Las negociaciones en procura de un alza digna del salario mínimo no aguantan más dilaciones, más ahora que los jueces del Tribunal Constitucional se aumentaron los suyos. Se trata de la preservación misma de la paz laboral. No podemos pretender que esta continúe existiendo cuando el salario del sesenta por ciento de los trabajadores en el sector privado, se encuentra dentro de ese rango.
El crecimiento de la economía dominicana no ha significado cambios fundamentales en las condiciones de vida de la generalidad de la población, si bien es necesario y justo admitir que vivimos a gracias a ello en un país distinto al de cinco décadas atrás y es innegable el avance que ello ha implicado en el ámbito social. Pero también es cierto que la concentración de recursos propio de nuestro muy peculiar estilo de crecimiento, ha profundizado los índices de marginalidad y el ejército de pobres hoy en día es mayor, tal vez no en términos reales pero sí en función de la riqueza nacional, muy mal distribuida. Los bajos salarios no ayudan, además, a la economía nacional, porque de la capacidad adquisitiva de la población depende en gran medida el ritmo de la actividad económica.
Es cierto que la prioridad en estos momentos de crisis es la preservación del empleo y que un aumento general de salario equivaldría a condenar virtualmente al cierre a una enorme cantidad de empresas que apenas sobreviven debido a los efectos de la crisis global. Sin embargo, no podemos como sociedad sustentada en valores democráticos basar nuestra economía en una estructura salarial básica que apenas alcanza para satisfacer un mínimo de las necesidades materiales de la familia. Hablamos de solidaridad. Un acuerdo salarial sin mayores dilaciones sería un buen comienzo para trabajadores y empleadores. Cabe esperar pues que el buen sentido se imponga cuando las partes regresen a la mesa de negociación, si finalmente lo hacen.