Desde mediado de la semana pasada, importantes grupos empresariales y sectores influyentes del país vienen expresando sus preocupaciones sobre la presente crisis postelectoral y su negativo impacto en la economía.
Tienen razón nuestros empresarios: orden y tranquilidad son condiciones imprescindibles para el comercio, el turismo y la producción industrial; pero, asimismo, esa tranquilidad tiene sus propias precondiciones: ley y justicia.
El tema fue resumido de manera simple, pero magistral, hace casi un siglo y medio por Don Benito Juárez: "Entre los individuos, como entre las Naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz".
El origen de esta tormenta post electoral reside en que funcionarios de las juntas electorales municipales, que son a su vez miembros y dirigentes del PLD, en alianza con los candidatos a cargos municipales y congresuales del mismo partido, han acomodado actas y escamoteado boletas y valijas dondequiera que la diferencia con los candidatos de la oposición les es adversa y de reducido margen.
En este propósito hay una coincidencia entre los motivos e intereses individuales de los candidatos locales del PLD y la estrategia nacional de Danilo Medina para lograr “! mi congreso !”.
Ahora bien, ¿por qué ha estallado con tan fuerte y similar ira esta oleada de protestas en decenas de municipios del país?, simplemente porque los candidatos locales de la oposición tienen copias de actas electrónicas y manuales donde han comprobado unos números tan disparatados y fraudulentos que los impulsan a la rebelión. Pero también porque esos aspirantes vieron directamente, impotentes, el día de las elecciones, las brigadas con mochilas de papeletas en compra sistemática de cedulas y la entrega masiva de dinero a pobre gente capaz de venderlo todo por una papeleta de 500 pesos. Todo ocurría a la luz del día y delante de las autoridades militares y policiales, con absoluta impunidad. Más aun, estos hechos son también relatados en crónicas y editoriales de algunos medios como cosas normales, pequeñas e intrascendentes. Ese radical desbalance entre lo sufrido en piel viva por los candidatos de la oposición en cada pueblo y la predica falso pacifista de algunos observadores empolvados, contribuyen también a estos estallidos populares frente a locales de una autoridad electoral que se siente “apoyada”, pero cuya credibilidad general se ha ido irremisiblemente a pique por alcantarillas marginales.
La rebelión municipal parecería ser – lamentablemente – la única opción dejada a gran parte de ciudadanos que no confía un ápice en la Junta, el Tribunal Electoral ni en el resto de las altas cortes.
Naturalmente, en muchos lugares la oposición se impuso sobre las zancadillas y los candidatos del Gobierno no impugnaron simplemente porque quienes tenían absoluto control de las juntas, los militares, los policías y el dinero eran ellos, no la oposición.
El resumen, promover las vías pacíficas y la paz social debería ser la divisa de cada ciudadano sensato, pero podría sonar a cliché en un orden político caracterizado por la impunidad. En estos momentos la única manera para volver a los cauces de concordia es con el conteo físico, manual, uno a uno y frente a todos de los votos emitidos por los ciudadanos.