La reciente destitución del presidente izquierdista de Paraguay, Fernando Lugo, por faltas e incapacidad en el ejercicio de sus funciones, decidida por el Congreso bajo control del opositor Partido Colorado, es resultado de la masacre que se pudo evitar y que dejó un saldo de 17 muertos entre campesinos invasores de tierra y agentes de la policía en ese país, alimentado por el mismo mandatario defenestrado.

El hecho, prevenible con una actitud más positiva y proactiva del presidente Lugo, confirma una vez más, después de lo ocurrido a Zelaya en Honduras hace algunos años, la necesidad de que los presidentes electos por la vía democrática asuman las consecuencias de sus actos y dejen de pensar que tienen mano libre para hacer su santa e inapelable voluntad en un estado de derecho genuino.

El pueblo los elige como mandatarios. Tienen un mandato, no un cheque en blanco. El pueblo tiene el derecho de exigirles responsabilidad por sus decisiones, pedirles cuentas por sus hechos, ya que son electos no para tener poderes omnímodos, sino para responder al pueblo, que en esencia, es el soberano, el que manda, el que quita y el que pone.

¿Qué autoridad tiene un presidente y primer empleado del pueblo para disponer y decidir, asumiendo que no tiene que rendir cuentas a nadie, como era en los estados absolutistas?

Pero, lamentablemente, se registran casos de líderes políticos que llegan al poder con otras intenciones. El sistema democrático dispone las reglas del juego, en términos de separación de poderes: ejecutivo, legislativo y judicial, en un sistema republicano, democrático y representativo.

¿Qué autoridad tiene un presidente y primer empleado del pueblo para disponer y decidir, asumiendo que no tiene que rendir cuentas a nadie, como era en los estados absolutistas?

Por eso Leonel Fernández, Hugo Chávez, Cristina Fernández, Rafael Correa, Daniel Ortega, Evo Morales, Lugo y otros pichones de dictadores, se rasgan las vestiduras cuando uno de los poderes establecidos los pone en su sitio, y les recuerdan que no están por encima de la ley, la Constitución y la misma voluntad popular que un día juraron defender. Por eso optan por el control absoluto para regir absolutamente.

Ellos prefieren la “democracia de bolsillo”, aquella en la que asumen sin permiso de nadie, imponerse por decretos, por órdenes ejecutivas, pasando por encima de la Constitución, el poder legislativo, el poder judicial y otros poderes legales establecidos, jugando al papel de una democracia vaginal complaciente y de conveniencia.

¿De qué golpe de estado se puede hablar cuando el Congreso de un país, que representa a los electores, no al presidente ni a un partido, y con una función específica, asume su responsabilidad y decide ponerle freno al desenfreno del Ejecutivo, en aras de mantener el equilibrio de fuerzas y el rumbo estable de una nación?

¿Acaso no es un golpe de estado cuando el Ejecutivo decide apartarse de las reglas del juego, acomodar la Constitución a sus caprichos de continuismo, tomar el control absoluto del Congreso, Judicial y Electoral, socavar la credibilidad de las instituciones, armar pandillas para meter miedo, utilizar militares para reprimir protestas genuinas, tramar fraudes electorales, entre otras diabluras, como lo han hecho en Venezuela y Nicaragua, y pretende el PLD hacer en República Dominicana?

Lugo, un ex guerrillero Tupamaro devenido en sacerdote católico, ha sido un desastre en su vida política y personal: demandas judiciales, hijos bastardos, mujeres al granel, rencillas con sus aliados políticos, sin apoyo popular y para colmo, enfermo de cáncer. Sus intentos de reforma agraria no han dado resultados. De ahí, el desastre.

¿Puede un presidente así, dirigir el rumbo de un país? ¿Tiene el pueblo el deber de obedecer y cumplir el mandato de un presidente que rehúsa someterse a las reglas del juego político y social, aceptadas por todos los actores nacionales, y situarse a pulgadas de una dictadura? ¿O apelar al supremo recurso de la rebelión contra la tiranía y la opresión de un megalómano?

No. De ninguna manera. Las Constituciones tienen que disponer de un antídoto para evitar semejantes situaciones y extirpar el cáncer. En estados avanzados, como Estados Unidos, ello se llama el recurso de “impeachment”, o destitución por decisión de los poderes Legislativo y Judicial.

Ello se invocó con justa razón cuando el ex presidente Richard Nixon intentó en los años 70 burlarse de la ley y del pueblo. Tuvo que renunciar para evitar un juicio vergonzoso. Los padres de la Patria en 1776 previeron algo así en Filadelfia, y optaron por cortar por lo sano cuando redactaron la Constitución estadounidense.

Pero en América Latina, ello es otro cantar. Después de más de 500 años de historia, no se quiere aprender de la experiencia. Y la memoria suele ser muy breve. Por eso, la historia nos condena a la recurrencia, a la repetición del karma político, sin el conocimiento y sin la conciencia. Pero sí con las consecuencias funestas del ciclo maléfico de la “democracia de bolsillo” y los pichones de dictadores que buscan acomodar la democracia a sus caprichos y conveniencias.