En lugar de movilizarse con justificada rabia, la población afectada por la explosión de la envasadora de gas que provocó decenas de heridos, de una muerte, hasta ahora, además de la destrucción de decenas de viviendas, asumió la lastimosa actitud de resignarse a recoger algunos chamuscados enseres domésticos y pedir ayuda a unas autoridades nacionales y municipales que cometieron el acto delincuencial de dar permiso de uso de suelo a unos desaprensivos empresarios. Esa circunstancia expresa un imperdonable estado de indefensión política y social de esa población.
Las recurrentes explosiones de envasadoras de gas constituyen otra de las tantas caras de la corrupción: venta a altos precios, de permisos ilegales de uso de suelo para instalar envasadoras, depósitos y distribuidoras de combustibles en áreas superpobladas, frente escuelas, universidades, consulados y lugares de espacios de uso intensivo, como parques y canchas de juegos. En las ventas de esos permisos participan funcionarios municipales y de instituciones del gobierno central, entre las que se señalan Medio Ambiente e Industria y Comercio, evidenciando otro de los efectos perversos del caos y solape de competencias institucionales en que la clase política dominicana administra el Estado.
Sin embargo, el aspecto que más me interesa destacar es la penosa resignación de la población pobre ante el indignante hecho de vivir en zonas de alto riego por sus condiciones naturales, híper degradadas, donde se vierten desechos tóxicos o se instalan fábricas que emiten ruidos, líquidos o partículas altamente contaminantes. En esos espacios viven la mayoría de los pobres dominicanos, que son algo más de la mitad de la población del país. Y, contrario a lo que muchos piensan, mientras más se acentúa la pobreza y mayor la cantidad de excluidos en una sociedad, más se acentúa el sentimiento de resignación y de indiferencia política de esa franja de la población.
Esa población constituye el caldo de cultivo del populismo de derecha y granero de votos de sus verdugos. De esa condición no es posible sacarlo con discursos consoladores ni con la mera condena, sino con un diseño de políticas que tengan como punto central las luchas de esos y otros sectores por reivindicaciones muchas veces particulares, en plazas, espacios locales y territoriales, que se van engarzando hasta convertirlas en nacionales. De esas luchas generalmente surgen los líderes locales y nacionales, e incluso constituyen los orígenes de los cambios sociales y hasta de ruptura en la sociedad moderna.
Cuando por sus luchas los sectores populares elevan su calidad de vida, elevan sus niveles de participación en los procesos de cambios socio/políticos. Ada Colau, actual alcaldesa de Barcelona y los líderes estudiantiles hoy congresistas en Chile, constituyen dos de innumerables ejemplos. Pero, a pesar de los grandes problemas que en nuestro país tenemos en tornos a las cuestiones de las demandas del derecho al suelo, la vivienda, transporte y educación, a agua potable y al disfrute de la seguridad ciudadana, los movimientos sociales y urbanos adolecen de grandes déficits en términos organizativos y de sostenibilidad en el tiempo.
En otros países algunas organizaciones políticas se han interesado por esos temas, y han logrado una significativa producción intelectual sobre los mismos y una importante presencia en los poderes locales y nacionales, de donde han surgido una gran cantidad de líderes, incluso hasta presidentes, elevando la conciencia ciudadana y de empoderamiento de los sectores populares, además de incrementar su capacidad de incidencia en los sistemas políticos de esos sus países.
Sigo machacando: nuestros dirigentes de matrices culturales de izquierda y progresistas siguen subvalorando la importancia de las luchas locales y de la participación política en los ayuntamientos y desconectados de los sectores populares. Un problema ancestral de esos sectores, que se traduce en un estado de permanente empantanamiento político y en una incapacidad de los pobres para reaccionar con rabia, propuestas y conquistas de derechos en momentos de tragedias como la explosión de esa bomba de gas la semana pasada, por ejemplo.
En semejante situación difícilmente los sectores populares podrán ser incorporados a proyectos de cambios, sobre todo, los ofertados en coyunturas electorales. Como en esta coyuntura, seguirán desenfocados.