La permanencia de cualquier institución que trabaja en entornos complejos o inseguros se vincula estrechamente a cómo la organización es vista en la comunidad.

La confianza que se le brinda depende directamente de la calidad de su personal, el cual debe ser seleccionado con estrictos criterios, altos estándares de conducta y respeto a los derechos humanos y de la niñez.

En una ONG de la zona norte de Santo Domingo, luego de una clase de informática con 16 niños y niñas, una alumna llega a su casa y dice a su madre que el profesor de informática le ha tocado sus “partes privadas”.

La madre, alterada, llama a la maestra de la niña informándola de la situación y diciéndole que iba a denunciar el caso. El coordinador pedagógico y la psicóloga toman las riendas del asunto y la llaman de inmediato para entrevistarse sin demora con ella y la niña.

El profesor “incriminado” tiene 15 años en la institución con una hoja de servicios intachable. Es parte del equipo de protección del sector y Adulto Seguro.

Poco a poco, entre lo que explicaba la niña a la psicóloga y, por otro lado, la madre al coordinador, la realidad de los hechos salió a la luz.

Era la primera clase de informática de la niña y no sabía usar el ratón. El profesor, acompañado en todo momento por una facilitadora en el salón, sostuvo la mano de la niña guiando el puntero del artefacto para hacerle entender cómo arrastrarlo y hacer clic en los casos que lo requirieran.

Se evidenció en la reunión que la madre, a modo de prevención y sin ofrecerle informaciones adicionales adaptadas a la edad de su hija, le repetía a saciedad: “no puedes dejar que nadie te toque tus partes privadas”. La niña, que tiene 7 años, entendió en toda su inocencia que su brazo era una parte de estas partes privadas, objeto de la prohibición materna.

Cito ahora al profesor: “Me asusté mucho y mi preocupación es ¿qué hubiera pasado si la niña dice otra cosa? Mi reputación, todo mi esfuerzo de trabajo y protección a todos los niños de la organización, mi vida y la vida de mis familiares hubieran quedado arruinadas. También me asustó mucho pensar que camino hacia la parada del Metro un familiar de la niña pudo haberme estado esperando en una esquina. En estos casos no importa si es cierto o falso”.

En este caso muy preciso se trató de un malentendido que podría hacer sonreír si no obligará a hacer varias observaciones. La primera de ellas se refiere a la importancia para las ONGs de tener equipos de primera, bien compactados, alineados sobre valores comunes y, no menos importante, la obligación de parte de la institución de cuidar el bienestar emocional del cuidador.

Por otro lado, la imperativa necesidad de educación sexual integral y científica según las edades. En esta oportunidad se percibe claramente el deseo de una madre de proteger a su hija en contra de cualquier abuso, sin tener las herramientas para hacerlo.

Conoce el peligro que ronda, pero, como la mayoría de las mujeres, no tuvo acceso a ningún tipo de educación sexual y no puede brindar informaciones adecuadas a sus hijos e hijas.

A las madres a menudo les resulta difícil hablar sobre el abuso sexual porque no saben las palabras que deben emplear aun si han sido ellas mismas víctimas de tales abusos. Sin embargo, los niños están mucho mejor preparados para hacerlo si saben las palabras correctas a utilizar y no tienen miedo de hacerlo.

Frente a los indicadores de adolescentes embarazadas, de enfermedades sexualmente transmisibles en adolescentes, y ante el descalabro de los valores, el argumento de que la educación sexual es la antesala de Sodoma y Gomorra me parece descalificable de entrada.

Debo destacar, finalmente, que el caso devela los altos niveles de inseguridad y el miedo de la ciudadanía. Resulta sumamente penoso que un ciudadano tema que se pueda ejercer cualquier retaliación privada en su contra por cualquier razón, sin la debida intervención de las autoridades, como desgraciadamente sucede con mucha frecuencia cuando dolientes o supuestos dolientes toman la justicia en sus manos por falta de fe en la acción de la justicia institucional.