Los resultados de las elecciones en Bolivia, el pasado 18 del presente mes de octubre, han puesto en evidencia la fortaleza del Movimiento al Socialismo (MAS), sustentado fundamentalmente por una coalición de movimientos sociales, centrales obreras y liderazgos provenientes fundamentalmente de los pueblos originarios, con una capacidad de promover un proyecto país, fundamentado en la inclusión social, el pluralismo cultural y la decisión de construir una sociedad más igualitaria, aun en medio del contexto de las políticas económicas impuestas por el neoliberalismo globalizado.
En la sustentación del MAS se encuentra una articulación de grupos sociales, de etnias tradicionalmente excluidas que, con el gobierno de 14 años del MAS (2005-2019), no solo se han comenzado a visibilizar, sino que han sido capaces de tomar una parte importante del poder político (en el Ejecutivo, en las cámaras y en los gobiernos locales) y ser protagonistas de la implementación de las políticas públicas inclusivas que allí se comenzaron a desarrollar con evidentes resultados.
En Bolivia el gobierno del MAS logró renegociar los contratos con las compañías trasnacionales del área de la minería y la energía, y obtuvo el 82% de los recursos de la industria del gas para ser invertidos en proyectos económicos que aumentara la producción local y que permitiera el desarrollo de políticas sociales, sobre todo en las áreas de salud, educación y seguridad social, promoviendo proyectos de inclusión social.
El producto interno bruto creció 327% durante el gobierno del MAS. Del 2006 al 2017 prácticamente se triplicó el ingreso anual per cápita, de 1120 dólares a 3,130. Pero esa bonanza económica fue distribuida socialmente. Siendo el actual presidente electo, Luis Arce, el ministro de economía, el nivel de pobreza se redujo de 65% que era al inicio del gobierno del MAS y su líder Evo Morales (2005), a 35%, y la pobreza extrema de un 38% a un 17%.
El gobierno del MAS promovió y realizó una reforma constitucional que estableció el Estado Plurinacional de Bolivia, en donde se reconocían a las etnias como grupos con identidad cultural y con la posibilidad real de participar social y políticamente. Esos grupos étnicos han dado sus aportes específicos a los avances en la creación de una democracia participativa, representativa y con base comunitaria en Bolivia, columnas fundamentales de una sociedad inclusiva. La creación de la bandera plurinacional, la wiphala, es el principal símbolo de esa articulación.
A partir de las elecciones del 20 de octubre del 2019 se creó todo un ambiente orientado a desacreditar el proceso eleccionario en el cual, según los datos oficiales del Tribunal Supremo Electoral (TSE), el candidato del Movimiento al Socialismo (MAS), sacó 47.08%, 10 puntos sobre su más cercano competidor, Carlos Mesa del partido Comunidad Ciudadana que sumó el 36,51%.
La acusación del supuesto fraude en el proceso eleccionario por parte de los grupos y partidos de la derecha, y el clima de descrédito promovido por los medios de comunicación social controlados por las élites económicas, contaron con la complicidad de la policía y el ejército. Además, se evidenció que los técnicos de la OEA prepararon un informe sesgado sobre las elecciones. El proceso terminó en un golpe de Estado que obligó al presidente Evo Morales y al vicepresidente Álvaro García Lineras a exilarse en México.
Una articulación de poderes fácticos opositores, con el apoyo de la policía y del ejército, con la supuesta anuencia de la OEA y del Departamento de Estado de Estados Unidos, decidieron instalar una presidenta de facto, la diputada Jeaninne Añez, que no contó con el apoyo reglamentario del Congreso Nacional, mayoritariamente liderado por el MAS.
Ante las manifestaciones populares de rechazo al golpe de Estado el régimen de facto respondió con la represión de las manifestaciones populares y el asesinato de unas 32 personas entre las y los manifestantes. Se inició, además, un proceso de persecución y acoso a las y los dirigentes del MAS en los diversos departamentos.
Las políticas promovidas por el gobierno de facto, en los meses de su gobierno, han sido muy cuestionadas y han intentado revertir algunas de las políticas de inclusión social promovidas por el MAS. La fuerza de la presencia del MAS en el congreso, sin embargo, ha servido de muro de contención ante los desatinos del gobierno de facto.
Los resultados de las elecciones del pasado 18 de octubre han confirmado, una vez más, la fuerza social y el apoyo electoral que tiene el MAS, que confirman y aumentan los datos de las elecciones de octubre del 2019. De hecho, los candidatos del MAS, el economista Luis Arce y David Choquehuanca, han ganado en primera vuelta, con el 55.10 por ciento de los votos, superando a sus más cercanos competidores Carlos Mesa, de Comunidad Ciudadana, que sacó el 28.83% de los votos y Creemos Bolivia, liderado por Luis F. Camacho, con el 14%, respectivamente. En cuanto a las cámaras, el MAS obtuvo 73 diputados (56.15%) y 21 senadores (58.33%).
Es evidente que la victoria contundente del MAS en Bolivia en las pasadas elecciones abre la posibilidad de impulsar una nueva etapa de crecimiento y de mejora de las condiciones de vida de la mayoría popular en ese país, de fortalecimiento democrático y de fortalecer el impulso de políticas sociales incluyentes y la redistribución más equitativa de las riquezas en la sociedad boliviana. Esperamos que este proceso se constituya en un ejemplo a seguir en otros países de América Latina y el Caribe.