Cuando en una sociedad el partido de gobierno se constituye en juez y parte, cuando los márgenes de independencia de los poderes del Estado son prácticamente inexistentes, cuando un importante sector de la prensa está al servicio del gobierno o condicionada por este; cuando un grupo en el poder se consolida y se reproduce sobre la base del soborno a sectores productivos y de la sociedad civil, cuando un país deviene uno de los ocho países más corruptos de mundo, y cuando ante el reclamo de selección de figuras independientes y honestas para integrar  los poderes judiciales y electorales los principales dirigentes responden con el insulto y la descalificación, se está ante un gobierno de fuerza que no puede ser enfrentado con tibieza ni dispersión en las filas opositoras.

En un país como el nuestro, donde la apuesta al olvido, al desconocimiento del origen de las cosas, de las ofensas, las afrentas y hasta de los debates, es necesario recordar la manera dolosa y hasta delictiva en que este gobierno y la generalidad de sus legisladores se reeligieron. Es necesario tener presente el espurio origen de este gobierno, de su vocación continuista y de su inveterada tenencia hacia el desprecio de los derechos de las minorías y la disidencia, que lo lleva a simplificar y distorsionar la esencia de los reclamos de las minorías. En ese sentido, no se puede esperar de este gobierno ni de su partido ninguna voluntad de escuchar ni mucho menos la firma de acuerdos que limiten su vocación absolutista.

Cuando diversos sectores sociales y políticos reclaman jueces independientes para integrar las llamadas Altas Cortes y la JCE, no están reclamando que estas sean seleccionadas al margen de los procedimientos formalmente establecidos, simplemente están reclamando que, a diferencia del pasado, al momento de seleccionar las figuras que integrarían esas instituciones, por sus trayectorias, gocen de la confianza de la población y sobre todo de la oposición, como ocurre en la generalidad de países democráticos. Es esa la regla de oro de la democracia: jueces no sujetos a la presión ni a los dictados del poder de turno.

En cualquier país, donde sus dirigentes tengan sentido de responsabilidad crearían un espacio para que el reclamo de la oposición sea escuchado; eso le corresponde a la principal figura del gobierno y de su partido. Pero eso no es su estilo, dialogar y pactar con el adversario no forma parte de la cultura peledeísta, la cual se ha caracterizado por el aplastamiento del contrario, aunque sea del propio partido, y por la tendencia hacia una generalizada compra de conciencia que ha corrompido esta sociedad hasta la náusea, sumergiéndola en una profunda desconfianza de la gente hacia  las instituciones del Estado, y a la desmovilización de importantes franjas de los sectores populares, de la sociedad civil y del estudiantado.

La apuesta de los estrategas del gobierno para mantener su dominio es acentuar esa desmovilización para limitar el margen de maniobra de la oposición. No les importa que eso implica unos costes sociales y políticos que lastran irremediablemente esta sociedad. Cierto es que, en cualquier país es de absoluta responsabilidad de la oposición cumplir su rol de contrapoder, de desarrollar sus propias fuerzas para asumir ese rol, pero las trampas, los abusos que desde el poder que se ha hecho contra ella han limitado enormemente el cumplimiento de ese rol. Esa circunstancia, junto a sus muchos errores, han sido en gran medida, las principales razones para que el poder centralizador del peledeismo siga sumiendo a amplios sectores de la población en el descreimiento y la desmovilización.

Esa circunstancia preocupa a diversos sectores de la oposición política y de la sociedad civil y a importantes sectores de la comunidad internacional, sin que hasta el momento ningún sector del partido de gobierno haya expresado preocupación alguna sobre esos problemas. Aparece una que otra declaración de uno que otro dirigente peledeísta, pero lo que predomina en esa colectividad es la vocación avasallante contra la disidencia. En tal sentido, la oposición no puede esperar que sus reclamos serán asumidos por ese partido, sino que está obligada a enseñar sus dientes e imponer sus reclamos sin escatimar medios.