La Reforma al Código Penal, la cual establece la prohibición de la interrupción del embarazo en todas las circunstancias, sin excepciones, e instaura sanciones penales para quienes la ejerzan, así como para quienes hayan facilitado o asistido en el proceso, constituye una violación a los derechos sexuales y reproductivos del género femenino. Asimismo pone en juego la vida, salud, dignidad humana e, integridad psíquica y moral de todas las mujeres dominicanas, incluyendo, niñas y adolecentes.
Cabe destacar que la Declaración sobre la Violencia contra las Mujeres, Niñas y Adolescentes y sus Derechos Sexuales y Reproductivos, recomienda que los Estados deben garantizar la salud sexual y reproductiva de las mujeres y su derecho a la vida, eliminando el aborto inseguro y estableciendo leyes y políticas públicas que permitan la interrupción del embarazo, al menos, en los siguientes caso:
- Cuando la vida o salud de la mujer esté en peligro;
- Cuando exista inviabilidad del feto de sobrevivir; y,
- En los casos de violación sexual, incesto e inseminación forzada.
Además, sugiere que se debe garantizar que las mujeres, niñas y adolescentes tengan acceso inmediato a métodos anticonceptivos económicos. Esto incluyendo la anticoncepción oral de emergencia, eliminando con ello los efectos discriminatorios en las mujeres de denegarles servicios, basados en estereotipos que reducen el rol primario de las mujeres a la maternidad y previenen que tomen decisiones sobre su sexualidad y reproducción.
Por otro lado, el sistema de seguridad social no debe ser un obstáculo para el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos, por lo que debe existir un acceso adecuado y oportuno a los servicios de salud, incluyendo la interrupción del embarazo, en los supuestos antes mencionados. A los fines de disminuir la mortalidad materna y, los riesgos de salud física y mental de la madre, especialmente, en aquellos casos de niñas y adolescentes.
A tales efectos, apostamos que el Poder Legislativo jugará su rol, apegado a la Constitución y, las normas internacionales. A los fines de garantizar los derechos fundamentales de las mujeres dominicanas, incluyendo, a las niñas y adolescentes. Así, como también, aplicando la norma que más nos favorezca.