La letalidad del COVID-19 en el país es para preocuparse. Y mucho. El Ministerio de Salud en su Boletín No. 13 arroja un balance 51 muertes, 1,109 infectados y 208 casos nuevos. De estos, el mayor número de casos se registra en San Francisco de Macorís.
¡La situación es seria. Inquieta y asusta! Y al mismo tiempo pone de relieve la urgente necesidad de fortalecer el aislamiento como medida para prevenir y controlar la propagación del coronavirus en el país.
Pero hay que ir más allá de la respuesta sanitaria. Tal como ha dicho recientemente un grupo de relatores y expertos del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de la Naciones Unidas, ONU, la crisis generada por el coronavirus no puede resolverse únicamente con medidas de salud pública y disposiciones de emergencia, sino que debe abordarse con apego a todos los Derechos Humanos. “Tampoco deben usarse para silenciar el trabajo de los defensores de los derechos humanos”.
Los expertos de la ONU respaldaron las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, OPS, y llamaron a los Estados a actuar con determinación para que los sistemas sanitarios públicos cuenten con los recursos que necesitan para prevenir, detectar, dar tratamiento y ayudar a la recuperación de los enfermos.
Todas las personas, sin excepción, tienen el derecho a cuidados que les salven la vida y esta responsabilidad recae en los Gobiernos. La escasez de recursos o el uso modelos de seguro médico público o privado no debe justificar la discriminación contra ciertos grupos de pacientes.
Sin embargo, la respuesta a la crisis no termina ahí, sino que requiere que los Estados tomen medidas adicionales de protección social, apoyando a los sectores de la población que serán afectados desproporcionalmente en esta emergencia. Esos sectores incluyen a las mujeres, que de por sí se encuentran en desventaja en términos socioeconómicos, además de que llevan una mayor carga de responsabilidades en las familias y viven en alto riesgo de sufrir violencia de género”, declararon los expertos de las Naciones Unidas.
No debe haber excepciones cuando un enfermo de COVID-19 necesite servicios de salud para salvar la vida, dijeron los expertos de la ONU en Derechos Humanos, agregando que la crisis debida al coronavirus debe abordarse respetando todas las garantías fundamentales, incluyendo a todos los colectivos: personas mayores, minorías, pueblos indígenas, desplazados, personas pobres, presos, indigentes, migrantes, adictos a las drogas y personas LGTBI.
Al igual de las Naciones Unidas, Amnistía Internacional (conocida como Amnistía o Annesty International, por sus siglas en inglés), una institución con presencia en 150 países y que trabaja por los Derechos Humanos reconocidos por la Declaración Universal de los Derechos Humanos, también se une al llamado mundial a respetar los derechos humanos durante la situación de crisis provocada por la pandemia del Covid-19. Amnistía presenta el siguiente Decálogo de los Derechos Humanos para la prevención y control del COVID-19:
1. Acceso a información: los Estados deben garantizar que todas las personas afectadas tengan acceso a información clara y confiable sobre elCOVID-19.
2. Acceso a la salud: si bien el gobierno nacional adoptó medidas para reforzar el Sistema Público de Salud, es necesario que las autoridades garanticen el acceso especialmente a los sectores más afectados y vulnerables en un país donde el 35.4% está debajo de la línea de pobreza. Además, la suba indiscriminada de precios debe controlarse y evitarse.
3. Acceso a la seguridad social: los trabajadores informales no suelen recibir prestaciones de la seguridad social y en este contexto, su situación se agrava aún más. Por lo tanto, es imprescindible sumarlos a los beneficios socio-económicos implementados por el gobierno a propósito del coronavirus.
4. Protección y cuidado de los trabajadores y trabajadoras de salud: pues están en primera línea frente a esta pandemia. Se le debe asegurar su salud y la de sus familiares.
5. Grupos vulnerables: según la Organización Mundial de la Salud (OMS), las personas de edad y con dolencias médicas preexistentes están más expuestas. Los Estados deben tomar medidas concretas para protegerlas (personas indigentes; migrantes; personas con ingresos bajos, etc.).
6. Las mujeres y las niñas pueden experimentar impactos particulares. Por lo tanto, todos los esfuerzos de respuesta deben incluir un análisis de género. Esto implica, por ejemplo, garantizar determinados servicios, como la atención a víctimas de violencia de género.
7. Prevención del estigma y la discriminación: en algunos países se ha agredido y sometido a abusos racistas a personas por su origen asiático. El Estado debe realizar campañas de educación y concientización para evitar esta situación.
8. Cuarentena (o aislamiento social): es imprescindible garantizar el acceso a recursos básicos de salud, alimentación y a una vida digna de quienes están en contexto de cuarentena. Al mismo tiempo, un adecuado control sobre la extensión en el tiempo y proporcionalidad son necesarias.
9. Restricciones y prohibiciones de viaje: afectan el derecho a la libertad de circulación y por ello deben también procurar limitarse en el tiempo. El Estado debe velar por quienes están varados en el exterior y facilitar tanto su regreso como el de la ayuda necesaria.
10. La solidaridad y cooperación internacional es más necesaria que nunca: organismos como el Fondo Monetario Internacional (FMI) no deben obstaculizar la realización progresiva de los derechos económicos, sociales y culturales. Establecer medidas que alivien los compromisos de los Estados en pos del acceso a los derechos humanos es una de ellas.
Señala también Amnistía que aunque es el Estado quien tiene la obligación de respetar, proteger y cumplir los Derechos Humanos, entre ellos la salud, tanto las personas a nivel individual como las empresas tienen responsabilidades, por lo que es importante que se cumplan las medidas indicadas por las autoridades locales.
Las embarazadas deben tener prioridad a la hora de recibir la prueba del COVID-19, y en caso de estar infectadas, tomar precauciones al amamantar a sus bebés. Los expertos recomiendan que se protejan, y aclaran que hasta el momento no hay pruebas de que el virus pueda ser transmitido a través de la leche materna o el líquido amniótico.
Hay que cuidar la salud y los derechos de los profesionales de la salud que prestan sus servicios profesionales en esta situación. Los expertos reconocieron la invaluable labor de los trabajadores de salud de todo el mundo, calificándolos como los héroes de la batalla contra el COVID-19. “Enfrentan cargas de trabajo inmensas, arriesgan la vida y se ven frente a dilemas éticos cuando los recursos escasean. Los trabajadores sanitarios necesitan todo el apoyo posible de los Estados, las empresas, los medios de comunicación y la sociedad en su conjunto.”
La pandemia del COVID-19 debe abordarse, necesaria y obligatoriamente, bajo los principios de la responsabilidad, solidaridad y respeto a los Derechos Humanos. Esto incluye a civiles y militares, profesionales, empresarios, voluntarios y ciudadanos en general que participan en labores de emergencia para la prevención y control del COVID-19. ¡Hagámoslo aquí y hagámoslo pronto y hagámoslo bien!