La vida cotidiana de la población del país en los últimos meses ha estado marcada fundamentalmente, por dos acontecimientos principales: el desarrollo local de la pandemia del COVID 19, con todas sus consecuencias de trastorno de las relaciones interpersonales, de confinamiento social, pérdida laboral, debilitación del sistema educativo, crisis de la economía familiar, corporativa y nacional, muertes y las elecciones municipales, congresuales y presidenciales, entre otras.
Es evidente que el manejo local que se ha dado a la pandemia, por parte del gobierno, ha desvelado nuestros grandes déficits en el sistema de salud tanto en personal, equipos, materiales y sobre todo debilidad en la atención primaria, entre otros, además del eterno problema de hacer negocios poco transparentes con los insumos necesarios para combatir la epidemia. A todo esto, se agrega la débil educación ciudadana para el adecuado manejo de situaciones como éstas. No obstante, lo que más llama a la atención es la irresponsabilidad y cinismo del actual gobierno que utilizó la pandemia para mejorar el posicionamiento de su candidato y que no asumió un adecuado plan de salud para combatir la pandemia: ni en la prevención, ni en el servicio a las personas infectadas.
A partir de los resultados de las elecciones municipales del 15 de marzo y de las elecciones del pasado domingo, 5 de julio, en las que se decidió una recomposición de las y los representantes y funcionarios y de las fuerzas partidarias en los municipios, en el congreso y en la presidencia, caben diferentes análisis, según las perspectivas de la persona o grupo que analiza.
Desde el inicio de la República, la actividad político-partidaria, a lo largo de los siglos XIX y XX y las dos décadas del presente siglo XXI ha estado marcada por la pugna constante entre dos proyectos sociales y políticos. El proyecto de los conservadores y opresores que priorizan la búsqueda de poder y riquezas para su grupo a cualquier precio y el proyecto de los servidores y liberadores, que utilizan el poder para la búsqueda del Bien común. La diferencia entre ambos grupos es fundamentalmente la priorización del servicio a la población, desde el poder, o el utilizar el poder para servirse y enriquecer a su grupo, a costa de la pobreza, exclusión y miseria de la mayoría. Durante la mayor parte del tiempo han sido los conservadores, generalmente dependientes y representantes de los sectores del poder económico, quienes han tenido la primacía. Eso es también lo que ha sucedido en las últimas tres décadas.
En la década 1990-2000 gobernaron sucesivamente Balaguer con el Partido Reformista, y Leonel Fernández, del Partido de la Liberación Dominicana, quien, abdicando de su pasado ideológico y político, hizo alianza con el sector más conservador del balaguerismo y desarrolló una práctica de privatización de empresas públicas, siguiendo el libreto neoliberal. En el período 2000-2004 tuvimos el gobierno del PRD que había perdido su identificación ideológica y había hecho ruptura con sus fundadores, entre ellos con Juan Bosch. Desde 2004 al 2020 hemos tenido cuatro gobiernos del PLD, con dos líderes, Leonel Fernández y Danilo Medina, que han liderado cada uno una facción. Ambos grupos se han convertido en dos grandes empresas económico-partidarias, que, con una vocación depredadora, se han repartido el botín público, desarrollado la corrupción y la impunidad a niveles nunca vistos y que para evitar que se les pida cuenta se han blindado, controlando y manejando la justicia, tanto a nivel del Ministerio público, como de la judicatura, y en particular las llamadas Altas Cortes.
Los últimos 16 años se han caracterizado por un continuo crecimiento macroeconómico, pero cuyos frutos no se reparten equitativa ni solidariamente con la mayor parte de la población que sigue siendo pobre o miserable, sino que se acumulan en corporaciones económicas nacionales y transnacionales y económico-partidarias locales. Por eso, en vez de priorizar políticas públicas de salud, educación, vivienda, cuidado ambiental y sobre todo trabajo digno, entre otras, se ha preferido dar como limosna, lo que le corresponde a la gente como justicia, por medio de subsidios, como los diferentes bonos y la tarjeta “solidaridad”. Pero lo que se emplea en estos proyectos, como migajas que caen de la mesa de opulencia del banquete peledeísta, es solo una parte mínima, de lo que sobra de la gran corrupción, y que tiene como finalidad acallar a las masas y manejarlas para utilizarlas y violar su dignidad de manera permanente y particularmente en tiempo de campaña electoral.
Los resultados de las votaciones del pasado domingo señalan que una buena parte de la gran masa empobrecida tomó las limosnas de los subsidios sociales del gobierno y todas las dádivas promovidas por el partido y el candidato oficialista, pero a la hora de votar no prefirió a los candidatos peledeístas, tildados, tradicional y popularmente, como “come solos”.
Otro aspecto necesario a tomar en cuenta ha sido la influencia de los sectores de la clase media que, sobre todo en la última década, se han movilizado para defender los bienes públicos y ambientales, como en el caso de Los Haitises, Bahía de Las Águilas, Loma Miranda, y la importante y significativa lucha frontal contra la corrupción impulsadas por las Cadenas Humanas y la Marcha Verde, considerado por algunos analistas el mayor movimiento de protesta y de propuestas contra la corrupción y la impunidad, de la historia republicana. A todo esto, hay que añadir el movimiento de los jóvenes de la Plaza de la Bandera, quienes exigieron explicación fidedigna sobre las causas de la suspensión de las elecciones municipales del pasado 16 de febrero y que presionaron a la Junta Central Electoral a organizar unas elecciones transparentes, tanto a nivel municipal, como a nivel congresual y presidencial.
Con las votaciones del pasado domingo quedan relegados a ser minoría los tradicionales y dominantes Partido Reformista Dominicano y Partido Revolucionario Dominicano y sus principales líderes, la mayor parte de ellos eclipsados. El otrora predominante y prepotente Partido de La Liberación Dominicano, está herido, dividido y con pocas posibilidades de recomponerse. La lección histórica es que los partidos que aprovecharon el poder como un botín partidario, que maniataron y pervirtieron la justicia y se burlaron de la población, condenando a la mayoría a la pobreza y a la exclusión, a ser parias dependientes, simplemente se autodestruyen y al final terminan siendo rechazados por un pueblo que va creciendo en conciencia social y política.
Varios analistas, periodistas, líderes y lideresas han advertido al PRM y a los nuevos funcionarios que la votación recibida, en las municipales del 15 de marzo y en las presidenciales y congresuales, del pasado 5 de julio, no debe entenderse como un cheque en blanco. Es una oportunidad que se les ofrece para hacer las cosas diferentes, para verdaderamente servir al pueblo, como lo ha planteado el presidente electo, Luis Abinader. Por eso, la población está atenta al aporte del nuevo liderazgo partidario del PRM y también a la actuación del grupo de posibles funcionarios que vendría del viejo PRD. Pues, de hecho, éstos, cuando estuvieron en el poder, cometieron los mismos errores que los del partido que lleva 16 años en el poder y que acaba de recibir su más significativa derrota durante los 20 años de gobierno.
La aguerrida periodista Altagracia Salazar, militante social de larga data y promotora de la Marcha Verde, en su programa diario, “Sin Maquillaje”, ha advertido al nuevo gobierno sobre la necesidad de dar señales, en los primeros 100 días de que realmente impulsará una justicia independiente, comenzando por nombrar un procurador o procuradora con decisión y capacidad de dar seguimiento a los grandes casos de corrupción e impunidad de los gobiernos del PLD. El también periodista Ramón Colombo, apoyando lo expresado por A. Salazar, ha dicho: “Estoy de acuerdo con lo que le ha advertido Altagracia Salazar: Si a los cien días de ocupar el Palacio Nacional (tiempo más que suficiente para que acoteje todas sus piezas) no vemos que Luis Abinader haya cumplido el compromiso público de dotar de absoluta independencia a quien nombre en la Procuraduría General de la República (para que actúe contra los corruptos sin pedirle permiso a nadie), que se prepare, pues con el color que sea volveremos a marchar, voceando cosas y con un puño en alto, por esas calles y avenidas que desde los tiempos de la Marcha Verde ya conocen nuestros pasos”.(1)
La Marcha Verde, despertándose de su letargo de los últimos meses, ha señalado cuatro grandes demandas y advertencias para el nuevo gobierno: (2)
a) No al borrón y cuenta nueva; por lo que estarán activando denuncias formales contra funcionarios corruptos y seguimiento a los expedientes de corrupción hasta lograr consecuencias penales y confiscaciones en beneficio de la necesaria reactivación económica.
b) Ministerio Público y Justicia Independientes como garantes para la investigación de todos los casos de corrupción.
c) Activar la más amplia coordinación unitaria del movimiento social y liderazgo nacional para contrarrestar el avance de la pandemia del covid-19.
d) Activar la coordinación social en los territorios, para frenar la alarmante depredación de la biodiversidad y los recursos naturales.
En definitiva, en la actual coyuntura es urgente y prioritario asumir el reto por parte de la sociedad civil, los sectores progresistas, las y los periodistas críticos y comprometidos, las y los educadores identificados con la formación de la conciencia crítica, los movimientos sociales como la Marcha Verde y las y los jóvenes de la Plaza de la Bandera, las instituciones comprometidas con el fortalecimiento democrático, así como para los partidos políticos realmente comprometidos con el bienestar colectivo, estar atentos y vigilantes, para que el cambio prometido por el PRM y el presidente electo, L. Abinader, y su proclamada disposición de servicio a la sociedad, se haga realidad. Por eso se exige al nuevo gobierno empeñarse a fondo en la reorganización del Estado dominicano, el fortalecimiento institucional, el ataque frontal a la corrupción y la impunidad, el manejo adecuado de la pandemia del Covid 19 y la priorización de las políticas públicas de salud, educación, vivienda, producción nacional y cuidado ambiental y el fortalecimiento e independencia del sistema de justicia, entre las prioridades más importantes.
Notas:
- Por si no cumpliera…, El Caribe, 9-7-2020. Disponible en: https://acento.com.do/opinion/bien-por-luis-y-raquel-8837757.html#
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Advertencia de la Marcha Verde a Gobierno de Luis Abinader. Hoy, 10-7-2020. Disponible en: https://hoy.com.do/advertencia-de-la-marcha-verde-a-gobierno-de-luis-abinader/