Como si fueran escolares, el presidente de la Junta Central Electoral, JCE, sentó los delegados de partidos para darle clasecita en la que les explicó claramente que esa institución, humana, económica y logísticamente no puede dirigir, supervisar y avalar los resultados de sus primarias, las cuales pretenden realizar de manera simultánea. Ya varios analistas y líderes de opinión han demostrado mediante ejercicios matemáticos que los argumentos de la JCE son válidos. La nada honrosa solicitud de los partidos para que esa institución les dirija sus primarias no solo evidencia su incapacidad autogestionarse, sino que pone en duda su capacidad de gestionar adecuadamente el Estado, una vez en el poder.
El otro aspecto que evidencia la crisis del sistema de partidos dominicano es la forma en que ha discurrido la discusión y posiciones sobre el tema de la Ley de Partidos. Primero fue la facción danilista del PLD que planteó la posición de que las primarias debían ser abiertas y por ley aplicable todos los partidos, la facción leonelista planteó y sostiene aun que deben ser cerradas e igualmente vinculantes y con esa posición coincidieron los demás partidos. Desde el inicio, argumentamos el rechazo al método de primarias abiertas y obligatorias, al tiempo de expresar que, si bien apoyamos las primarias cerradas, hacerlas obligatoria para todos era una arbitrariedad y que los partidos organicen sus convenciones de acuerdo con sus reglas estatutarias.
El PRM rectifica y ahora plantea que las primarias sean cerradas y que cada partido sea libre de escoger la forma que considere mejor, en eso está en lo correcto, pero mantiene la desacertada posición de pedir a la JCE que le dirija su proceso de primarias como el de los demás partidos. A diferencia del PRM, los demás partidos que integran el llamado Bloque Opositor y la facción leonelista mantienen la posición de primarias cerradas, obligatorias y tuteladas por la JCE. Con su posición, el leonelismo quiere tumbarle el pulso a Danilo, es su batalla, es la vía que le queda para no ser pulverizados por este en unas eventuales primarias abiertas, quiere el manto protector de la JCE para sobrevivir, es su apuesta y se comprende. Pero, lo que es incomprensible es que se les imponga a todos una forma única de elegir sus candidatos.
Lo único que debe exigírsele a la JCE es que sea garante para que los colectivos políticos respeten sus reglas y que en sus procesos eleccionarios no se produzcan las recurrentes triquiñuelas e imposiciones que distorsionan la libertad de participación y de representación de todos sus militantes, no que ella intervenga o sea garante de una ley que impida la libertad de una determinada mayoría de un colectivo para establecer la forma de elección de sus dirigentes o candidatos. Es discutible que los partidos mantengan sus estructuras partidarias y financien el grueso de sus actividades con fondos públicos, pero es política, ética e institucionalmente inaceptable que se declaren incapaces de gestionar sus procesos eleccionarios internos con sus propias reglas y medios.
Cabe preguntarse, ¿qué harían si la JCE, siendo coherente, mantiene su negativa de dirigirles sus convenciones? Nada, seguirán perdidos en su laberinto. Ese es el punto, los partidos y muchos que no lo son, pero que de alguna manera son militantes de la idea de un mejor país, han exagerado el significado del tema de la Ley de partidos y de las primarias. Sin minimizar el significado de estas dos cuestiones para el sistema político, muchos han insistido en que es imposible derrotar el continuismo peledeísta de la impunidad y la corrupción sin la existencia de una efectiva ley reguladora de la práctica política. Una media verdad que por ser tal es esencialmente una mentira que ha contribuido grandemente a que los partidos se hayan perdidos en el laberinto de la Ley de partido y de la interminable discusión sobre las primarias.
La experiencia dice que en condiciones peores quienes realmente se oponen a regímenes de practica o vocación absolutista, como este del PLD, han logrado vencer el régimen y establecer uno nuevo a través de un proceso de transición hacia formas de gobierno de mayores niveles de democracia. El factor determinante para que se produzca esa experiencia es, en última instancia, la capacidad de los sectores opositores de articularse en torno a un liderazgo colectivo inequívocamente inclusivo, con ideas claras sobre sus objetivos para lograr que la gente lo crea viable y salga de la pasividad, la incertidumbre o la paralizante convicción pesimista de que “nada se puede hacer”. Lo cual implica un proceso de largo aliento, no puntual ni en la antesala de fechas definitorias del sistema como podrían ser unas elecciones.
En alcanzar ese objetivo es que los sectores opositores al actual régimen han debido dedicar todo su esfuerzo, y aunque lógicamente se les dé la debida atención a los temas de la Ley de Partidos y a las primarias no hacer que esta atención se convierta en un laberinto. Como ha ocurrido.