Sin decir lo que piensa, como siempre, el presidente Medina ha deshonrado su promesa de que no se repostularía. Lo hará con la compra de los legisladores leonelistas, de las siglas y los legisladores de unos cascarones que una vez fueron partidos, a todos esos legisladores se les ha prometido su repostulación. Medina, el PLD, los cascarones, los congresistas comprados y los que impulsaron la nueva figura de la reelección en la Constitución han constituido el bloque de candidatos de la indignidad e impunidad.
La historia política dominicana está jalonada de pactos, transacciones y componendas basadas en el dolo, la traición y de todo tipo de bajezas, pero ésta, tramada por Danilo Medina y rematada por el Secretario de Organización del PLD: Félix Bautista, de generales ampliamente conocidas, constituye la más lesiva a la conciencia democrática del país, a la institucionalidad, a la identidad nacional y a la imagen del país en el plano internacional, afianzándonos en el penúltimo lugar entre los países más corruptos del mundo.
La forma en que se ha llevado a cabo el proyecto reeleccionista, en esta primera fase, desde el punto de vista político, ético y moral no sólo obliga a una reflexión sobre ese hecho, sino sobre la práctica del Derecho en nuestro país y sobre las funciones de los intelectuales y profesionales. Resultaría inexcusable el silencio de ellos ante la evidencia de que cientos de legisladores vendieran sus votos y conciencias a cambio de votar la reintroducción de la reelección presidencial.
Todo aquel que opinó públicamente sobre la legalidad o no del proceso que culminaría con la convocatoria de la Asamblea Revisora, que aprobó en primera lectura la reforma, está moralmente obligado a opinar sobre la legitimidad y legalidad de las candidaturas congresuales, municipales y presidencial que automáticamente surgieron del acuerdo para la aprobación de esa reforma. Todas son fraudulentas, comenzando con la del principal beneficiario, Danilo Medina, porque surgieron de violaciones a derechos, la ética y a la propia Constitución.
Eso plantea un serio dilema moral para muchos que sin ser formalmente peledeístas, de una u otra manera colaboran y/o forman parte de este gobierno, es responsabilidad de ellos darle una solución. No hay ninguna justificación política ni mucho menos ética para votar por esas candidaturas de impresentables. En lo que respecta a las diversas vertientes de la oposición, la posición en la presente coyuntura no puede ser de mera condena moral, ni de actitud testimonial, sino política en buen sentido del término.
A las candidaturas de la indignidad hay que enfrentarlas con candidaturas no sólo inobjetables, sino con posibilidades de ser realmente contendientes, que en el imaginario colectivo no solamente sean percibidas como serias, sino con posibilidades de ser vencedoras, con propuestas de cambiar las bases en que descansa el funcionamiento de la economía del país y la estructura de acumulación de riqueza de la cúpula del PLD, de sus legisladores y del candidato presidencial reelecionistas.
Cierto es que controlan la JCE y los poderes esenciales del Estado, pero si varios países las fuerzas más decididas y combatidas contra un determinado gobiernon han salido victoriosas procesos electorales celebrados bajo gobiernos de fuerza: civiles y/militares. En nuestro país, en los gobiernos de Balaguer las condiciones eran peores y vencimos, como también lo hicieron los chilenos contra la dictadura de Pinochet, que era aún más represiva y criminal.
No se puede subestimar las condiciones adversas en que han discurrido los procesos electorales durante los gobiernos del PLD, y este será el peor. Controlan gran parte de los medios de comunicación y han envilecido gran parte de la población y de los hacedores de opinión, pero si logramos un sólido frente opositor, con sentido de generosidad, de vocación política y de cambio real, podríamos recoger la repulsa contra este bloque y podríamos vencer los candidatos impresentables, los candidatos de la indignidad.