Como se dice popularmente la vida da muchas vueltas y hace que lo impensable pueda suceder. Eso es precisamente lo que ha acontecido en relación con la Dirección de Informática de la JCE.
La crisis que se generó en ocasión de las reñidas elecciones del año 2004 por la selección unilateral de una JCE por el entonces partido de gobierno y mayoritario en el Senado, el PRD; tuvo que ser mitigada mediante un pacto político firmado por el ex Presidente Hipólito Mejía y los presidentes de los partidos mayoritarios así como representantes de los sectores sociales; mediante el cual se designaba una Comisión de Seguimiento a los trabajos de la JCE.
En esa oportunidad el PLD y el PRSC impugnaron los técnicos más importantes de la JCE, con énfasis en el Director de Informática, razón por la cual a petición de la JCE la Comisión de Seguimiento recomendó a Miguel Angel García; quien luego de tensas situaciones que provocaron incluso la renuncia de la Comisión, fue designado en la confusa posición de Administrador General de Informática para preservar en su puesto al impugnado Director Franklin Frías.
A pesar de las reservas que provocó esa inconveniente dualidad, las dos JCE subsiguientes bajo los gobiernos del PLD, la preservaron; hasta que recientemente el choque de trenes se produjo y según lo que indica en su carta de renuncia el Administrador General de Informática, existían presiones para que todas las funciones del cómputo electoral fueran asignadas al Director de Informática.
Resulta paradójico que 8 años después, la persona más recelada por el PLD no solo haya sobrevivido en su puesto, sino que haya al parecer superado en la confianza del Presidente de la JCE Roberto Rosario, quien es el único miembro de la actual JCE que participó como juez en las elecciones del 2004; a la persona que fue elegida precisamente por desconfianza en el primero.
Llama la atención que la gota que rebozó la copa fuera un memorándum interno suscrito por el Director de Informática mediante el cual dispone que queda terminantemente prohibida la tramitación y/o modificación a cualquier registro de las bases de datos de la JCE solicitados por otras instancias sin que sea autorizado por él. Es indispensable aclarar públicamente la razón de tal medida, pues pudiera parecer que la misma surgió porque se han hecho modificaciones indebidas o que existe resistencia a efectuar modificaciones que deben hacerse para eliminar falsedades o duplicidades resultado de las debilidades de los registros. Indudablemente que tener el absoluto control de este asunto puede ser un arma de poder muy peligrosa.
La sociedad debe reclamar absoluta transparencia en relación con este importante tema, pues no sólo no podemos permitir retrocesos en la credibilidad de nuestras elecciones sino que se requiere de una urgente y sustancial depuración de nuestros registros de identidad plagados de falsedades; lo que debe hacerse de la manera más pulcra.