Es posible afirmar sin temor a equivocarnos que conducir en este país es una experiencia terrible. Pocos son quienes respetan la pobre señalización de nuestras calles, avenidas y carreteras. Hay una tremenda carencia de educación vial y encima de eso, por lo menos en Santo Domingo, los interminables tapones que incrementan considerablemente los niveles de estrés de los conductores.
Definitivamente, manejar en este país, sobre todo en Santo Domingo, es sumamente desagradable. Y de eso somos culpables todos. Sí, todos. No solamente son los choferes de transporte público quienes violentan las normas de tránsito, también nosotros los conductores particulares, los peatones, los vendedores ambulantes, los AMETS, los motoristas, los sin placa (especialmente ustedes, los sin placa), todos y todas tenemos culpa del desastre que son nuestras calles.
El desorden en el tránsito incide directamente en la calidad de vida de la ciudadanía, la cual no solo no cuenta de un servicio de transporte público de calidad; sino que tampoco puede desplazarse en vehículos privados con seguridad y sosiego a su destino. No es casual que seamos unos de los países de la región con más muertes por accidentes de tránsito. Y en lo que va de año han muerto 800 personas por accidentes de tránsito.
Hace pocos días ocurrió una tragedia en la carretera Nagua-Sánchez donde 20 personas perdieron la vida por lo que hasta ahora parece una conducción negligente y temeraria de uno de los choferes envueltos. Los accidentes de tránsito son una epidemia y se deben a la falta de educación vial; pero sobre todo, a mi entender, por la falta de un sistema coercitivo efectivo en la ordenación del tránsito.
Desde hace unos años se ha venido barajando una nueva ley de tránsito, la cual ciertamente es urgente; pero el enfoque principal de la misma ha girado en torno a la creación de una autoridad del tránsito y la regulación del transporte urbano de pasajeros. En cambio, el sistema coercitivo necesario para una ordenación efectiva del tránsito queda básicamente intacto.
Recientemente, el Presidente de la Suprema Corte de Justicia manifestó que debían endurecerse las sanciones en la ley de tránsito, lo cual es totalmente cierto. Sin embargo, el esquema adoptado en la actual ley y en la que se ha venido discutiendo hace ineficaz la aplicación de las multas.
Actualmente poco importa si a un conductor le ponen una multa. No tiene que pagarla inmediatamente. La Administración del Estado no se la cobrará. En el plano de la clase media, las multas solo preocupan cuando ilegal e inconstitucionalmente las autoridades quieren impedir la salida del país a aquellos que no las han pagado.
Fuera de esa situación, las multas importan poco. Pueden elevar el monto de estas y seguirán siendo igual de ineficaces para ordenar el tránsito. El actual sistema de multas no tiene efecto disuasivo en los conductores: las consecuencias de una multa son simplemente eventuales y esporádicas. De ahí que el propio sistema contravencional, aunado a la carencia total de educación vial, incentiva la violación a las normas del tránsito.
Por eso, una ley que se disponga a reordenar el tránsito en serio, tiene que pasar a un sistema de infracciones y sanciones puramente administrativas y otorgar plenos poderes de supervisión y control a las administraciones locales para la aplicación efectiva de la normativa de tránsito.
Lo anterior tiene diversas consecuencias directas y que acompañadas de una campaña intensa de educación vial puede ayudar a ordenar eficientemente el tránsito. Con esto me refiero a otorgar potestad sancionadora a los ayuntamientos para que sean estos, auxiliándose de las policías municipales, los que impongan las multas y las cobren. Sirviendo esto, además, como una forma de financiamiento para el ente local.
Una nueva ley de tránsito debe contemplar un procedimiento ejecutorio expedito para la administración local que imponga las multas, de forma que las mismas sean cobrables en el corto plazo. Algunos contribuyentes temen a la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) porque sí que sabe cobrar los tributos. Lo mismo debería pasar cuando se impone una multa por una infracción de tránsito.
La ley que pretenda reordenar el tránsito no solo debe encomendar campañas intensivas de educación vial, sino que también debe estructurar un sistema de consecuencias que pueda golpear el bolsillo de quienes infringen la normativa de tránsito y con ello tratar de garantizar su efectivo cumplimiento.