En general, quienes entendían imprescindible ponerle fin a los casis ininterrumpidos gobiernos del PLD, tienen alta valoración de las acciones de la Procuraduría General de la República contra algunas estructuras mafiosas claves, que sirvieron de fuentes da acumulación originaria de capital a clanes, algunos familiares, y a dirigentes de ese partido. Por la imbricación de esas mafias en las estructuras del Partido/estado, la naturaleza militar/policial y a la cercanía con el anterior jefe del Estado, las acciones de la PRG impactan directamente en el sistema político y, en esencia, condicionan el presente y futuro del actual gobierno. Por consiguiente, el camino escogido por las máximas autoridades del principal brazo de la Justicia no tiene retorno.
Abona ese aserto, el hecho de que es muy probable que el altamente positivo balance que hace la población del desempeño del gobierno y del Ejecutivo en sus primeros 10 meses, según mediciones, estaría determinado por la alta valoración que esta tiene de las acciones de la PGR. Por tanto, el desmantelamiento de las estructuras mafiosas que constituían los pilares en que descansaba el pasado régimen, constituye la base fundamental en que descansa el discurrir, la aceptación y futuro del presente gobierno y su posibilidad de materializar parte esencial de la demanda de cambio. Lo estaría indicando la encuesta CEC-Acento, que arroja el dato de la alta aceptación del gobierno en sectores medio, medio/alto y alto.
Centenares de expedientes en proceso de instrumentación, en los que hay connotados dirigentes del PLD y/o cercanos/beneficiarios de sus gobiernos, sitúan a esa colectividad política en situación en que sus principales figuras mantienen un bajo perfil, porque sobre sus cabezas pende la espada la Justicia, lo cual, prácticamente, los inhabilita para hacer política públicamente. Estos son indicadores de que estamos ante una inédita situación de nunca jamás: por lo menos a breve plazo, resultan inviables gobiernos sustentados en estructuras delincuenciales con los niveles alcanzados en la anterior administración. A las acciones del poder Legislativo, se suman las recientes medidas del Ejecutivo que limitan gastos y privilegiados/abusos de algunos funcionarios de alto nivel.
Son, signos inequívocos de que no era descaminada la posición de quienes sosteníamos la necesidad de desbancar al PLD del poder como condición indispensable para avanzar en la lucha por un cambio en esta sociedad. Pero, como se dice en argot deportivo cuando en una serie final no se ha ganado el último juego, no se ha ganado nada todavía. Apenas comenzamos el camino, siendo imprescindible insistir en que los cambios en curso en el plano de la Justicia, sean acompañados con cambios sustanciales en las esferas de lo social y de lo político. Insistir en quitarle las garrapatas al buey: los poderes fácticos y sus privilegios, que se auto perciben como un Estado dentro del Estado, oponiéndose a cualquier reforma/avance que no refleje sus intereses.
Ese poder, quiere establecer cuándo y hasta cuánto es o “no es razonable un aumento salarial” a unos trabajadores que, como los nuestros, son de los peor pagados en la región. Falta prácticamente todo para terminar la cultura política de la borrachera del poder, del clientelismo e irracionalidad al establecer prioridades en todas las esferas de la administración pública; poderes locales incluidos. De ahí la importancia de potenciar lo alcanzado en la esfera judicial, haciendo de este un camino sin retorno, el cual este gobierno está obligado a recorrer para poder sostener los niveles de aceptación que ha alcanzado; de lo contrario, podría creársele una situación inmanejable una vez pasada la situación de pandemia que mantiene la gente alejada del escenario básico de la política: las calles, para para exigir el cambio por el cual luchó.
En la lucha por cambiar este país, la piedra angular debe situarse en la ampliación y profundización de medidas tendentes a eliminar la impunidad y los privilegios, no sólo de los políticos, sino, sobre todo, los privilegios de unos poderes económicos, eclesiales y un sector político de origen trujillista que han lastrado esta sociedad y que la mantienen en primera fila entre los países de menores derechos de la mujer y de la clase trabajadora. Unos poderes que se oponen a derechos de primera y segunda generación, fundamentales en la sociedad moderna. Con esos sectores, ocupando áreas básicas del poder, cualquier cambio estaría condenado a ser significativamente limitado, otra decepción. Una tragedia.
En tal sentido, los sectores que desde el partido de gobierno y sus aliados desean sinceramente que haya cambio, están obligados a reflexionar sobre estas cuestiones, además de salir de sus áreas de confort para ser consecuentes con las posiciones que externaban antes de ser poder. Al igual que muchos de quienes desde fuera entienden que a esta sociedad hay que extirparle sus peores lastres en las esferas de lo social, de lo político y lo económico.