La forma en que discurrió la reciente Convención del PRD, algunos supuestos en que el  sector no favorecido basaba su pretendido triunfo, la actitud del mismo frente a los resultados, sus argumentaciones y la táctica/estrategia política para llevar a efecto el contenido de esas argumentaciones, plantean una reflexión sobre el tema de la institucionalidad partidaria y los procesos en que esta se construye.

En efecto, el argumento central en que el grupo de Miguel Vargas basa su rechazo a los resultados dados a conocer por la Comisión Organizadora de la Convención, es que los mismos han sido viciados debido a que no se pudo establecer un mecanismo para evitar que más de 200,0000 electores pertenecientes a otros partidos ejercieran el sufragio.

Admitiendo que, efectivamente, 200,000 votantes no fueron depurados y siendo del PLD o de otros partidos, se les permitió votar. Faltaría establecer si realmente votaron sólo por Hipólito, habría que establecer cómo habrían votado aquellos que pertenecerían al BISD o al PRSC, aliado de Miguel y del PLD el primero y del gobierno el segundo, si algunos seguidores Gilberto Serulle, que renunció del PLD y fue elegido  alcalde del segundo municipio de mayor población del país, que de seguro estarían inscritos en el padrón del PLD, votaron sólo efectivamente por Hipólito y no por Miguel, con quien firmó un pacto político de alianza, según se dijo como preludio para ambos integrar la boleta presidencial/vicepresidencial 2012,del PRD.

Fueron los delegados de Miguel en las mesas electorales tan cortos de vistas que no pudieron identificar un solo peledeista o reformista de los 200,000 que se argumenta que fueron a votar, ni para hacer por lo menos una sola impugnación en alguna mesa. Fueron tan cortos de vista los militantes cercanos a las mesas electorales que no vieron los "autobuses y minibuses que la gente de Hipólito desmontó a última hora para que votasen", como se ha escrito. Evidentemente no, pues si bien pudo no evitarse que ejercieran el sufragio algunos votantes de otros partidos, eso no puede ser en la magnitud que se argumenta.

La Comisión Política ha integrado una comisión para que investigue lo que realmente sucedió. Se invoca al principio de la institucionalidad partidaria para justificar esta medida, a parte de que esta comisión está integrada por los parciales de Miguel, el grupo de este debe saber que la institucionalidad de un partido es un proceso que a veces es modificada radicalmente por coyunturas como el presente proceso convencional.

La correlación de fuerzas en el PRD ha cambiado de manera sustancial inmediatamente después en que se conformó la estructura organizativa formal de ese partido, en ese sentido, hay un PRD legal y otro real, circunstancia  esta surgida del proceso convencional y de sus resultados en términos de votación. Por lo cual ahora ese partido está inmerso en una discusión que es esencialmente política, no procedimental y comprender eso es clave para cualquier decisión de ambas partes.

La legalidad y la institucionalidad de toda colectividad política están en permanente proceso de construcción y en momentos como el que vive ese partido, esta adquiere una sustancia que no se puede desligar de la nueva circunstancia creada. En la presente coyuntura, el marco legal/institucional no es suficiente para  dirimir el conflicto es necesario recurrir a mecanismos o espacios de entendimiento político que ayuden a resolver el conflicto que practica y políticamente no se puede resolver en una institucionalidad puesta en cuestión por la fuerza de los hechos.

La solución de la crisis pasa necesariamente por una solución política y si sus principales dirigentes no lo entienden,  seguirán dando tumbos, rumiando en el calvario de la oposición sin saber por cuantos años más.