados con el mejoramiento de la calidad de vida de las poblaciones de los diferentes países, y en particular de los sectores sociales más empobrecidos y excluidos. Entre los 8 objetivos del milenio asumidos, los más significativos son: Erradicar la pobreza extrema y el hambre, lograr la enseñanza primaria universal, Promover la igualdad entre los géneros y la autonomía de la mujer, reducir la mortalidad infantil y mejorar la salud materna combatir el VIH/SIDA, el paludismo y otras enfermedades y garantizar la sostenibilidad ambiental.
A partir del año 2010 se fue elaborando en nuestro país, con la participación de amplios sectores de la población, la Estrategia Nacional de Desarrollo, END, 2030, que está avalada por la ley 1-12, aprobada por el Congreso Nacional y promulgada por el Poder Ejecutivo en Enero del año 2012. Dicho proyecto-país tiene una proyección o visión país, la cual se aspira a alcanzar para el año 2030: “República Dominicana es un país próspero, donde las personas viven dignamente, apegadas a valores éticos y en el marco de una democracia participativa…” (art. 5).
La ley 1-12 está relacionada con la promoción de políticas públicas que hagan posible la visión-país que aspiramos. Esas políticas públicas se articulan en torno a cuatro ejes estratégicos, con sus correspondientes objetivos y líneas de acción. Éstos son: un Estado Social Democrático de derecho, una Sociedad con igualdad de derechos y oportunidades, una economía sostenible integradora y competitiva y una sociedad de producción y consumo ambientalmente sostenible que se adapta al cambio climático.
Uno de las dificultades más significativas para el cumplimiento de los objetivos del milenio, así como de las metas de la END, 2030 es el tema de la corrupción impune que existe en el país
Cada cierto tiempo el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo da unos informes sobre el cumplimiento tanto de los objetivos del Milenio, el último de los cuales fue en el 2013. Además, monitorea el cumplimiento de la Estrategia Nacional de Desarrollo. Algunos de los datos dados por este Ministerios se acercan a la realidad; otros difieren de los presentados por los organismos internaciones, entre éstos la CEPAL y el Banco Mundial, como en el caso de la supuesta disminución de los niveles de pobreza y pobreza extrema en el país; en otras ocasiones, los datos parecen reflejar más bien el deseo gubernamental que la realidad objetiva.
Uno de las dificultades más significativas para el cumplimiento de los objetivos del milenio, así como de las metas de la END, 2030 es el tema de la corrupción impune que existe en el país. Y aunque siempre ha habido corrupción e impunidad en nuestra tierra, podemos señalar que en los últimos años, coincidiendo con los 15 años de gobierno del PLD (1996-2000; 2004-2015) y en último gobierno del PRD (2000-2004), el fenómeno de la corrupción ha tenido nuevas modalidades y nuevas estrategias.
Un elemento significativo ocurrido en el gobierno del PRD, aunque sus causas hay que buscarlas también en los gobiernos anteriores, fue la quiebra de los Bancos: Banínter, Bancrédito y Mercantil en el 2003; siendo el caso de Banínter el más significativo por la cantidad envuelta en el fraude, así como por la desacertada decisión del entonces presidente de la República, Hipólito Mejía, de devolver los ahorros a las y los depositantes, comenzando por quienes más dinero tenían depositando, violando así la ley estipulada para estos casos.
Algunos funcionarios del PLD y de sus aliados, en los últimos 19 años, se han visto envueltos en grandes casos de corrupción como el de la SundLand o el Déficit Fiscal del 2012, agravado en los últimos meses del gobierno de Leonel Fernández; el fraude relacionado con la compra de los Tucanos, y sobre todo lo relacionado con el caso Félix Bautista. Además de esto, han inventado nuevas formas de apropiarse de los bienes del pueblo como los salarios de lujo para algunos funcionarios, el barrilito de los senadores, el aumento desproporcionado de la nómina pública y de la llamada “nominilla”, nuevo término para describir a quienes reciben mensualmente dinero proveniente del erario público sin tener que trabajar.
Como casos significativos de corrupción de los últimos 15 años hay que considerar, además, los sucedidos en algunos ayuntamientos del país. Entre los casos más significativos están los desfalcos en San Francisco, en San Cristóbal y en Santiago. A éstos se añaden los casos no suficientemente esclarecidos del actual gobierno, como el tema de la ampliación del hospital Darío Contreras, así como lo relacionado a la licitación para la compra e instalación de las plantas de carbón, y las reales causas de la reciente destitución del director de la OISOE, Miguel Pimentel Kareh.
Mientras que en el caso de los banqueros envueltos en los fraudes millonarios se logró que al menos algunos de éstos fueron llevados a la justicia, condenados y encarcelados; eso no lo hemos logrado en el caso de los líderes y funcionarios partidarios envueltos en los más sonados casos de corrupción. Y éstos han contado, por lo general, con una justicia maniatada, que ni siquiera se atreve a llevar a juicio de fondo a líderes partidarios como Víctor Díaz Rúa, Leonel Fernández y Félix Bautista. Y entre éstos uno de los casos más preocupantes sigue siendo el caso de Félix Bautista, y su apropiación millonaria de inmensos fondos que no ha sido capaz de justificar, y la declaración de no ha lugar dado por el juez Moscoso Segarra, o el “empate técnico” en la decisión de los jueces de la cámara penal de la Suprema Corte, ante la posibilidad de llevar a juicio de fondo a Félix Bautista y compartes.
A nivel de las Naciones Unidas ya se está hablando de unas nuevas metas de desarrollo. De hecho el informe de las Naciones Unidas, “El futuro que queremos para todos” (2012), habla de objetivos de desarrollo sostenible (ODS). Éstos tienen como fecha límite el 2030. En eso coinciden con la Estrategia Nacional de Desarrollo, 2030. No obstante, para lograr estos objetivos, la lucha social articulada contra la corrupción impune, así como el surgimiento de nuevos liderazgos y de una fuerza política capaz de aportar significativamente a la creación de un Estado verdaderamente democrático y de derechos, es un desafío para las próximas décadas. Así se aportaría significativamente al objetivo fundamental de dirigir las fuerzas sociales y políticas, las mentes y las acciones solidarias a lograr una sociedad más justa, con valores éticos y principios normativos, capaz de generar una vida digna para todas y todos.