La descomposición del entramado institucional del Estado dominicano por los actos de corrupción es de unas proporciones alarmantes. Ello ha llevado a un grupo de personas a pedir la renuncia del presidente Danilo Medina.
Representantes del Ejecutivo han abordado la petición de renuncia con un lenguaje determinista y manipulador que pretende intimidar a la población con la idea de que la misma constituye una abominación, a cuyos proponentes "vendrán unas maldiciones tan grandes" que les afectarán a ellos y a sus descendientes, según la retórica premonitoria del presidente de la Junta Central Electoral Julio Cesar Castaños Espaillat.
Como plantea Manuel Castells en Comunicación y poder (2009), "el poder funciona actuando sobre la mente a través de los mensajes" (p. 27) para lo cual, "la capacidad para emplear con éxito la violencia o la intimidación requiere del enmarcado individual y colectivo de las mentes" (p. 535).
La intimidación del presidente de la JCE pretende calar en las mentes de la sociedad porque, como representante del poder hegemónico controlado por el PLD, él cree conocer el enmarcado individual y colectivo de las mentes de la sociedad dominicana, a tal punto, que en su discurso redentor, manifiesta su poder para predecir un futuro funesto para los que se oponen y rechazan el actual entramado político e institucional.
Sin embargo, el actual estado de situación muestra que la resistencia y el rechazo de gran parte de la sociedad al poder hegemónico del PLD y sus aliados plantean la tendencia hacia un cambio de las estructuras políticas mal que les pese a sus burócratas.
La movilización social de la Marcha Verde contra la corrupción y la impunidad se acrecienta y una parte importante de las personas dominicanas en el país y en la diáspora demandan el sometimiento judicial del presidente Medina y los ex presidentes Leonel Fernández e Hipólito Mejía por las prácticas corruptas de sus gobiernos que alcanzan su cenit en los sobornos de Odebrecht.
De demostrarse el pago de sobornos en las elecciones del 2016, dicha incriminación conllevaría no sólo la destitución del presidente Medina, sino de todos los representantes políticos involucrados en los actos de corrupción.