El carácter potencialmente explosivo de la crisis venezolana constituye el más delicado de los tantos problemas nacionales y regionales de la política mundial. En torno a esa crisis se expresan las diferencias y apetencias de dos bloques que, hoy con verdadera propiedad, podrían llamarse los ejes del mal: los Estados Unidos de Trump y la Rusia de Putin. Cada uno defiende “su” Venezuela, aquella que les sirva a sus espurios intereses a través de sus agentes nacionales: los que hoy tienen el control del Estado de ese país, y esa franja de reaccionaria de la oposición que lo pretende. A ninguno le interesa la Venezuela que clama libertad, regeneración política y económica y el final del proceso de disolución que lleva a cabo un régimen represivo, corrupto e ineficiente. Es esa la Venezuela que sí debe defenderse, y en la que debería descansar la soberanía nacional.
Trump, como tampoco Putin tienen calidad moral para exigir respecto a la soberanía de algún país, ambos son las más execrables expresiones de la ultraderecha ultranacionalista, racistas y xenófobas; son enemigos de la esencia del significado del concepto de soberanía y la pisotean en todo el mundo. Situarse al lado de cualquiera de ellos constituye un inexcusable desatino, es retornar al reflejo condicionado de tomar posiciones políticas propia de los años de la falaz guerra fría. Es también reducir el actual drama venezolano a un mero escenario de confrontación y auge de la ultraderecha internacional, al margen de un análisis de las causas que en última instancia han provocado la crisis, es asumir que toda la oposición es de derecha y que ese vergonzoso gobierno es de izquierda.
Nadie, en su sano juicio, niega el loable esfuerzo del chavismo en sus primeros años para incorporar millones de venezolanos al disfrute de servicios de los que ancestralmente estuvieron marginados, pero es innegable que en los últimos años ese país va en caída libre hacia el colapso total, motivado por un régimen represivo, corrupto y minoritario que se ha mantenido en el poder desconociendo resultados electorales que les han sido ampliamente desfavorables. Recordemos que, en la Asamblea Constituyente elegida en las elecciones de diciembre del 2015, desconocida por Maduro, la oposición obtuvo 109 escaños contra 55 del gobierno, y que en las provincias de alta concentración de trabajadores fabriles el gobierno obtuvo una votación por debajo del 40% y en Caracas obtuvo un solo diputado de 9 posibles.
De producir más de 4 millones de barriles de petróleo diario hoy apenas produce un millón, de exportador de gasolina a importador, un sostenido deterioro de diversos servicios y de la calidad de vida que ha determinado un éxodo masivo y fuga de capital social, una incapacidad de diversificar la producción ha provocado escasez que se expresa en formas de pobreza; además de ineficiente, el grupo gobernante está acusado de haber recibido más de 90 millones de dólares de soborno de la Odebrecht. Ese grupo no representa la soberanía de Venezuela, la abochorna. La soberanía, de acuerdo a su real significado no es una abstracción, sino la real posibilidad de una comunidad de ejercer el poder sobre su territorio, el gobierno venezolano ha obtenido su mandato con la sola expresión del voto de sus parciales, en unas elecciones de la que se excluyó a más del 60% de la población.
Defender ese gobierno no es defender la soberanía de Venezuela, es defender a un grupo que realmente la ha usurpado. Sin embargo, ninguna salida que implique la presencia determinante del trumpismo y de las fuerzas de la caverna que encarna el bolsonarismo brasileño puede significar una recuperación de la soberanía de ese país, sería una cura peor que la enfermedad. En ese sentido, la salida a la crisis debe encontrarse en un acuerdo entre las fuerzas políticas del referido país, entre todas sus partes y de las que también son parte las que actualmente detentan el poder, independientemente de la naturaleza de ese poder; hay que reconocer que una parte significativa del pueblo venezolano se identifica con ese poder. El chavismo y su significado para esa gente no puede borrarse. Tampoco de la historia de ese país.
Pero el gobierno de Maduro, por ser ilegal e ilegítimo debe ser desalojado, debe ser obligado a resignar un poder obtenido mediante el desconocimiento de la voluntad mayoritaria del pueblo. De forma simplista algunos dicen que eso significaría un golpe de estado, sin embargo, no puede llamarse golpe de estado a una acción tendente a obligar a que abandone el poder a un grupo represivo, rapaz y corrupto que, situado al margen de la ley que el mismo se dio, ha llevado a la ruina política, económica y moral de un país. Obligar a que el madurismo salga del poder constituye la única vía para que el pueblo venezolano asuma su real ejercicio de soberanía, a través de un gobierno que respete las libertades y que impida el acentuado proceso de disolución de la sociedad venezolana y además para evitar una guerra que, como en todas las guerras, los muertos los ponga el pueblo simple.