Desde la Sociología Política la vulneración de la justicia “es una alteración del orden social aceptado”. La ausencia de justicia constituye el elemento principal para perder la estabilidad social de un conglomerado humano. La justicia es la condición sine qua non, el prerrequisito más primordial, de mayor primacía para el cumplimiento de los pactos, para la construcción de los consensos. Sin justicia no hay democracia.

La justicia es el eslabón nodal para la regulación y control, no solo de los demás poderes del Estado, sino de todos los poderes públicos y sociales. La justicia es la expresión máxima del equilibrio; no solo para el justo proceder, que es la quinta esencia de la dinámica de las relaciones, sobre todo del poder; sino porque lo justo, que es el clamor de la justicia, trasciende el espacio de lo legal, que es la asunción de la ley para igualar a los ciudadanos en los territorios.

No siempre lo legal es justo, porque la legalidad está determinada en gran medida con las relaciones de poder y de los pactos que se hayan podido construir en una sociedad determinada. Tiene que ver mucho con la calidad de los actores, tanto en la visión de las futuras generaciones como en el grado de inclusión para toda la sociedad.

La vulnerabilidad de la justicia viene dada por el grado de degradación del Capital Institucional en la sociedad dominicana. Capital Institucional “Es el conjunto de reglas formales con las que se organiza y coordina una sociedad, así como las organizaciones creadas para su cumplimiento y ejecución”. El Capital Institucional está configurado por: la efectividad gubernamental, la calidad regulatoria del Estado, el imperio de la Ley y el control de la corrupción.

Esa vulnerabilidad de la justicia, que es el peor lastre que se puede producir en una sociedad, deriva como consecuencia de su madre: la impunidad. La impunidad es el signo más ominoso de la desigualdad. La impunidad se constituye en una arista formidable del clientelismo, generadora fiel de la exacerbación del individualismo.

La ausencia de una justicia creíble, veraz, productora de confianza, se yergue en la búsqueda de respuestas individuales, más allá de los mecanismos institucionales; creándose mayores espacios para la violencia, sin importar la crueldad. Se produce, pues, una pérdida de confianza en el Estado, en sus instituciones, postrando a los ciudadanos en la frustración, en la inercia, en el conformismo y en la puesta en vigencia del primitivismo que llevamos dentro, donde la racionalidad y razonabilidad desaparecen en el campo de la interacción individual/social. La dinámica de las relaciones queda asumida solamente por las emociones y los sentimientos.

Cuando esto se da y entramos en un determinado grado de conflictividad disfuncional y ante la carencia de los mecanismos de control social formal, flota entonces, lo que estamos viendo: el aumento sistemático de la violencia, independientemente de la pobreza y la desigualdad en sí misma.

Porque no es solo la interacción individual que debemos ver en la categoría de análisis, es pertinente asumir lo que Emilio Durkheim denominaba el Nivel Social de la Realidad. Esto es, más allá de las acciones de las personas, de sus interacciones individuales, debemos de buscar los fenómenos sociales, las instituciones, las formas sociales y los hechos sociales. Vale decir, hay que estudiar esas acciones personales, individuales; empero, imbricándolas con los fenómenos que propician esas conductas desviadas, esa subcultura de la hipocresía, del silencio y la complicidad que se han venido incubando como formas sociales en la dinámica de las relaciones sociales del cuerpo social dominicano.

Ese aumento de la violencia, del comportamiento desviado en todas sus ramificaciones y dimensiones (corrupción, asaltos, atracos, robos, estafas, riñas, sicariato, sentencias amañadas, etc.) se deben a que las instituciones creadas no están funcionando. Por ejemplo: el Índice de Competitividad del Foro Económico Global 2015- 2016 nos evaluó como país con un promedio de 95/140, esto es, de 140 países estamos en el ranking 95, donde mientras más cerca de 140, peor valorado nos encontramos.

Sin embargo, en el Pilar Institucional obtuvimos un promedio de 123.1, una desviación negativa de 28 puntos, más cercano a 140. Veamos los ocho pilares institucionales:

  • Confianza del público en los políticos: 125/140.
  • Favoritismo en las decisiones de puestos gubernamentales: 126/140.
  • Malgasto del fondo público: 116/140.
  • Comportamiento ético de las firmas: 130/140.
  • Confianza en servicios policiales: 137/140.
  • Crimen organizado: 112/140.
  • Manipulación de fondos públicos: 134/140.
  • Independencia del Poder Judicial: 105/140.

En Barómetro de Las Américas, Cultura Política de la democracia dominicana, fue así:

  • Confianza en los partidos políticos: 29.4.
  • Policía Nacional: 35.6
  • Confianza en el Sistema de Justicia: 38.5.
  • Municipalidad: 42.1.
  • Junta Central Electoral: 42.
  • Confianza en el Congreso: 42.8.
  • Fuerzas Armadas: 55.3

Los turbulentos acontecimientos sociales no pueden entenderse de manera objetiva si no comprendemos que tenemos profundas deficiencias institucionales, donde los actores llamados a regular y controlar los desafueros han perdido el norte, ora por ceguera u ora para aprovecharse del desorden social-institucional y sacar más ventajas a través del abuso de poder. Cuando no se cumple con la Justicia, por un tiempo los que tienen más poder político, económico, suelen explotar a su favor, asumiendo actitudes ventajistas, solo por un tiempo. Luego, lo pierden todo.

En un Estado de Derecho el epicentro es el cumplimiento de las reglas. Su falta de aplicación contribuye a fomentar la desigualdad y el individualismo más visceral, resultado de la impunidad y el clientelismo, fuego de la vulnerabilidad de la justicia.