La oposición es reiterativa en decir que el partido político que controla la actual administración del estado dominicano ha establecido una forma de dominación política/ideológica esencialmente centralizadora, desconocedora de los derechos de las minorías y de clara vocación continuista, casi dictatorial. Sin embargo, persiste en su indefinición e inconsecuencia de no definir una estrategia de lucha política que se corresponda con esa caracterización. Por eso, las acciones unitarias que hasta el momento ha hecho han sido de limitado impacto, al tiempo de que al interior de algunos de esos partidos se perciben signos que indican la inexistencia de unidad y las tentaciones de seguir jugando con cartas viejas.
Durante el proceso de elección de una nueva Junta Central Electoral, la oposición tuvo una táctica esencialmente indefinida, dubitativa. Su reclamo de que esa junta estuviese integrada por personas absolutamente apartidistas simplemente fracasó. El gobierno, vale decir el Presidente, ha impuesto una JCE que por la forma del procediendo para escogerla y por la trayectoria y talante de las personas escogidas permite afirmar que, en esencia el PLD impuso una JCE de la cual no espera que asumiría posiciones que pongan en juego cuestiones que para ese partido y el grupo conservador aglutinado a su alrededor les resultan vitales. La oposición se consuela por el hecho de que el gobierno y su partido no impusieron a Roberto Rosario, pero en realidad la real intención de aquellos era escoger una JCE con las características de la finalmente escogida.
Algunos dicen que la JCE recién elegida es mejor que la otra. Sin embargo, en política lo más importante no es la forma o el contenido de una acción, a veces lo más importante es el proceso, no sus resultados y en este caso, además de que se desoyó una generalizada demanda de que, sin violentar aspectos legales, se observasen determinados requisitos administrativos, de consulta ciudadana y una independencia de la totalidad de quienes la integrarían. Pero no, todos los suplentes de la nueva JCE son del partido de gobierno e Independientemente de los atributos personales que algunos titulares no objetados tienen, en cuestiones esenciales sus posiciones políticas coinciden con ese partido. En definitiva, es su junta, es otro ejemplo de la manera en que ese partido concibe el ejercicio del poder.
El tema es ya leche derramada, ahora lo más importante es insistir en la necesidad de que se entienda que toda táctica política debe corresponderse con la caracterización que se tenga del adversario. Ningún régimen de fuerza, entendiendo por fuerza no solamente el ejercicio de violencia física, puede ser obligado a tomar una determinada posición u opción, si quienes constituyen la oposición no exhiben o recurren a un determinado nivel de demostración de fuerza. Si se entiende que estamos ante un gobierno con los niveles de intolerancia y gusto por la imposición que caracterizan a los gobiernos de fuerza, cualquier estrategia centrada en producir un dialogo con ese gobierno, sin que se tenga un mínimo de fuerza está condenada al fracaso.
La historia política está llena de ejemplo de gobiernos de fuerza que han sido obligados a negociar cuestiones claves para la oposición, incluso hasta negociar la transición hacia otro régimen político, pero eso nunca ha ocurrido sin que la oposición haya recurrido a la fuerza o incluso, a veces, a la violencia física. Ningún poder negocia nada si no lo obligan; y eso no se logra en salones de reuniones ni mucho menos en actos litúrgicos religiosos, específicamente en misas. La oposición ha asumido esa nefasta suerte de sentido común impuesto en la época de la guerra fría, de que la acción de protestas en las calles es dañina para la democracia, sin darse cuenta que en la historia de la lucha política y del cambio social, la calle ha sido el escenario fundamental para el desarrollo de la democracia.
En otro orden, la oposición debe estar consciente de que a corto o mediano plazo deberá definir una propuesta y una estrategia de lucha unitaria donde quede claro alrededor de quien o quienes se impulsará. Esa definición es crucial para no repetir las experiencias pasadas, es una cuestión delicada, de difícil solución dada la fortaleza de la cultura sectaria de la generalidad de los grupos del país, pero de imprescindible solución. Se requiere tiempo para solucionarla, pero sin que esa dilación corroa toda posibilidad de saldar la imprescindible unidad opositora. La otra cuestión, y en correlación con lo anterior, cada organización opositara debe erradicar en su interior las tentaciones de quienes persisten en seguir jugando con las viejas cartas, de mantener la indefinición sobre cómo y quién deberá ser el interlocutor con las otras fuerzas y con la sociedad en ese proceso unitario.
Sin la definición sobre esos temas y con la persistencia de las referidas tentaciones, difícilmente podremos evitar que el PLD sea poder hasta el bicentenario de Nación, y más allá, como se ufanan de decir algunos.