Mediante el uso sistemático de la represión abierta y/o encubierta, aquí se ha establecido la negación efectiva a la libertad sindical, un abuso y una privación de un derecho humano fundamental contra quienes en última instancia son los productores de la riqueza de todos los países: los trabajadores, no importa el sector al productivo o país de origen de éstos. De hecho, el trabajador dominicano que produce riqueza directamente no tiene derecho a la huelga, pero no así algunos gremios de los servicios públicos de la salud, la educación y en menor medida del transporte, que lo disfrutan, pero de maneras generalmente incontrolables que afectan reiterada y directamente a los de abajo, a los pobres.
La Universidad Autónoma de Santo Domingo, UASD, con cerca de 220 mil estudiantes, casi de todos de los sectores económicamente bajo y medio bajo, no pudo comenzar su presente año escolar por una huelga decretada por el gremio de profesores exigiendo alzas salariales. La recurrencia esos paros laborales afectan directamente al segmento estudiantil universitario más vulnerables que son básicamente los de esa universidad, no así a aquellos profesores, la generalidad, que siguen cobrando sus salarios, además del que devengan en los centros universitarios privados en los cuales laboran y donde está prohibida la huelga, y a pesar de que allí sus condiciones salariales son muy inferiores a las que disfrutan en la UASD.
Terminando el referido paro, el gremio Asociación de Profesores Dominicanos, ADP, inició un paro laboral para oponerse a que los directores de escuelas, distritales y regionales sean escogidos de una terna de candidatos con claros criterios de selección, los cuales serían seleccionados en base a concurso. Independientemente de las razones de la ADP, el paro solo afecta a los estudiantes más pobres del país que son los del sector público de la enseñanza. Los grupos medios y ricos ni se enteran de esos paros y la brecha que los separa de los pobres se ensancha, consolidándose dos tipos de educación: la privada de la clase dominante, y la pública de la clase y grupos subalternos.
Paradójicamente, no obstante, las deficiencias formativas del sector público agudizadas por las recurrentes huelgas en ese sector se reflejan en el privado, porque los maestros de este son básicamente formados en el público. No sucede igual con el sector salud, porque muchos médicos son formados en las universidades privadas y aunque son renuentes a trabajar en el sector público, muchos de ellos huelguistas en los centros públicos en horas de la mañana, en las tardes asisten religiosamente a los centros privados a dar servicios a los sectores medios y altos. Esa circunstancia determina que la calidad y cantidad de horas de sus servicios sean mayores en el sector privado, agravando la brecha entre ricos y pobres.
Estamos pues, ante el extraño caso en que determinados gremios del área de los servicios que se van a la huelga en demandas salariales, y que cuando obtienen el fin buscado, el mismo se logra a expensa de la pérdida de una disminución de la calidad del servicio que los miembros de ese gremio deben ofrecer al segmento de la población más pobres. Si ese gremio es del sector salud, obtiene sus mejoras salariales negándole el servicio de salud a los pobres y si es en el servicio de le educación es negándole ese servicio a los pobres para su eventual mejoría las posibilidades de su inserción en el mercado laboral. En ambas situaciones se agudizan algunas de las condiciones esenciales determinantes de la pobreza.
En general, los servicios también generan riqueza, pero quien se desprende de parte de la riqueza generada para mejorar las condiciones salariales de los prestadores del servicio casi siempre es el sector privado, en el caso comentado, quien invierte o vierte determinada riqueza para el incremento salarial de los gremialistas es el Estado y lo hace para salir de una situación de paro laboral en que el perjudicado directo es el pobre. En tal sentido, estamos ante una contradicción, pues todos los trabajadores, incluyendo los servidores públicos, deben tener derecho al recurso a la huelga para obtener reivindicaciones laborales, un derecho inalienable, pero si al ejercerlo siempre se lesiona el derecho a la salud y a la educación de los pobres, habría que convenir que estamos ante un hecho ética, moral y políticamente inaceptable.
Esa situación no es privativa de este país, en muchos otros esta también se presenta, sólo que aquí llega a los niveles del absurdo, dado la precariedad institucional que norma el mundo laboral, las distorsiones en que este discurre, a través del multiempleo para para poder sobrellevar una la cotidianidad que discurre en el contexto de un Estado irresponsable. En tal sentido los servidores públicos de las áreas de la salud y de la educación, que son los tratados en este texto, deben examinar formas de reclamos de mejoría de sus condiciones salariales y laborales en sentido general ante un Estado esencialmente indolente, que no prioriza ni mejora el gasto y que prohíja el saqueo del tesoro público, evitando que a veces las soluciones a esas demandas pasen por la afectación de los pobres.
La solución de ese tipo de dilema no compete sólo a los referidos servidores, deben buscarse mecanismos de solución, mediante acuerdos nacionales entre diversos sectores de políticos, sociales y productivos que evite las huelgas que sólo afectan a los pobres.