La legitimidad política va más allá del voto, de las elecciones, del espacio de legalidad y del alcance de los cómputos; la contiene, empero, no es suficiente. El ejercicio de las acciones y decisiones en una sociedad democrática, asumiendo el amplio espectro de los actores: Sociales, Económicos, Políticos, validan la legitimidad en la articulación del consenso en medio del disenso.
La legitimidad es la construcción vehemente del Capital Institucional para hacer posible, viable, permanentemente, la democracia y su respectivo corolario: la Gobernanza efectiva. Si la democracia es un sistema en constante construcción, la legitimidad se configura en el soporte medular que le da sostén y razón de ser. Mientras más legitimidad más democracia. Esta última se solidifica, se hace sostenible, más abierta, más plural, más participativa y con ello, se convierte en la renovación singular de los necesarios pactos, contratos, que ha de acusar toda sociedad.
La legitimidad política, intentando una analogía, es el esfuerzo del ser humano, por encontrar el equilibrio, entre la mente, el espíritu y el cuerpo. La legalidad no supone necesariamente legitimidad. La legitimidad es una cualidad que refiere la justificación en el ejercicio del poder; es, por así decirlo, las respuestas de las expectativas de los dominados como reconocimiento, para justificar a los que ostentan el poder político. La legitimidad es el encuadre de que se cumple con los fines comunes y con las normas y leyes, tomando en cuenta su razón de ser: la sociedad y los ciudadanos.
Por lo tanto, la legitimidad aborda lo legal y lo trasciende. De otra manera, la democracia se herrumbra y deviene la desafección y la desconfianza. Giovanni Sartori en su libro ¿Qué es la democracia? en el epígrafe La democracia como legitimidad, nos dice en la página 47: “Hay democracia cuando existe una sociedad abierta en la que la relación entre gobernantes y gobernados es entendida en el sentido de que el Estado está al servicio de los ciudadanos y no los ciudadanos al servicio del Estado, en la cual el gobierno existe para el pueblo y no viceversa”.
Legalidad/legitimidad se constituye hoy en día en el fundamento del Poder que ha de atravesar meridianamente por la gestión del bien común, como justificación de un poder concreto. De lo que trata es que más allá de la legalidad, es decir, de la legitimidad de origen, se requiere la legitimidad de actuación de parte de los actores políticos. La legitimidad toma cuerpo cuando hay una simetría, una concordancia entre lo que las normativas, las leyes y el ordenamiento jurídico de una sociedad ordenan en cada situación y la realización. Por ello, visto en esa perspectiva, en nuestra sociedad cada vez más hay un divorcio entre la legitimidad y la institucionalidad. El Poder Político solo reivindica la legalidad cuando les conviene, a menudo por fuera de la legitimidad. Nos encontramos que muchas de las acciones del Poder Político están fuera de las leyes y por lo tanto, no son legítimas ni institucionales; pero, al mismo tiempo, toman decisiones legales, institucionales, sin embargo, fuera de la legitimidad necesaria, prerrequisito para la confianza, credibilidad, para el consenso y la renovación constante del contrato social. La legitimidad es como nos diría Rodrigo Borja, en su Enciclopedia de la Política “es la justificación ética del origen del poder, del ejercicio del mando político, de la procedencia y aplicación de la ley o de cualquier otro acto de la autoridad pública”.
Por ello, no es una aporía la declaración de INICIATIVA POR LA INSTITUCIONALIDAD DEMOCRATICA DE LA REPÚBLICA DOMINICANA. Esa Iniciativa expresa que “surge con el objetivo de estimular a todos los actores políticos, estatales y sociales a que asuman el compromiso de dotar al país de una institucionalidad sólida que incremente la confianza social en los órganos del sistema democrático, del sistema de partidos y de las instituciones políticas y sociales en sentido general”. Asumen 5 grandes retos que requiere la sociedad hoy de manera impostergable.
Las respuestas de muchos actores políticos fueron deprimentes, con desdén, triste, totalmente desarmada de argumentos, con desaire. No propio de profesionales de la política. Típicas de personas desaforadas. El más épico y emblemático fue el Senador Adriano Sánchez Roa quien en forma dramática espetó “Eso es una conspiración constitucional. Si quieren que hagan un partido”. Sin embargo, lo planteado por la Declaración Iniciativa por la Institucionalidad Democrática de la República Dominicana está contenido en:
a) Programa de Gobierno del PLD 2016-2020 cuando dice en su página 97:
- “Consolidar la institucionalidad pública implica una apuesta por más y mejor democracia.
- Es necesario fortalecer el marco institucional del Sistema partidario y electoral.
- Vamos por un nuevo diálogo cada vez más fluido y participativo con nuestras sociedades.
- Con voluntad política y la suma de esfuerzos de gobierno, comunidades académicas y empresariales podremos, en el corto plazo, dar un salto hacia el futuro.
- Principales metas de impacto:
- Promoveremos la aprobación de una ley que permita el fortalecimiento de la democracia interna de los partidos que aumente la participación de las bases de las organizaciones, que combata el financiamiento ilegal de la política y fortalezca la competencia interna de los partidos permitiendo el fortalecimiento democrático de las mismas.
- Promoveremos la aprobación de leyes que permitan mayor participación de la ciudadanía en la elección de funcionarios y que éstas sean cada vez más cercanas a la gente”.
b) El Programa de Gobierno del PLD 2012 – 2016 en las páginas 41 y 42
c) La Constitución de la República en su Artículo 22, numeral 4 y 5 (Formular peticiones a los poderes públicos para solicitar medidas de interés público y obtener respuesta de las autoridades en el término establecido por las leyes que se dicten al respecto; Denunciar las faltas cometidas por los funcionarios públicos en el desempeño de su cargo).
- d) La Constitución de la República en su Art. 75, numeral 12, que reza “Velar por el fortalecimiento y la calidad de la democracia, el respeto del patrimonio público y el ejercicio transparente de la función pública”.
- e) La Constitución de la República en su Artículo 216.
- f) La Ley 1 -12 de Estrategia Nacional de Desarrollo en el Artículo 29, numeral 6. así como el primer eje que “procura un Estado Social Democrático de Derecho”.
Como vemos, las organizaciones de la sociedad civil están amparadas en el andamiaje jurídico del Estado Dominicano y en la plataforma programática del Partido en el Poder. ¡Es la sociedad pidiendo a los actores políticos que entren en el plano de la legalidad, de la legitimidad e institucionalidad, a fin de hacer esta democracia más inclusiva, más equitativa, más decente, con mayor Gobernanza efectiva!
Porque como dice Ignacio Ramonet en su artículo Democratizar la Democracia “… los partidos deben de asumir que ellos solos ya no son suficientes para hacer democracia. Tienen que reconstruir su legitimidad a base de transparencia y de democracia interna. Y admitir que a la gente ya no le basta con depositar un voto en las urnas cada 4 o 5 años… Los ciudadanos ya no aceptan ver su papel en el debate limitado a eso”.