La institucionalización del país, fue la rápida y sopesada respuesta del presidente Abinader a la pregunta de un acucioso periodista, en el habitual almuerzo del Grupo Corripio, sobre el legado que le gustaría dejar al terminar su mandato. Dejar una impronta de ese calado en esta sociedad constituye una tarea en extremo difícil, porque el irrespeto a reglas en las esferas pública y de la economía se ha convertido, no sólo en una fuente de enriquecimiento y abuso de los poderes legales y fácticos, sino en un importante componente de nuestra cultura. Por consiguiente, implica una labor que requiere el involucramiento de una pluralidad voluntades, de gente no sólo de singular talento y formación, sino de sumo sentido de generosidad.
Institucionalidad significa existencia y práctica de un conjunto de reglas que norman el discurrir de las instituciones políticas y sociales, para garantizar el disfrute pleno del ser humano de derechos de primera, segunda y tercera generación. Vale decir, libertad real de elegir y ser elegido, acceso a los servicios básicos, y poder salvaguardar el territorio como patrimonio nacional y no del gran capital, sin importar de dónde este provenga. Significa que los sectores religiosos respeten la esfera de lo público, sin detractar ni presionar a legisladores o aspirantes a ese cargo, si estos no se acogen a sus posiciones sobre temas de fe.
De igual modo, que sectores empresariales no impongan su voluntad en las diversas instancias del poder político, que respeten el derecho a la libre sindicalización de los trabajadores y que del Estado no hagan una de sus principales fuentes de acumulación de riqueza. También que los partidos se hagan representar por aquellos que tienen real solvencia ética/moral y de voluntad de servicios y no, básicamente, por quienes puedan financiar sus campañas electorales. Además, que su cuerpo electoral no lo forme mediante una lista de miles de seudo militantes que, sintiéndose con derechos adquiridos, se convierten en una insoportable presión/dislocación para los gobiernos recién instalados y para cientos de miles de empleados, muchos con iguales derechos.
Institucionalización es gobernabilidad, que no es sinónimo de estabilidad, sino de capacidad de llegar a acuerdos entre la comunidad, el sector público y el privado para garantizar el pleno ejercicio de participación y representación ciudadana en los gobiernos central y local. Es, separación de los poderes del Estado, sin que el o los integrantes de cualquiera de ellos se desvinculen totalmente de sus electores, como el caso del actual Congreso, e impedir que cualquier transnacional o corporación haga uso discrecional de nuestros recursos naturales. Si, además, el Estado asume su responsabilidad y ofrece educción pública de primera calidad y del sector salud quita las sanguijuelas de las ARS, estaríamos dando un salto sustancial en la institucionalización del país.
Con las excesivas ganancias que se les atribuye a las ARS y las AFP, se crea una insoportable limitación a la calidad y cobertura del sector salud en el país, disminuyendo el nivel de vida de una significativa parte de la población y de una pensión que, en general, garantice una mayor seguridad de los pensionados. Así se evitaría que esa cuestionable discrecionalidad del jefe del Estado de asignar pensiones discrecionalmente a personas que no siempre la necesitan y/merecen, que pudiendo haber cotizado en su momento no lo hicieron. A tal propósito, bien podría establecerse una justa regulación de las pensiones que arbitrariamente se auto otorgan los funcionarios de algunas instituciones del Estado descentralizadas, de las Altas Cortes y de las cámaras legislativas, entre otras.
Por otro lado, existen prácticas perversas que, por su indetenible recurrencia se institucionalizan, una de ella es que casi siempre se forman alianzas electorales que al logran constituirse en mayoría de gobierno, pero el presidencialismo termina anulándola, de hecho. En la actualidad, es recurrente la queja de algunas colectividades políticas que, siendo aliadas, dicen no ser tomadas en cuentas por el gobierno y su partido. En otros países los aliados de los gobiernos exigen su visibilidad y derechos en la nueva mayoría. Justo es decir que aquí no toda la culpa recae en el presidente, sino en las debilidades de los aliados, básicamente. Pero, a los fines del fortalecimiento institucional el primer mandatario debe promover y ser guardián de la pluralidad.
Finalmente, el presidente no sólo ha nombrado un ministerio público independiente, sino que plantea una reforma constitucional que establezca un mecanismo donde no sea el poder Ejecutivo quien integre ese ministerio, para garantizar la sostenibilidad de esa independencia. Esperemos que lo haga, al tiempo de propiciar una reforma del régimen municipal, con un marco competencial que permita ser eficaz, eficiente, realmente democrático e independiente, no sólo del jefe del Estado, sino de cualquier ministerio o dependencia gubernamental.
De propiciar estas y otras reformas, y de erradicar diversas malas prácticas de nuestra cultura política, habría dejado un legado de cambio en las instituciones políticas que podría ser el pilar fundamental del cambio social, en la acepción más precisa de ese concepto sociológico.