La República Dominicana, cuenta como nación, con un Poder Legislativo organizado en dos Cámaras, la de Senadores y la de Diputados. Ambas cámaras cuentan con un número determinado de legisladores, de las diferentes zonas geográficas del país. La composición de este cuerpo legislativo es plural, por la diversidad de regiones y partidos políticos que representan; y por la formación de los sujetos que componen estas Cámaras. Entre ellos los hay que no tienen estudios de grado, son bachilleres y nada más. Otros, en cantidad reducida, poseen estudios más especializados y evidencian una cultura política más cualificada y con cierta actualización. Esta realidad nos indica que, desde su gestación, las leyes del país sufren la violencia que emerge de la ignorancia de un amplio grupo de sus legisladores; padecen, además, las consecuencias de su precaria formación integral; y, especialmente, de su falta de formación especializada para convertirse en agente clave en la toma de decisiones relativas a la elaboración y aprobación de leyes que beneficien a la sociedad dominicana globalmente. A pesar de la fragilidad de las Cámaras Legislativas, esta nación posee una legislación amplia y de actualidad. Se han desarrollado algunos esfuerzos, pero reducidos, para revisar y actualizar leyes que vertebran la vida de los ciudadanos.
En este contexto, observamos con dolor la naturalidad con la que gobernantes, organizaciones y ciudadanos en general violan las leyes del país. Las manifestaciones de esta práctica son múltiples. Basta con darle seguimiento al respeto a las Leyes de Tránsito, a las leyes orientadas a la aplicación efectiva de la justicia en el país, a las leyes que ordenan el territorio dominicano y a las que regulan la salud. El irrespeto a las leyes trae como resultado la desinstitucionalización del país; y, sobre todo, la ruptura social. Las relaciones se balcanizan produciendo actos deshumanizantes. La transgresión de las leyes es más angustiante cuando se realizan con el amparo de las autoridades de primer nivel y de nivel medio. Estos actores les ofrecen a los ciudadanos un modelo distorsionante de las leyes; y de la ética institucional y ciudadana.
La práctica continua al margen de las leyes que organizan y regulan la sociedad da como resultado anarquía e impotencia social. Un caso expresivo de esta situación es la construcción de la terminal de autobuses en Santo Domingo Este. Los trabajos continúan, a pesar de los daños medioambientales que provoca esta obra y por encima de la sentencia emitida por el Tribunal Constitucional para que se detenga esta construcción. Sin la venia de las autoridades de alto nivel, no se le da continuidad a una construcción que ha sido objetada por un tribunal de tanto carácter e importancia como el Tribunal Constitucional. Una vez más, se confirma que el interés por un desarrollo humano y socioeconómico ético está lejos de formar parte de nuestros gobernantes; asimismo, se amplía la distancia entre la firma de documentos y Acuerdos Nacionales e Internacionales para contribuir a la superación de los avances del Cambio Climático y la práctica. La mentira política e institucional degrada a los gobernantes y a la ciudadanía en general.
Urge un trabajo a favor de la recuperación del valor de las leyes y del respeto a estas. Es necesaria, también, la manifestación organizada de todos los sectores y actores sociales en contra del incumplimiento sistemático de las leyes que rigen al país. Este repudio público se ha de iniciar en contra de la postura que adoptan los que las elaboran y de los que aprueban su puesta en ejecución, por ser los primeros en burlarse de las leyes. Este desorden generalizado refuerza actos de barbarie como linchamientos, crímenes y la delincuencia con cuello de lino y en la gente común. Asimismo, muchos ciudadanos reproducen este comportamiento; no alcanzan a comprender la necesidad y la relevancia de las leyes para una convivencia social humana y de calidad. Pero, el daño mayor de esta forma de proceder recae en la democracia. Por ello nuestro sistema democrático es exiguo y quebradizo.
Las instituciones educativas de los ámbitos preuniversitario y de educación superior han de desarrollar un trabajo más comprometido con la superación de toda burla y transgresión a las leyes. Su aportación ha de ser permanente y contextualizada. La República Dominicana requiere el esfuerzo y el trabajo de todos, para que los procesos de institucionalización y la calidad de la democracia tengan como uno de los ejes sustentación leyes justas, pertinentes y respetadas. Todos hemos de concurrir para que nuestra nación avance y se aleje de ser un Estado roto.