El confuso acto de violencia donde fueron heridas con perdigones varias personas, entre ellas Juan Hubieres, Diputado/dirigente gremial, cuando reclamaban el uso de una tierra de la cual el Ayuntamiento de Santo Domingo Este se dice propietario, tiene diversas lecturas. Esencialmente, la pobre valoración que muchos tienen de la vida humana y los derechos ciudadanos, la negativa percepción que sobre los gremios del transporte urbano tiene la población y la pobre institucionalidad municipal dominicana.
Mucha gente, se han limitado a condenar el acto de la ocupación de un terreno considerado de propiedad pública, minimizando el hecho de que en el mismo se ejerció una típica violencia de Estado donde varios ciudadanos fueron heridos con perdigones. Muchos han justificado este recurrente tipo de violencia que puso en peligro vidas humanas, bajo el alegato de la defensa de la propiedad pública, como si esta o cualquier forma de propiedad fuese más importante que la vida humana.
Que se minimice un acto de violencia de Estado donde diputado fue herido en una acción de acompañamiento a una protesta ciudadana, justa o no, y que además se justifique, constituye un claro síntoma de que esta sociedad está enferma de indolencia, insolidaridaridad y permisividad. Pero también debe llamar a la reflexión a Juan Hubieres sobre su práctica gremial, sobre la naturaleza de la causa que defiende y sobre un gremio que por momentos cree estar por encima de toda regla, de toda ley y que es ampliamente rechazado por un significativo segmento de la población.
Mueve a preocupación la cantidad de personas que por este medio prácticamente piden el linchamiento de Juan Hubieres. Muchos personifican en él el caos y los aspectos mafiosos de la estructura del transporte urbano del Gran Santo Domingo, pero de esta circunstancia son responsables los ayuntamientos que lo integran, el gobierno central y todos los que como él participan del sistema de transporte de esta urbe.
Por otro lado, la participación del ayuntamiento envuelto en esta salvaje acción pone en evidencia, una de las tantas taras de la gestión municipal dominicana y la incapacidad del Estado dominicano de resolver muchas demandas sociales sin recurrir a la violencia. Se evidencia también, que las recurrentes ocupaciones de tierra, los litigios que existen alrededor de la posesión de este bien, no pueden desvinculares de la inexistencia de planes de gestión urbana, tanto de los ayuntamientos como del gobierno central ni de la exclusión de amplios sectores sociales del acceso al suelo edificable.
La inexistencia de planes reguladores o directores que fijen cuáles suelos son urbanos, cuales urbanizables y cuáles no urbanizables, sobre todo en municipios como el de Santo Domingo Este, que tiene mucho suelo de vocación agrícola, determina que sea permanente la recurrencia de hechos como el comentado. Igualmente, mientras ese municipio, como los otros que circundan el Distrito Nacional siga acogiendo pobladores migrantes del interior del país y los expulsados del centro capitolino se incrementaran las zonas degradadas y de marginalidad, la especulación y/o ocupación de suelo con vocación agrícola y con ello las litis y problemas.
Hasta que los ayuntamientos no se doten de planes de recuperación de plusvalía urbana, de control del incremento de los costes del suelo y de la vivienda, seguirá el incremento de la violencia, la inseguridad urbana y la limitación del desarrollo de las economías locales y la acentuación la pobreza urbana.
En tal sentido, esta nueva violencia de Estado debe analizarse desde una perspectiva donde se toquen los elementos esenciales que la provoca, más allá del mero marco legal en que ha discurrido la litis por el terreno en cuestión, evitando las manifestaciones de barbarie que de palabras y hechos se han producido.