La República Dominicana, a pesar de estar moviéndose con un ritmo lento en materia de desarrollo cultural y social, es líder en diversos órdenes en la Región del Caribe. El liderazgo regional de nuestro país en el béisbol, en intérpretes de la música y en macroeconomía es evidente. Pero este liderazgo queda eclipsado en América Latina y el Caribe por estar entre los primeros en accidentes y en muertes por accidentes de tránsito; en mortalidad materna y mortalidad infantil; y, en feminicidio. En estos momentos nos ocupa y preocupa la realidad de la mortalidad infantil. Este es un contexto difícil y contradictorio. La dificultad estriba en que nuestro país carece de institucionalidad y las diferentes instituciones que debieran accionar para la solución de tan graves problemas son disfuncionales. Además, es una situación contradictoria por el slogan que tienen los funcionarios del gobierno actual, sobre los esfuerzos que se hacen cotidianamente para garantizar la calidad de vida de los dominicanos y la cruda realidad en la que se constata el incremento de la mortalidad infantil.
La dificultad y la contradicción se profundizan por la carencia en el país de voluntad política y de capacidad para revertir esta situación. Con frecuencia, cancelan y nombran funcionarios; pero la situación no depende de personas, hay problemas estructurales que impiden la solución real; y todo se sostiene con medidas que son meros paliativos. Pero la contradicción es más relevante por ser este país uno de los más reconocidos por su alegría y su sentido de fiesta. Estos rasgos son propios de grupos y de culturas que valoran la vida, que disfrutan la vida. Todo esto cae por tierra cuando en el país las muertes de recién nacidos aumenta un 31.9 %. El Ministerio de Salud Pública indica, a través de la Dirección General de Epidemiología, que murieron 793 niños recién nacidos en el trimestre enero-marzo de 2018.
Los factores que inciden para que se produzcan estas muertes son diversos; pero el relativo a la precariedad con que se opera en los hospitales públicos del país es uno de los más relevantes. Esta realidad nos dice que el liderazgo del país niega la vida. Continuamos viviendo en un país donde la salud no constituye una prioridad. La prueba fehaciente de ello es el bajo presupuesto que se le asigna al Ministerio de la Salud, el cual responde a un 2.0 % del Producto Interno Bruto (PIB) del país, a pesar de la demanda constante de que se incremente al menos a un 5%. Se asumen estas muertes con la mayor naturalidad; no se observa ningún rubor; da lo mismo que mueran o que vivan.
El atraso que presenta el país en la erradicación de la mortalidad infantil se profundiza y lo más preocupante es que Salud Pública ya no tiene ninguna credibilidad cuando afirma que está trabajando y que este problema será superado. Esta circunstancia está provocando alarma en la población y, sobre todo, está aumentando la depresión materna y familiar. La situación ha de encararse con la responsabilidad que amerita. No hay ni espacio ni tiempo para jugar con la vida de las personas ni con el presente y el futuro del país.
El gobierno actual tiene que honrar su palabra en la práctica; y por ello ha de poner en ejecución las políticas de salud que pueden eliminar o disminuir sustantivamente la mortalidad infantil. Asimismo, ha de respetar y cuidar la dignidad de los infantes y de las familias para fortalecer los derechos y la educación de todos aún sean marginados económicos y sociales. Por ello, después de agilizar su muerte con hospitales y servicios médicos deficientes, no pueden reducirlos a residuos en cajas de cartón. Esto constituye una vergüenza nacional y una violación al respeto que merece la familia, la sociedad. La República Dominicana ha de reconstruir su liderazgo y esta reconstrucción tiene que afirmar la vida y los derechos de todos, aún sean recién nacidos.