La columna de Marisol

Lavando reputaciones

Por Marisol Vicens Bello

El tema de la corrupción no es nuevo en nuestro país ni tampoco la infausta impunidad que ha sido el caldo de cultivo para que la misma se extienda como la verdolaga.

Lo que aparenta ser una nueva modalidad es que nuestras instituciones que nunca han servido para ejercer su rol, unas de fiscalización, otras de imponer las debidas sanciones, ahora sean manejadas  para realizar supuestas investigaciones a la medida, con el sospechado objetivo de intentar dejar absuelto a quien solo ha sido condenado por el juicio popular.

La corrupción ha sido un cáncer en nuestro país, no solo porque ha castrado el desarrollo y sumido en la miseria, la ignorancia y la insalubridad a millones de dominicanos, sino porque ha socavado el tejido social, el código de valores de esta sociedad; en la que muchos hoy día desean emular el ejemplo de los corruptos, para poder alcanzar aunque sea parte del éxito económico que tienen.

El caso de la Sun land ha sido quizás el más dañino de todos los escándalos de corrupción que ha tenido el país, no necesariamente por los montos que envuelve ni por las violaciones constitucionales y legales alegadas; sino por el inconmensurable perjuicio que le ha hecho a nuestras débiles instituciones.

Primero selló el destino del poder judicial dominicano, significando para muchos un grave retroceso, pues trazó una raya de Pizarro entre los magistrados que decidieron seguir lo que supuestamente el poder ejecutivo  solicitaba, aunque se llevaran de encuentro sus propios precedentes y convicciones; y, los que decidieron hacer honor a los mismos.

Todos sabemos que ese hecho marcó el declive de una Suprema Corte de Justicia que luego de haber sido constituida en el año 1997 bajo el espíritu de reformar la justicia para hacerla más independiente del poder político, terminó cercenada por ese mismo poder político que habíamos intentado alejar de ella, el cual  decidió a finales de  2011 tomar su control, eliminando todo aquel que sospecharan independiente, para designar a quienes garantizaran su pleno confort.

Ahora resulta que el poder legislativo, el que nada hizo para denunciar las violaciones cometidas en este caso que despojaron al Congreso de su facultad de conocer y aprobar financiamientos y avales consentidos por el Estado, se presta ahora para  a través de una comisión bicameral, hacer una supuesta investigación sobre uno de sus pares, citando a cuantos han opinado sobre dicho caso u otros  relacionados para que, si tienen la valentía de hacerlo, declaren en frente del miembro de dicho poder  objeto de la investigación, por qué opinan que ha habido indicios de corrupción o las pruebas en que fundamentan sus opiniones.

Parecería que las arcas nacionales no solo van a seguir sirviendo para que muchos se enriquezcan, sino que también las instituciones públicas  van a ser desnaturalizadas,  invirtiendo  su rol, para que  en vez de fiscalizar o sancionar, “laven reputaciones”.

Al parecer a los malos funcionarios no les basta con  acumular fortunas, sino que quieren tener un nombre limpio, que nadie los señale, como si la reputación fuera un producto que se compra, una tela manchada que se pudiera lavar, y no un prestigio que se gana con las acciones de toda una vida y se pierde, con el error de un día.

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