El gobierno quiere más dinero. Dicen algunos economistas locales y extranjeros que los impuestos son bajos en República Dominicana como porcentaje del Producto Interno Bruto (PIB). Pero ¡ah! pregúntele al que paga y verá lo que piensa.

Pepe Mujica pasó por el país hace un tiempecito, y el mayor revuelo lo causó cuando dijo que la presión fiscal dominicana era baja. A nadie, excepto al Gobierno, le gustó ese comentario.

Hace cuatro años hubo un gran aumento de impuestos, fue tan grande que ha sido escalonado, año por año. El hoyo fiscal de la campaña electoral de 2012 fue inmenso. Era la primera elección de Danilo Medina, y Leonel Fernández echaba la zapata para una nueva reelección en el 2016. Dos campañas en una.

La culpa de aquellos impuestos recayó sobre Fernández. Hasta frente a las películas de FUNGLODE se sentaron los jóvenes en protesta.  A partir de ahí, Fernández no volvió a levantar cabeza y se frustraron sus planes de volver rápido al poder. Medina salió ileso y fue reelecto.

La necesidad de un pacto fiscal está plasmada en la ley llamada Estrategia Nacional de Desarrollo de 2010, pero nadita de nada. Nadie quiere pagar más impuestos.

Si el Gobierno los impone, caería estrepitosamente su aprobación, que ya ha bajado por los escándalos de corrupción. Por eso el Gobierno se contiene, aunque necesita más dinero para sostener el Estado corrupto, clientelar y asistencial dominicano. Casi medio país vive del Gobierno, y casi la otra mitad aspira a tal privilegio.

Ante la creciente deuda externa, el Fondo Monetario Internacional (FMI) tocó la primera alerta, y cuando eso sucede, no tardan en tocar nuevamente.

En realidad, el impuesto al consumo (ITIBS) no aguanta más aumentos, y extenderlo a otros productos es grabar más a los pobres. A la Barrick Gold ya le hicieron pagar más desde el 2013, y el precio del oro bajó después que pasó el ventarrón de la gran recesión.

El Gobierno dice ahora que no establecerá más impuestos hasta que no cobre los que hay. ¡Muy bien! La pregunta es: ¿y quiénes no pagan?

Los principales evasores son los empresarios y los empleados por cuenta propia con ingresos por encima de la cantidad exenta. Cobrarle a esos grupos no es fácil. El Gobierno intenta, sabiendo como sabe que necesita más dinero.

En su afán por evitar una eventual intervención del FMI, el Gobierno también ha comenzado a reducir o eliminar subsidios; y empezó con el poderoso sector transporte; esos que llaman los “dueños del país”. Si la eliminación de subsidios se extiende, vendrán grandes confrontaciones con los empresarios. Todos se creen meritorios de incentivos y privilegios.

El déficit fiscal dominicano y la deuda externa han aumentado en estos años de vacas gordas, cuando la economía ha crecido por encima del 5%, según los datos oficiales. ¿Qué sucederá entonces cuando lleguen los años de vacas flacas, cuando baje el crecimiento económico y las facilidades de endeudamiento externo sean menores?

He planteado en diversas ocasiones que la corrupción es un factor de movilización secundario. Es decir, el encono del pueblo con la corrupción toma impulso cuando hay factores primarios de descontento en el escenario como son las dificultades económicas.

La lucha contra la corrupción y la impunidad que comienza a desarrollarse en el país ante el caso Odebrecht se profundizará si la situación económica se torna más adversa. De ocurrir eso, habrían dos posibles escenarios políticos: un desplome del Gobierno, o que el Presidente tome el toro por los cuernos y produzca cambios importantes. Ya veremos.