Nuestro liderazgo político tradicional parece no darse cuenta de que la financiación de los partidos políticos mediante mecanismos espurios, la corrupción al interior de los mismos, los pagos de comisiones y el tráfico de influencias están estallando por doquier desacreditando la estructura partidaria desde España hasta Chile y provocando cambios.
Al parecer también prefiere voltear la cara ante la realidad, que no amenaza, de la infiltración del narcotráfico en la financiación de campañas de candidatos y partidos políticos, lo que en algunos países de la región ha llegado a extremos de que el crimen organizado tenga el control de imponer candidatos o de aniquilarlos, como sucedió en Colombia con el asesinato de Luis Carlos Galán.
Decimos esto porque a pesar de estas realidades, nuestro liderazgo político se ha puesto de acuerdo en una ley de partidos acomodada, que pretende legitimar todas sus malas prácticas, la cual lejos de contribuir a la democracia y transparencia de las agrupaciones políticas, les crea un espacio de confort para seguir recibiendo en total opacidad donaciones sin que se sepa de quienes vienen, gestionar las contribuciones del Estado sin la debida rendición de cuentas y seguir manejando los partidos como fincas privadas y sus candidaturas como botines a ser repartidos discrecionalmente por los jefes.
"…no podemos permitir que se apruebe una Ley de Partidos que solo sirva para legitimar todas las malas prácticas de los mismos y los mantenga sin el debido control y consecuencias"
El anteproyecto elaborado por la Junta Central Electoral que de por sí era insuficiente pues no contemplaba todos los aspectos necesarios para lograr la democracia interna en los partidos, su transparencia, la imposición de un eficiente régimen de control y consecuencias, así como asegurar la equidad en el uso de los medios; fue minuciosamente mutilado por el PLD para eliminar todas las disposiciones que pudieran atentar contra el libertinaje y la discrecionalidad reinante en los partidos.
Este proyecto a la medida contó con el consenso del PRD y del PRSC, no así del PRM, el cual manifestó su disenso en cuanto a las disposiciones relativas al uso de los medios de comunicación, la cuota de aportes del sector privado a las campañas políticas y la publicación de la nómina de contribuyentes a los partidos políticos.
Esto se agrava porque tenemos un Estado que a pesar de todas las reformas legislativas realizadas en los últimos años, todavía opera con altos niveles de opacidad y discrecionalidad, que permite a los gobiernos de turno desviar fondos para financiar sus partidos y las campañas de sus candidatos, lo que queda evidenciado con la propuesta del presidente de REFIDOMSA y miembro del Comité Político del PLD, de que se utilicen dividendos provenientes de dicha empresa en la celebración de un eventual referendo con miras a una reforma constitucional. Esto coincide con la supuesta red de corrupción en PETROBRAS que financiaba partidos políticos en Brasil, actualmente bajo investigación judicial.
Por todo eso no podemos permitir que se apruebe una Ley de Partidos que solo sirva para legitimar todas las malas prácticas de los mismos y los mantenga sin el debido control y consecuencias, pues hacer esto sería permitir que las reglas sean impuestas por los intereses particulares de unos líderes políticos cuya ambición no les deja ver el enorme riesgo que representan la corrupción, el tráfico de influencias, la infiltración del crimen organizado y la inequidad no solo para los partidos, sino también para la democracia misma.