Con frecuencia la sociedad dominicana, las familias y las personas tienen que contemplar por la televisión, leer en la prensa o escuchar por la radio noticias relacionadas con los cotidianos asesinatos realizados por la policía nacional de personas que suelen tener unas características bien concretas: generalmente son hombres, jóvenes, con bajos niveles educativos, desempleados, provenientes de sectores sociales empobrecidos y marginados.
El presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Manuel María Mercedes, señaló recientemente que en lo que va del año 2014 ya son 155 los ciudadanos asesinados por la policía que se suman a las cerca de 6,300 personas que en los últimos diez años han sido asesinadas por la mal llamada “fuerza del orden”. Generalmente se habla de “intercambios de disparos”. Sin embargo, en la mayor parte de los casos se trata de ejecuciones, aunque entre las personas caídas hay también policías, o miembros de las fuerzas armadas o de la DNCD. Sin embargo la proporción de policías asesinados o que han perdido la vida en estos incidentes es mucho menor; lo cual no justifica estos asesinatos.
Estas horrendas ejecuciones ocurren ante la mirada aparentemente indiferente de la mayor parte de la sociedad dominicana, así como de los poderes del Estado: ejecutivo, legislativo y judicial. Pareciera que la vida de miles de personas no les interesa a la justicia dominicana, en la mayor parte de los casos. Incluso cuando ocurre un caso de asesinato las supuestas investigaciones se quedan, generalmente, en manos de la policía o de jueces cómplices con este tipo de crímenes. En otras ocasiones simplemente se traslada a los policías de un lado para otro y todo sigue igual.
No hay forma de justificar éticamente estos asesinatos económico-políticos; de todos modos es importante intentar acercarnos a las causas que los producen. Es conocido por la población que a las personas asesinadas generalmente se las tacha de “delincuentes”. Y “delincuente”, según la concepción común es el que en las calles atraca a una persona, le quita un celular, dinero o prenda, etc. Delincuente es también el ladrón que se entra en la casa para robar. Entre esos delincuentes hay también un grupo ligado a la policía, a las fuerzas armadas o son ex miembros de estos organismos. Sin embargo la gran delincuencia, la que supone evadir los impuestos que habría que pagar al Estado, o la gran corrupción de los grupos empresariales; la corrupción de los grupos y líderes partidarios; los que quebraron los bancos y se apropiaron ilegalmente de los ahorros de miles de personas, etc., esos por lo general no son buscados por la policía, ni mucho menos agredidos.
El problema de la violencia y la delincuencia es necesario visualizarlo en un contexto mundial más amplio como fruto del deterioro y del fracaso de la imposición a nuestros países de las políticas del sistema económico-político neoliberal, una fase degradada del capitalismo salvaje, que impulsa a esos países a defender sus negocios transnacionales a cualquier precio. Cuando tenemos que contemplar que el ejército de Estados Unidos de América, en alianza con los países europeos y asiáticos que sustentan la llamada OTAN, invade Irak, Siria, bombardea poblaciones civiles, supuestamente buscando a “terroristas”, cuando Israel invade los territorios Palestino o realiza una matanza como la que realizó recientemente en Gaza, cuando siguen bombardeando, supuestamente buscando terroristas, entonces tenemos que admitir que los grandes del mundo se han asignado el permiso de asesinar a personas supuestamente terroristas o a civiles indefensos.
La causa principal de la delincuencia de abajo hay que buscarla en la concentración de los bienes y las riquezas en pocas manos de los grupos económico-partidarios, en los altos niveles de exclusión social de una parte significativa de la población que genera las faltas de oportunidades, sobre todo entre los más de 700,000 jóvenes, que ni estudian ni trabajan; en quienes no tienen la posibilidad de conseguir un trabajo digno, o entre quienes tienen una marcada incapacidad adquisitiva, lo que determina que lo que consiguen no les da para sobrevivir. Por otro lado este grupo de personas es “incluido virtualmente y excluido realmente” como ha señalado el sociólogo Marcos Villamán. Esas personas tienen que contemplar cómo los muchachos y muchachas del barrio que lograron meterse a un partido mayoritario o lograron llegar a ser funcionarios públicos, o se ligaron al negocio de las drogas, al poco tiempo exhiben impunemente riquezas y bienes que no pueden justificar.
La mayor parte de la Policía, por su lado, forma parte también de ese grupo de personas que son excluidas, que sobrevive con precariedad económica y cuyos salarios les da apenas para cubrir solo una parte de los gastos de la canasta familiar. Es así como los policías que asesinan a los supuestos delincuentes se convierten ellos mismos en asesinos que están agrediendo a su misma clase; a la gente que tiene que hacer malabares para sobrevivir, en una sociedad en donde las riquezas están concentradas en pocas manos y en donde la corrupción impune se convierte en promotora de una violencia permanente.
Estos asesinatos realizados por la policía deben ser considerados como crímenes del Estado Dominicano, que atentan contra el Estado de Derecho, tal como lo expresa la Constitución de la República. Por eso Cristóbal Rodríguez, abogado constitucionalista, ha alertado a la sociedad dominicana sobre el retroceso que vive el país en la lucha contra la criminalidad, ya que la Policía está actuando fuera de la ley y el Estado derecho, lo que puede derivar en una barbarie generalizada. Y señaló: “O nos aferramos al derecho o nos espera la barbarie generalizada. No hay solución al crimen desde el crimen” (Hoy, 2-6-14). Y es que no puede haber solución al problema de la criminalidad si la Policía –y por tanto el Estado- está actúando con un método criminal.
La comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) ha anunciado recientemente, que demandará al Estado dominicano ante el Relator Especial de las Naciones Unidas, Christof Heyns, con asiento en Ginebra (Suiza), debido a lo que consideró como “ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias”. Resaltó dicha comisión que las supuestas ejecuciones, violan además abiertamente la Constitución dominicana vigente, que en su Artículo 37 defiende el derecho inviolable a la vida, desde la concepción hasta la muerte. Por lo tanto en la sociedad dominicana no podrá establecerse, pronunciarse ni aplicarse, en ningún caso, la pena de muerte (Acento, 3-6-2014).
La pregunta fundamental es qué se está haciendo para enfrentar esta realidad y cuáles serían las líneas de acción, las estrategias y las acciones principales a emprender –por el Estado y sus instituciones, así como por los diferentes grupos sociales defensores de los derechos humanos- para ir atacando este mal, estos asesinatos impunes. Sin bien la respuesta tiene que ser multifactorial, consideramos que un primer paso es ayudar a las personas a tomar conciencia de la gravedad de estas situaciones de violencia; otro elemento importante es luchar por la transformación del modelo económico-político que permite la concentración de las riquezas en pocas manos; continuar la lucha contra la corrupción impune y seguir apoyando los esfuerzos por mejorar las condiciones de vida de la policía nacional, trabajando en crear proyectos de formación oportunidades de un trabajo digno, entre otros aspectos significativos.
Se hace necesario apoyar la denuncia de los asesinatos policiales, como crímenes de Estado, ante los organismos internacionales como la ONU o a la Corte interamericana de Derechos Humanos; mientras se sigue luchando para que tanto las mismas familias de las personas asesinadas, así como las organizaciones e instituciones que apoyan su causa, continúen la lucha, por crear mejores condiciones de vida para los sectores sociales más excluidos. Es una tarea urgente que los sectores del poder judicial con cierto nivel de
conciencia, los grupos comunitarios, las organizaciones de base comprometidas con la vida digna, se conviertan en vigilantes de la actuación delincuencial de una policía que es pagada con nuestros impuestos para que no se siga poniendo al servicio de los intereses de las minorías enriquecidas y decidan ser aliadas de los sectores populares que exigen y se merecen mejores condiciones de vida.