Cada nombramiento realizado en esta primera semana de gobierno del PRM ha sido sometido al alto escrutinio de una población esperanzada y ávida de cambios.
La difícil tarea de las designaciones y su necesario equilibrio han sido despotricados tanto por partidarios como por ex contrincantes. Cada nominación es percibida como una señal de la transformación política anhelada, o bien es rechazada por tal o cual razón.
Está claro que el Gobierno del Cambio no la tiene fácil y que todas las miras están puestas sobre su actuar, para bien y para mal. El presidente Luis Abinader asumió el poder en una situación inédita y en medio de una crisis sin precedente, en la cual el creciente poder mediático de las redes juega un papel cada día más importante.
En estos tiempos de grandes expectativas, las organizaciones de la sociedad civil que trabajan a favor de la niñez se cansaron de escudriñar las listas de decretos para ver quiénes iban, de ahora en adelante, a regir los destinos del Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (CONANI), órgano rector del Sistema Nacional de Protección de los Derechos de la Niñez y la Adolescencia, y del Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia (INAIPI), responsable de gestionar la prestación de servicios de atención integral de calidad a niños y niñas y a sus familias durante la Primera Infancia.
Estas designaciones cobran aún más relevancia frente a la consternación que ha generado la violación y asesinato de la niña Liz María cuatro días después de haberse iniciado el nuevo gobierno.
Este bochornoso hecho nos recuerda de manera dramática la importancia de estos organismos, así como de la sociedad en su conjunto, en cuanto se refiere a la erradicación del abuso infantil.
Esperemos que con el cambio se pueda marcar un hito en la aplicación de todas las leyes y convenios al respecto, así como la hoja de ruta nacional para la prevención y eliminación de la violencia contra la niñez.
Hasta ahora, los acontecimientos más sonados de violaciones son generalmente descubiertos y mediatizados cuando son acompañados del asesinato de las pequeñas víctimas.
El crimen produce una efervescencia en los medios de comunicación acompañada de entrevistas y artículos de opinión, así como de comentarios en las redes sociales, para pasar a convertirse más tarde en parte de meras estadísticas.
A pesar del relieve momentáneo que adquieren estos eventos, fuerza es de constatar que la defensa de los derechos de la niñez y el combate contra todo tipo de violencia que la atañe no es una prioridad compartida por una sociedad que tiende más bien culturalmente a normalizar el abuso sexual, las relaciones verticales de poder y el machismo.
Se suele pensar que los abusos ocurren puertas afuera y que en la familia se cuida y protege a los niños; sin embargo, está demostrado que la mayoría de los abusos sexuales contra niños y niñas suceden dentro del ámbito familiar, en el vecindario cercano, o son ejercidos por figuras de poder.
La familia ha evolucionado y hay que tomar en cuenta para el análisis el sinnúmero de tipos de familia que coexistan hoy en día, con una infinidad de variantes que comprenden, entre otras, familias nucleares, matrifocales, monoparentales, mujeres con hijos no deseados o las familias reconstituidas. Es partiendo de esta realidad, que en numerosos casos la familia puede resultar más peligrosa que el mundo exterior.
A esto se podría agregar que el abuso sexual infantil se rije por la ley del silencio, por una zona de sombras, por lo que es casi imposible saber la cantidad precisa de casos de violencia intrafamiliar y abuso infantil que se producen en una sociedad determinada.
El problema del abuso sexual en la infancia se caracteriza por su complejidad y se configura como un delito que requiere de actuaciones profesionales especializadas y de una justicia íntegra, capacitada y eficiente para así́ evitar la revictimización. Hoy en día nuestros niños, niñas y adolescentes están huérfanos del cumplimiento de las leyes de parte de quienes deberían velar por ellas.
Urgimos de la puesta en marcha de políticas de prevención efectiva, junto a políticas de fortalecimiento del Sistema Nacional de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes y salvaguardia de los derechos de la niñez; necesitamos empoderar a la niñez, adolescencia y mujeres sobre su cuerpo y sus derechos sexuales y reproductivos; una persecución eficaz y restitución de derechos de las víctimas; una mayor seguridad en nuestros barrios y comunidades, unidas a políticas efectivas y coherentes de lucha contra la pobreza.
No podemos olvidar que los periodos de emergencia como el que atravesamos desde el inicio de la pandemia conllevan una merma significativa de los derechos de la niñez.
Este deterioro puede llegar a ser dramático en nuestros sectores vulnerables donde nuestros niños, niñas y adolescentes han visto quebrarse, entre otros, sus derechos a la educación, a la alimentación y a la protección.
En el periodo de gobierno que comienza, la erradicación del abuso sexual debe convertirse en una prioridad en las políticas sociales dirigidas a la infancia, adolescencia, juventud y género. Educar a la población en su visibilización, trabajar en la igualdad de genero y ponerle fin a la impunidad deben ser los pasos prioritarios.