¿Qué manifestación mesiánica tan portentosa se encarnó en Danilo Medina para habilitarlo más allá de su mandato? ¿Cuál milagro de redención social ha hecho imperativa su reelección? ¿Qué razón tan trascendente puede justificar este estacazo a la constitucionalidad? Busco un resquicio de racionalidad en esta aventura y todavía no doy con un hallazgo certero.
Hace apenas cinco años nos dimos una Constitución que en teoría supuso un cambio arquetípico en nuestra institucionalidad. De ella penden todavía leyes no aprobadas que buscan adecuarnos a su nuevo ordenamiento y ya los oportunismos electorales nos sitúan en el umbral de otra reforma tan indecorosa como la causa que la motiva: la popularidad del gobernante.
Este desvarío revela la distancia entre la institucionalidad formal y la dinámica operante en la estructura de poder. En medio de esos ejes se mueve una concepción populista primitiva, repentista y maleable que se enreda emotivamente en la contingencia de los hechos sin visión para ver más allá de su sombra.
Hay cosas que se pueden explicar aunque no se justifiquen. Esta temeridad ni se explica ni se justifica. No se explica en el terreno de la racionalidad sustantiva ni en la fáctica. En la primera, porque la Constitución, por su valor, jerarquía y permanencia no puede sujetarse, como ordenamiento normativo superior y orgánico, a las veleidades coyunturales de la movilidad política y porque ella (la Constitución) establece un modelo de alternabilidad que debe ser observado; en la segunda, porque la fuerza política del Presidente no cuenta con la voluntad congresual decisoria para lograr una modificación sin tener que apelar a prácticas corruptas. Eso convierte a la reforma en un emprendimiento ilegítimo en su origen, ejecución y fines.
Pero tampoco es una reforma que se justifica. Como simple ejemplo veamos: La demanda más acuciante de la sociedad dominicana de hoy es la prevención y el castigo a la corrupción pública; en ese sentido: ¿Qué gran revolución moral ha acometido el presidente Medina para merecer este “Soberano”? ¿Cuántos funcionarios residen en las cárceles dominicanas como presos preventivos o condenados a pesar de la corrupción que nos asfixia? ¿Cuál ha sido el nuevo modelo de gestión ética del Gobierno? En su discurso de instalación como presidente, Medina proclamó que bastaría el rumor público para iniciar una investigación; sin embargo, además de validar la impunidad del pasado, no ha movido un dedo para actuar en los escándalos de corrupción de su administración, al contrario, algunos de los funcionarios sindicados por el rumor público son candidatos a cargos electivos. En el mismo expediente de Félix Bautista, cuya suerte nos abochorna, se excluyeron tanto a contratistas del Estado vinculados afectivamente a intereses del Gobierno y del partido como a actuales funcionarios. Peor aun, ¿sobre cuáles bases se obtendrán los votos necesarios para pasar la reforma constitucional? ¿Con teorías políticas o pactos de buena voluntad? No somos suecos, menos tarados.
¿Puede legitimar una reforma constitucional la presunta popularidad de un gobierno? Pensarlo aterra, sin embargo este es el único argumento que pretende justificarla. ¿Estamos concientes de este desatino? Si abandonamos los eufemismos, eso significa que a partir de este precedente cualquier gobernante puede, por la fuerza de la coacción o de la seducción, deshacerse de los límites constitucionales a su ejercicio; caemos así en el terreno de la tiranía. Las percepciones son movedizas, casuísticas y frágiles. No construyen una voluntad permanente, conciente ni resolutoria. Pero además son comportamientos sociales episódicos y sensiblemente manipulables. En el caso del presidente Medina, su buena aprobación tolera muchas lecturas que pueden desnudar su quebradiza consistencia y una de ellas ha sido la eterna amenaza de la candidatura de Leonel Fernández. Me explico: Danilo Medina, conciente de que la vida política de Fernández no tiene fecha de vencimiento, gobernó bajo esa premisa y con un estilo contrario al de Leonel para marcar la necesaria distancia en las percepciones. Así, sin adversarlo con las palabras lo ha hecho con las actuaciones. Esa sola circunstancia movió a su favor el odio social que provoca Fernández. De modo que una buena parte de la simpatía del Presidente es “prestada” por el rechazo a Leonel y no por la inspiración en la obra per se de su gobierno. Es seguro que si el expresidente Fernández hubiera anunciado su intención de no aspirar más el 16 de agosto de 2012, la puntuación del presidente Medina pudiera estar igual o por debajo de la del propio Fernández para este tiempo de su mandato. Si aceptamos como válido este razonamiento tenemos que convenir en que la popularidad del Presidente, como único motivo de la reforma, pierde sentido y relevancia porque más que una aprobación a una gestión, es el rechazo o temor a otra. Entonces, al amparo de un simple silogismo, podemos afirmar que la intención subyacente de la reforma más que a favor de Danilo es en contra de Leonel. ¿Qué legitima entonces la causa de la reforma? Nada trascendentemente perentorio.
Todo el que ha leído mis trabajos sabe de mi desafección por el leonelismo, sin embargo opino que al expresidente Fernández hay que derrotarlo en las urnas. Las contradicciones de poder no deben afectar nuestra institucionalidad. El Estado, como ente, no puede prestar sus bases normativas ni orgánicas para estrategias políticas que no sean de inequívoco interés público. Los partidos pueden hacer lo lícitamente razonable, dentro de la dinámica democrática, para asegurar sus posicionamientos, pero jamás usar el poder para debilitar la institucionalidad. Esta iniciativa es una bofetada. Pero parece que ese es el camino más fácil en un momento en que el populismo evidencia sus episodios más febriles de delirio a la sombra de un partidismo unipolar que ha hecho de sus órganos instituciones más fuertes y soberanas que las del propio Estado. El costo social, político y ético de esta locura es indemnizable. ¿Dónde está la oposición? ¿Existe?…